Dentro de las entidades con mayor apropiación proyectada para 2027 se encuentran:
-Ministerio de Educación Nacional: $79,03 billones.
-Ministerio de Salud y Protección Social: $77,20 billones.
-Ministerio del Trabajo: $52,31 billones.
Frente a 2026, el Ministerio de Defensa Nacional registra el mayor incremento entre las entidades de mayor presupuesto, con un aumento de 16,8 %, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendría una reducción de 3,6 % y la Rama Judicial de 0,6 %.
En contraste, el proyecto contempla reducciones significativas para varias entidades. Los principales recortes corresponden a:
-Fondo Adaptación: disminución de 89,1 %, al pasar de $548.673 millones en 2026 a $60.030 millones en 2027.
-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): reducción de 88,5 %, al pasar de $7,05 billones a $812.544 millones.
-Ministerio de Igualdad y Equidad, actualmente en liquidación: reducción de 62,4 %.
-Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda): disminución de 58,8 %.
-Agencia Nacional de Hidrocarburos: reducción de 50,6 % frente al presupuesto de 2026.
Para la Contraloría, este escenario podría aumentar la “dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y la suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado”.
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El organismo también advirtió riesgos sobre el Sistema General de Regalías debido a un recaudo inferior al previsto, bloqueo de apropiaciones y reducción de la capacidad de inversión en los territorios. Según la entidad, esta situación podría afectar a 1.030 municipios, los 32 departamentos y entidades del orden nacional, comprometiendo la ejecución de proyectos, obras y servicios durante el segundo semestre.
La Contraloría explicó que los ingresos del sistema dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, por lo que una reducción en esos recursos puede generar insuficiencia de caja en entidades territoriales y poner en riesgo el pago de contratistas, la ejecución de obras y la prestación de servicios.
Además, el organismo alertó sobre el impacto que esta situación tendría en su propia capacidad de vigilancia de los recursos públicos. En ese sentido señaló que “la mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos”. También advirtió que “Una supervisión más tardía incrementa el riesgo de daño al patrimonio público”.
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En el balance de gestión sobre regalías correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, la Contraloría informó los siguientes resultados:
-Abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones y 677 indagaciones preliminares.
-Emitió 881 decisiones de fondo, entre ellas 293 imputaciones de responsabilidad fiscal y 154 fallos con responsabilidad fiscal por más de $273.838 millones.
-Recuperó $85.000 millones en recursos de regalías y más de $5.000 millones en resarcimientos.
-Auditó 2.028 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y atendió 4.791 solicitudes ciudadanas.
-Identificó 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones.
-Trasladó 2.140 hallazgos a la Procuraduría General por presunta incidencia disciplinaria y 423 a la Fiscalía General de la Nación.
La Contraloría concluyó que la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá orientarse a cerrar la brecha de financiación mediante bases fiscales sólidas, con el propósito de garantizar un presupuesto financiado, sostenible y con capacidad para responder a los compromisos del Estado.
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