“Me cobran que me negué a hacer cosas que no se deben”: exrector de U. de A.

Aunque estuvo casi todo un año esperando que le pidieran la renuncia, el pasado 19 de diciembre, cuando profesores, estudiantes y empleados salieron a vacaciones, John Jairo Arboleda, ahora exrector de la Universidad de Antioquia, se sintió aliviado.

Pensó que había terminado por fin el año más difícil de su carrera profesional, el más insoportable de los siete que estuvo a cargo de la segunda mejor y más importante universidad pública del país. Creyó que había logrado pasar por encima de los señalamientos de derroche y malos manejos que lo dejan como el culpable de la crisis financiera de la Universidad; de la inspectora in situ que en un hecho inédito el Gobierno Nacional le mandó para que no le quitara los ojos de encima; de los artículos en la prensa que leía todos los días su madre, de 90 años, con quien vive.

Arboleda se fue a pasear el 28 de diciembre convencido de que lo peor ya había pasado. Que con los recortes en el presupuesto de la Universidad para este año y con la aplicación de la reforma a la Ley 30 que empezará en el 2027, iba a terminar su tercer y último periodo como rector con decoro.

Todo eso creía el rector de la Universidad de Antioquia hasta el 30 de diciembre, cuando en las redes sociales empezó a circular una resolución del Ministerio de Educación que ordenaba: “Reemplazar, hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez, al señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes en su calidad de rector y representante legal de la Universidad de Antioquia”. Según el Ministerio, Arboleda no cumplió con un plan de mejoramiento administrativo y financiero para la Universidad. Además, lo acusó de “dificultar” la labor de la inspectora.

Estaba viajando por carretera con su familia cuando se enteró, pero no dijo nada. Esperó las horas que faltaban de camino para dar la noticia. Le preguntaron que si estaba bien y él dijo que sí, que estaba tranquilo. Arboleda parece siempre tranquilo.

Desde hacía meses, la Universidad de Antioquia, su crisis financiera y la pugna de poder que se libraba adentro eran noticia casi a diario. El presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón, que nunca están de acuerdo y cuando lo están no lo demuestran, hicieron una excepción y lo señalaron al unísono de ser un mal administrador; los críticos de su gestión difundían comunicados en grupos de Whatsapp y le pedían la renuncia; hubo debates sobre su gestión en el Concejo y en la Asamblea; los periodistas le pedíamos entrevistas todas las semanas, pero Arboleda casi nunca decía nada.

La última rueda de prensa para explicar el presupuesto de fin de año de la Universidad la dio a comienzos de octubre. Desde entonces, solo habló a través de comunicados oficiales en tercera persona, donde rechazaba las medidas del Ministerio y defendía su gestión con un tono que, de ser canciller y no rector de una entidad pública con un presupuesto de $1,6 billones de pesos al año, le hubiera valido varias medallas.

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Arboleda casi nunca dice. Pero el viernes, cuando volvió del viaje y entregó la carta de renuncia que había escrito diez días antes, dijo, entre otras cosas: que era hincha del Medellín, que la forma en que lo sacaron lo había golpeado tanto que casi no tiene recuerdos del paseo que recién terminó, que se le salió de las manos el tamaño de la regionalización, que hay que ponerle algún tope al salario de los profesores, que nunca ha hablado con el presidente Petro, que está en vacaciones hasta marzo, que ya está en edad de pensionarse, que impugnará el acto con el que lo sacaron, y que, después de entregar la renuncia, mientras en la mañana del viernes el Consejo Superior Universitario debatía si se la aceptaba o no, él daba vueltas en bicicleta en la pista del aeroparque Juan Pablo II. 25 kilómetros, 16 vueltas.

¿Usted renunció o lo renunciaron?

“Era una salida apenas lógica con el informe que entregó la inspección in situ, que nosotros objetamos. Es una figura que reemplaza al rector y al representante legal porque no se ha cumplido con unos compromisos que se habían hecho en un plan de mejoramiento. La figura es inédita, en la Universidad nunca habíamos tenido una inspectora in situ. Al rector que ha sido legalmente nombrado, ajustado a la normativa institucional, por votación del Consejo Superior, con consulta a los estamentos, lo apartan del cargo temporalmente. Por eso se llama reemplazo. Dicen que es por un año con prórroga, pero a mí me queda un poco más de un año para cumplir el periodo hasta el 2027, entonces quedaba en el limbo con el cargo. Después de todo, esto que nos ha pasado durante estos últimos años, la decisión que tomé después de analizar y pensar, de hablar con la familia y las personas cercanas es renunciar. A mí la resolución no me destituye, me reemplaza”.

