Contraloría detectó posible ‘hueco’ de $15.983 millones en EDU paisas
De 31 entidades del departamento, por lo menos 18 tienen problemas fiscales o de creación.
Cuando uno recorre los rincones de Antioquia encuentra una situación muy peculiar: hogares con carencias pero en los que no puede faltar el televisor de 70 pulgadas o el equipo de sonido último modelo. Eso es lo que halló la Contraloría General de Antioquia y que encendió las alarmas de la entidad tras culminar una Actuación Especial de Fiscalización AEF sobre 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
El organismo concluyó que buena parte de estas entidades presenta graves problemas de sostenibilidad financiera, deficiencias en su creación y serias irregularidades en el manejo de recursos públicos, situación que derivó en un presunto detrimento patrimonial por $15.983 millones.
En el papel, las EDU y las EICE sirven como “ejecutoras” para materializar las obras de los planes de desarrollo, gestionar temas de infraestructura, servicios públicos y renovación urbana; agilizando procesos de contratación que serían más lentos si se hacen desde la administración central.
Para sostenerse financieramente, en teoría deben generar ingresos propios mediante la venta de servicios técnicos, plusvalía de proyectos inmobiliarios, transferencias presupuestales directas o inversión del municipio “socio”, y el cobro de comisiones por gerencia de proyectos públicos sea en el municipio o en otros.
¿Qué encontraron?
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, explicó en diálogo con EL COLOMBIANO, que la actuación especial se enfocó en todas las EDU de Antioquia y aseguró que los resultados confirmaron las preocupaciones que motivaron la auditoría.
“Primero, encontramos que 10 de ellas estuvieron mal constituidas. Y 13 de estas entidades presentaron hallazgos de carácter fiscal”, afirmó.
El hallazgo más delicado corresponde a la constitución de 10 EDU, las cuales, según la Contraloría, no acreditaron estudios de viabilidad técnica, financiera, presupuestal y fiscal exigidos por la Ley 489 de 1998. Para el organismo, la ausencia de estos estudios compromete su legalidad y pone en riesgo el manejo que hagan de los recursos públicos.
Las entidades señaladas son Eduna, de Santa Rosa de Osos; Idear, de Remedios; Ederem, de Buriticá; Eduoccidente, de Sopetrán; Empresa Autónoma de El Peñol; Edurhaba, de Chigorodó; Edunsara, de San Rafael; Edurm, de Murindó; Empresa de Desarrollo Urbano y Territorial, de Mutatá; y Edurha, de Necoclí.
“Sobre estas 10 empresas, vamos a acudir ante jueces administrativos y pedirles que saquen de la vida jurídica a estas EDU toda vez que incumplieron un requisito legal para existir”, anunció Herrera.
13 con posible detrimento
La auditoría identificó 13 de estas entidades con presuntos hallazgos fiscales que suman casi $16.000 millones. El mayor monto corresponde a la de Dabeiba, por $6.980 millones; seguida por Eduoccidente de Sopetrán, por $2.827 millones; y Eduna de Santa Rosa de Osos, por $1.641 millones.
Además, Eduan de Andes, $1.062 millones; Emtsi de Ituango por $891 millones; Edenorte de Yarumal por $684 millones; Edurhaba de Chigorodó por $678 millones; Edurha de Necoclí por $605 millones; Edurha de Donmatías por $583 millones; y Edesan de San Carlos por $27 millones.
La Contraloría determinó que el principal origen de estos hallazgos fue el no traslado oportuno de recursos –correspondientes sobre todo a estampillas y otras transferencias legales del dinero que reciben estas EDU por su actividad económica–; impuestos que debían ser pagados pero que permanecieron en las cuentas de las entidades.
“La ley determina que las entidades que retengan esos recursos y no los trasladen de manera oportuna cometen un delito”, explicó el contralor.
Otros hallazgos
Aunque no registraron detrimento patrimonial cuantificado, otras entidades fueron objeto de hallazgos administrativos y disciplinarios. En Giraldo, Giroccidente-SAS no llevaba libros de estados financieros conforme a la normatividad. En Murindó, Edurm presentó un hallazgo disciplinario por no incorporar cuentas por pagar de la vigencia 2024 en la resolución correspondiente.
Eduantioquia, de Santa Fe de Antioquia, fue cuestionada por la Contraloría por registrar obligaciones por pagar que no fueron reconocidas dentro de la vigencia fiscal correspondiente.
Otras empresas presentaron desequilibrios presupuestales, problemas de liquidez, altos niveles de endeudamiento, deficiencias en la calidad de la información financiera y fallas en la gestión de cartera.
“Auditoría nos dio la razón”
El Contralor Herrera Toro comentó que el informe demuestra que muchas de estas empresas fueron creadas sin considerar la realidad financiera de los municipios más pequeños del departamento.
“Los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría viven prácticamente al debe. Tienen a duras penas para pagar su propia nómina y no tienen recursos suficientes para obras importantes. Creo que la creación de estas EDU es más un perjuicio que un beneficio para los municipios”, dijo.
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Herrera recordó que, si bien las EDU fueron concebidas para agilizar los procesos de contratación mediante un régimen de derecho privado, esa ventaja no justifica su creación en municipios con limitaciones presupuestales.
“Si querían tener agilidad contractual, hay varios mecanismos en el modelo jurídico colombiano. No tenía sentido crear unas empresas que eran innecesarias”, expresó.
El funcionario explicó que lejos de aliviar la gestión administrativa, varias EDU terminaron enredándola más toda vez que la consolidación de estas requiere varios cargos como gerentes, subgerentes, jurídicos, financieros y funcionarios de control interno que, además, valen plata.
“Cuando hicimos el ejercicio encontramos que lo que generaban por concepto de las comisiones ni siquiera alcanzaba para pagar su propia nómina”, sostuvo. Más de $7.373 millones fueron recuperados
Pese al panorama encontrado, la auditoría dejó un resultado positivo. Gracias a la intervención de los equipos auditores, 15 entidades normalizaron el pago de obligaciones pendientes. Esto permitió recuperar para las finanzas públicas $7.373 millones.
A juicio del contralor, los resultados del proceso de fiscalización obligan a hacer un llamado directo a los mandatarios locales para evitar la creación de nuevas entidades de este tipo.
Según explicó, muchas de las irregularidades podrían obedecer más al desconocimiento y a la complejidad administrativa que implica manejar este tipo de empresas que a actuaciones dolosas.
“No creo que sea un tema de mala fe. El manejo administrativo de una empresa de estas es delicado y se puede incurrir en errores. Les sugeriría respetuosamente a los alcaldes de cuarta, quinta y sexta categoría que eviten montar una empresa de estas”, señaló.
El contralor detalló que las entidades que registraron presunto detrimento patrimonial no solo enfrentarán procesos de responsabilidad fiscal dentro de la Contraloría, sino que además en Procuraduría y en la Fiscalía, a raíz de la compulsa de copias de los hallazgos.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuántas entidades fueron revisadas?
- La Contraloría realizó la actuación especial sobre 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría de Antioquia.
- ¿Qué son las EDU y para qué sirven?
- Son empresas creadas por los municipios para ejecutar proyectos relacionados con infraestructura, renovación urbana, servicios públicos y otros componentes de los planes de desarrollo. Su régimen permite agilizar algunos procesos de contratación y ejecución de obras.
- ¿Cuántas EDU habrían sido creadas irregularmente?
- La Contraloría señaló que 10 empresas no acreditaron los estudios de viabilidad técnica, financiera, presupuestal y fiscal que exige la Ley 489 de 1998 para su creación.