A lomo de mula y cruzando ríos: así logró reducir el hambre Antioquia

Para llegar al corregimiento de Murrí, en Frontino, hay que tomar una chiva que puede tardarse hasta ocho horas partiendo desde el casco urbano de ese municipio del Occidente antioqueño. Esta ruta es una de las que acostumbra cubrir Johana Ospina, servidora de la Gobernación de Antioquia que hace parte de una gran cruzada para combatir el hambre que está llegando a los rincones más remotos del departamento.

Al limitar con los municipios de Dabeiba, Murindó y Vigía del Fuerte, la ubicación de este corregimiento es estratégica por servir como punto de encuentro para gran parte de las comunidades indígenas dispersas por la vastedad del territorio antioqueño.

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Ospina, que a lo largo de los años se ha especializado en relacionarse con las comunidades indígenas, advierte que la ruta de ocho horas es apenas comparable con la travesía que hacen ellos para ir por los paquetes alimentarios, tardando hasta dos días cruzando selvas, montes y ríos para llegar al encuentro de los funcionarios.

Cada territorio tiene sus complejidades. Mientras en Frontino el ingreso es por chiva, en Murindó y Vigía del Fuerte es por solo por río. En la zona rural de Uramita el acceso debe hacerse atravesando estrechos caminos a lomo de mula durante más de dos horas, y en muchos otros municipios emprendiendo caminatas de hasta cinco horas.

Gracias a los periplos que emprenden funcionarios como Johana desde hace dos años, Antioquia alcanzó un hito que se veía cuesta arriba hace apenas dos años: pasar de ser uno de los departamentos más golpeados por la desnutrición infantil, llegando a ser en 2024 el tercero con más muertes asociadas a esa problemática, a ser el séptimo departamento en el que el hambre más retrocedió.

Así quedó registrado en el último informe de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria entregado por el Dane este mes, que no solo mostró cómo Antioquia logró reducir su inseguridad alimentaria moderada o grave en 7,8 puntos porcentuales, sino que pasó de estar por encima del promedio nacional en 2024 como uno de los departamentos más golpeados a entrar a formar parte de los que están por debajo de ese promedio.

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Antes de vincularse a Arrullos, el programa que se especializa en atender a madres gestantes y niños menores de cinco años, Johana trabajaba en el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, donde ya había enfrentado la misma problemática.

Gracias a su experiencia con comunidades indígenas, señala que su principal trabajo es tender un puente entre los funcionarios que recorren el territorio, incluidos también trabajadores de Comfenalco y Comfama, para que los líderes indígenas les den acceso al territorio y pueda establecerse una relación de confianza.

“No ha sido fácil porque son comunidades muy cerradas frente a su cultura, no permiten a veces que ingresemos a sus territorios”, apunta Ospina, señalando que en la inmensidad del territorio antioqueño muchos no han visto en su vida a un funcionario público. “Pero hemos logrado abrir muchos caminos. Han cogido confianza y ya reconocen el programa, porque saben qué es un beneficio para los niños”, agrega.

Uno de los casos que ilustra la complejidad de su trabajo ocurrió en abril de 2025, cuando en medio de una brigada que se realizaba en Apartadó, en la comunidad indígena Las Playas, detectaron a un bebé de 11 meses que estaba en alto riesgo de morir por desnutrición y que requería atención médica urgente.

A pesar del alto riesgo, por temor a lo que le pudieran hacer a su hijo en otra ciudad, la madre se ocultó del radar de las autoridades por dos días. El caso se hizo público cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo una alerta a través de los medios de comunicación.

“En este momento, un equipo conformado por la Gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Alcaldía de Apartadó se encuentra en camino hacia el lugar, pero de acuerdo con las primeras informaciones, nos han indicado que la mamá se habría llevado al menor y lo tendría escondido. Igual suerte, también de desnutrición, podrían estar corriendo tres hermanitos del niño en mención”, expresó entonces el mandatario seccional.

En medio de la presión pública, un equipo de funcionarios llegó a la comunidad y logró persuadir a los líderes y la madre para que llevaran al bebé a un hospital en Apartadó, donde los médicos lo valoraron y señalaron que su condición era tan crítica que tenía que ser atendido de inmediato por personal especializado y en un hospital de mayor nivel de complejidad.

Al tratarse de un caso prioritario, el bebé fue trasladado en helicóptero hacia el Hospital General de Medellín, en donde le lograron salvar la vida. Ospina fue una de las funcionarias que estuvo detrás de escena hablando con la comunidad.

“Los indígenas sienten mucho temor al salir de sus comunidades. Muchas veces no aceptan sacar a los niños al hospital o a un puesto de salud porque ellos no conocen la ciudad. También está la barrera del lenguaje, entonces sienten mucho temor de que lleguen acá y sus hijos sean abandonados”, explica.

Al llegar a Medellín, narra Ospina, los funcionarios de Arrullos se sentaron a hablar con la madre y esta les explicó que tenía miedo de llegar a Medellín por no conocer la ciudad y no tener ni un peso.

En muchos otros casos, señala Johana, las madres temen llegar a Medellín por tener muchos otros hijos a su cargo y no tener con quién dejarlos en sus regiones y menos con qué costear su estadía en la capital antioqueña.