En la larga carta de renuncia, Arboleda hizo un recuento de su paso por la Universidad desde 1983 cuando entró a estudiar Medicina Veterinaria, enumeró las dificultades que había enfrentado su administración, desde las protestas estudiantiles del 2018, hasta la pandemia o el estallido social del 2021, y fue enfático en que su renuncia no significa una aceptación de los cargos o hallazgos insinuados por la inspección. Además, sostuvo que esta decisión del Ministerio fue “ilegal, arbitraria e injusta”. “La afectación personal ha llegado a su límite”, escribió.

Escogió como fecha para entregar la carta el viernes 16, pues para ese día estaba programada una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario donde estuvieron, entre otros, la secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina, y los más altos funcionarios del Ministerio de Educación. Al final, ni siquiera pusieron en consideración la renuncia porque no estaba en el orden del día y porque necesitan tiempo para que los abogados definan qué hacer: si nombrar como rector a Héctor Iván García, el médico que eligió el ministro de Educación en reemplazo de Arboleda, o si seguir sin rector hasta que el CSU escoja a uno nuevo.

¿Lo presionaron para que renunciara?

“No. El año 2025 fue muy difícil para mí en el relacionamiento y los temas con el Consejo Superior. Yo creo, y lo digo en la carta, que hubo una cantidad de estrategias, movimientos, bloqueos y negaciones a mi gestión. El ejemplo es que siempre dijimos que era necesario solventar los recursos para la Universidad porque estamos en una situación muy particular, y sale la resolución el 30 de diciembre y al otro día aparecen $70.000 millones por voluntad política, según lo dice el señor Ministro, para salvar a la Universidad. La idea era entonces retirar al rector y ese era el fondo de todo el tema: retiremos al rector para poder entregarle la plata a la Universidad”.

La U. de A. cerró el 2025 con un déficit de cerca de $140.000 millones, una brecha entre los ingresos y los gastos que desde hace 19 años no ha dejado de ampliarse a pesar de que los gobiernos de Iván Duque y de Petro aumentaron cada año las transferencias a las universidades públicas del país.

En el sector educativo hay casi unanimidad en que la raíz del problema estaba en la Ley 30 de 1992, que había establecido un presupuesto de base para las transferencias del Estado a las universidades que se aumentaba cada año de acuerdo con el dato de la inflación, aún cuando los costos educativos, por el aumento de estudiantes, infraestructura y salarios, aumentaba mucho más. Esa ley se cambió por iniciativa del gobierno Petro a finales del año pasado y ahora el presupuesto de las universidades no aumentará con base en el IPC sino con un nuevo indicador llamado el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Sin embargo, esa excusa no le valió a Arboleda, a quien señalaron de derrochón.

¿Por qué lo sacaron?

“Hay algunos actores del Consejo Superior que no tenían confianza, yo creo que se conjugaron muchos intereses y muchas visiones de lo que debería ser el desempeño de un rector en una universidad pública como la nuestra. Nos golpeó mucho como institución el último periodo de designación, estuvimos 10 candidatos allí y hay personas que estuvieron comprometidas con otros candidatos que después llegaron a cargos en el Consejo Superior. Normalmente, las discusiones llegaban hasta que se escogía al rector. Hasta ahí llegaban las politizaciones y las tensiones porque siempre se aceptaba de parte de la Universidad la persona que fuera designada, pero en esta no, siguieron tratando de evitar que la Universidad lograra solventar todo lo que tenía comprometido para realizar en el año”.

En el 2024, cuando lo reeligieron para su tercer periodo, el CSU estaba compuesto por ocho integrantes: un representante de los profesores, uno de los egresados, otro de los gremios, uno de las directivas, un exrector, un delegado del Gobernador de Antioquia, otro del Ministerio de Educación y otro del Presidente de la República. Por Arboleda votaron seis: todos menos el Gobernador de Antioquia y el representante de los exrectores que votaron por Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería e hija del exmagistrado Carlos Gaviria.

Pero esos delegados se cambian cada dos años y los que entraron a comienzos de 2025 fueron implacables: en junio evaluaron la gestión de Arboleda durante el 2024 con una calificación de 1,75 en una escala de 1 a 5. Hasta ese año las evaluaciones de Arboleda siempre estuvieron por encima de 4. Tras esa reunión, Giovani Caro, el representante de los egresados, le pidió la renuncia. La relación entre Arboleda y el CSU nunca se compuso.

“Estas representaciones profesorales y de egresados fueron muy difíciles porque llegan a hacer no una consejería sino una auditoría y desconfían de todas las cifras que se muestran. Había comentarios de que había opacidad en la comunicación y yo les decía: Explícame qué es eso de la opacidad que yo no sé de qué me estás hablando. Desde ahí sabía que esto no iba a terminar bien”, dice.

En ese último Consejo Superior el representante del Gobierno Nacional fue Wilmar Mejía, quien a la par trabajaba en silencio como un poderoso funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. De allí lo suspendió recientemente la Procuraduría después de que Noticias Caracol revelara que su nombre aparecía en los celulares de alias Calarcá como un supuesto enlace entre el Gobierno Nacional y los criminales de las Disidencias de las Farc. A pesar de que varios miembros del Consejo, entre ellos el Gobernador de Antioquia, han pedido la renuncia de Mejía, el Presidente y el Ministro lo han respaldado. Primero sacaron a Arboleda.

“Yo le dije a Wilmar: ¿vos qué estás haciendo aquí?, ¿cómo se te ocurre?, ¿quién te va a creer que podés separarte de tu rol en el departamento de inteligencia?”.

El Gobernador y el Presidente coinciden en que usted es mal administrador, ¿en qué momento se le salió de las manos el presupuesto de la Universidad?

“Desde 2007. El 2006 fue el último año que la U. de A. cerró con cifras en negro. ¿Por qué se siente hasta ahora?

Es que cada año se abría más la brecha de financiación, porque cada vez sumábamos más actividades, más profesores, más programas. Nosotros crecemos inercialmente, sin que sea un propósito el aumento de cobertura, porque la tasa de deserción y graduación es menor que la tasa de admisión”.

Para el primer semestre de este año, la U. de A. admitió 7.200 estudiantes y el semestre pasado se graduaron 5.400.

“Después llega la pandemia y se incrementan unos gastos de forma importante. Se empieza también a sentir un poco más el tema del decreto 1279, que se de eso no se ha hablado”.

El decreto 1279 del 2022 es la norma que regula la remuneración de los profesores de las universidades públicos a través de un sistema de puntos infinitos que va sumando de acuerdo a los títulos de los profesores y a su producción científica y académica. Dos de cada tres profesores de la Universidad de Antioquia tienen título de doctorado.

¿Hay que ponerle techo a esos salarios?

“Hay que ponerles techos o hacer una modificación, o entregar los recursos que se requieren para atender eso, porque es un decreto ley que hace el Legislativo, que tiene que respaldar el Ejecutivo, pero que tiene que financiar también. En el 2024, por ejemplo, el IPC fue el 5,2% y el aumento del salario fue del 7%. ¿De dónde diablos vamos a cerrar esta brecha de 1,8 puntos? Y así todos los años”.

Además del rector, en la Universidad hay más de 40 ordenadores del gasto. Entre otras cosas, cada decano tiene la potestad de subir hasta el 200% el valor de la hora cátedra de los docentes. Eso lo permite el reglamento. Hasta hace dos años, esos incrementos se podían pagar con los fondos de funcionamiento (que son los que giran el Gobierno Nacional y Departamental), y ahora solo pueden pagarse con “fondos especiales”, que son recursos conseguidos por la propia universidad. Cerca del 50% de los recursos de la U. de A. son propios.

Los representantes de los egresados y de los estudiantes denunciaron hace un mes que la Facultad de Ingeniería estaba firmando millonarios contratos con sus propios empleados para operar un programa del Ministerio TIC. Según los denunciantes, la facultad se habría gastado más de $700 millones en contratos con empleados de planta de la universidad, una decisión a juicio de ambos irregular por presuntamente abrir la puerta para que a algunos funcionarios les pagaran por hacer tareas que ya estarían dentro de sus funciones.

Arboleda responde lo mismo que el Decano: “Son recursos especiales que la facultad se consiguió. Es un recurso con Mintic en el que se necesita que un profesor vaya a regiones apartadas. Yo tengo que entregarle un estímulo para que vaya a un pueblo al que nadie quiere ir si se va a ganar $100.000, pero si se va a $300.000 sí va. Si el Ministerio aprueba ese presupuesto, vos le tienes que pagar. Ahí no hay ni corrupción ni hay desmadre del valor porque vos lo cotizaste y el contratante lo aprobó”.

Antes de ser rector, durante nueve años Arboleda fue director de Regionalización, el programa que desde hace 30 años lleva a la universidad por todo el departamento. Esa fue su bandera en la rectoría y, en opinión de muchos, su condena.

¿En qué se equivocó?

“Algunos dicen que en mis silencios. Yo he tratado siempre de resolver las cosas de la manera más prudente y diplomática. Yo no soy de los que sale a hacer declaraciones ni alharacas. Me duele mucho que la Universidad, donde tratamos siempre de acercarnos a la verdad, se mueve por rumores, pero yo creo que sí, me he equivocado mucho, podría haber dicho que no hiciéramos una oferta tan grande en regiones porque es muy costoso”.

A comienzos de diciembre, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: “La Universidad de Antioquia es la segunda universidad en calidad de Colombia. Es necesario un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas populares de Medellín y la provincia antioqueña sustentada por el gobierno nacional, ante al abandono de los gobiernos regionales”.

Actualmente, la Universidad tiene 12 campus en las nueve subregiones del departamento, de las que ha graduado a más de 16.000 personas. Además, ha abierto más de 20 programas de pregrado y posgrados creados a partir de las necesidades de cada subregión.

¿Se le fue la mano en los costos de la regionalización?

“Cualquier oferta que vos hagas en Urabá tenés que hacer el cálculo de los viáticos y el transporte de esas personas por avión, porque ningún profesor se te va a montar seis horas en carro a ver si pasa La Llorona, lo mismo para Caucasia, y esa ha sido la política de la Universidad, pero nadie tomó esa decisión ni menos yo. Son los costos reales de llevar una universidad a hacer presencia, porque una cosa es ofrecer programas en una casa prestada, pero si vos vas a la sede de Oriente, yo te apuesto Álvaro, que decís: No puede ser esta la U. de A. Eso es Harvard, hermano. Es la dignidad que merece un estudiante de una universidad pública, eso vale mucha plata”.

¿Hay grupos armados dentro de la Universidad?

“Se dice mucho de eso. Yo llevo 42 años en la Universidad. A mí me tocaron los 80, que creo que fueron las horas más oscuras, pero yo no tengo ninguna evidencia ni ningún nombre que decir sobre ese tema. Cuando era vicerrector general, antes de que las Farc se sentaran en la Habana, me tocó ver filas de personas paradas con armas al lado de la biblioteca. En esa época sin duda las Farc tenían una presencia importante en la Universidad. Ahora tenemos problemas de microtráfico, sin duda, y grandes problemas de ventas informales, porque están disparadas”.

¿Qué más ha pensado sobre su salida?

“Que yo no quiero salir ni resentido ni con odios con nadie. Todo esto tuvo una intencionalidad que era sacar al rector. Si me hubieran dicho, algo hubiéramos podido hacer, porque yo no estaba atornillado. Ya tengo edad de jubilación. Si me dicen, vea, si usted se hace un lado yo mañana le entrego $70.000 millones a esta Universidad, yo no tengo ningún problema. Yo creo que me cobran sin duda algunas negativas a hacer cosas que a mí no me parecen que se deban hacer”.

¿Cómo cuáles?

“No, son cosas que uno se guarda porque se las dijeron por allá o se las mandaron a decir, y eso es muy difícil de comprobar”.

¿De participar en política?

“De cargos. Yo creo que la Universidad, el Hospital y la Fundación debe tener gente absolutamente universitaria. No hay buenos ejemplos de universidades con gran participación política”.