“El caso fue algo muy bonito porque se hizo todo el acompañamiento. Se recibió a la mamá en el Hospital General, ella estaba muy nerviosa incluso cuando se le preguntó por qué no había accedido a sacar el niño al hospital, ella decía que no tenía ni los pañales, no tenía plata y no conocía Medellín”, explica Johana, señalando que desde entonces el programa comenzó a darle acompañamiento a la madre hasta que su hijo pudo ser dado de alta y regresar a Apartadó.

Luego del alta, el bebé continuó estando bajo controles periódicos cada mes y no solo logró salir de riesgo, sino que cambió por completo su vida y hoy ya es un niño sano de dos años y dos meses.

Estrategia a varios frentes

Pese a ser considerado uno de los departamentos más desarrollados del país, Antioquia ha sido uno de los más golpeados por el flagelo del hambre en los últimos años.

En su informe de Calidad de Vida de 2023, el programa Antioquia Cómo Vamos alertó que pese a existir varias mediciones, en promedio el departamento tenía a una quinta parte de sus hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa.

En los datos con corte a ese año, las regiones con el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria severa más altos eran Urabá, con 41%; Magdalena Medio, con 28%, Bajo Cauca, con 27%, y Occidente, con 20%.

En esas mediciones, los indicadores más preocupantes estaban asociados a los niños, en los que la tasa de desnutrición aguda se había disparado.

Según los datos de la Secretaría de Salud, procesados en ese informe, pese a que en 2020 la tasa de desnutrición aguda estaba en 194 por cada 100.000 menores, esta pasó a 270 en 2021, luego de 465 en 2022 y luego a 521 en 2023.

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Sin embargo, el dato más preocupante fue el de los niños muertos por hambre, que alcanzó un pico de 17 casos en 2023 y en 2024 llegó a 16, estando el departamento solamente por debajo de Chocó y La Guajira.

El gobernador Rendón apunta que tras asumir el cargo en 2024, la principal alerta fue encontrar que el nivel de inversión hacia los programas de lucha contra el hambre no se correspondía con la magnitud del problema.

Pese a que Antioquia ya tenía andando desde años atrás programas como Maná, enfocados en la alimentación escolar, los datos mostraban que el hambre no estaba retrocediendo.

En cifras redondas, Rendón señala que en el cuatrienio pasado se destinaron $65.000 millones de recursos ordinarios al PAE, una cifra muy estrecha y que incluso llevó a eliminar la gerencia de Maná por considerarse innecesaria.

Así mismo, apunta que el departamento arrancó el cuatrienio enfrentando el problema del congelamiento de los recursos del PAE por parte del Gobierno Nacional, a pesar de un crecimiento de la inflación de casi el 20%.

“Una vez estaba corriendo y escuché un podcast que sigo hace mucho tiempo, Freakonomics, y ahí estaban destacando una historia de algunos estados de la Unión Americana y de Japón donde le daban una destinación específica a los impuestos y cómo eso había conectado a los ciudadanos con el pago de ese tributo”, dice Rendón, señalando que ahí surgió el chispazo de hacer lo mismo en el departamento.

El mandatario seccional señala que fue entonces hace dos años que presentó un proyecto de ordenanza a la Asamblea para destinar la totalidad del impuesto vehicular, la principal renta, a los programas de lucha contra el hambre, generando que en los últimos años la inversión se disparara a la inédita cifra de $300.000 millones.

Con el dinero garantizado, la estrategia se dividió en tres frentes, a su vez alineados con las tres poblaciones más vulnerables en cuanto al hambre: los estudiantes, los adultos mayores y las madres gestantes junto a los niños menores de cinco años.

Por el lado de los estudiantes el foco se puso en mejorar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), inyectando más recursos para que el programa pasara de funcionar 118 días a 180 días. También se comenzó a remunerar a las mujeres que preparan los alimentos, en muchos municipios que lo hacían casi que por vocación, y también en intensificar el seguimiento y asesoría a los municipios, para que el programa se contratara y comenzara a funcionar desde enero.

En este programa, otro piloto que se está iniciando es la alimentación diferenciada en las comunidades indígenas, en donde son estas las que deciden qué alimentos darle a sus jóvenes e incluso asumen directamente la preparación.

En el caso de los adultos mayores se inició con el programa de Renta Vitalicia, que consiste en un bono cada dos meses por $472.000 destinado a mayores de 60 años en alta condición de vulnerabilidad.

No obstante, el programa más revolucionario fue Arrullos, liderado por el despacho de la primera dama, Susana Ochoa, y la Unidad de Programas Sociales, que ya ha logrado llegar a más de 36.000 madres gestantes y niños menores de 5 años de las zonas más remotas de Antioquia.

La Gobernación también comenzó a trabajar con bancos de alimentos para rescatar más de 2.114 toneladas de comida y activó una turbina de crédito agropecuario, que en palabras sencillas busca combatir el encarecimiento de la comida inyectando capital en los pequeños y medianos productores de alimentos.

Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales, señala que en el caso de Arrullos se trazaron varias maneras de identificar a los menores en riesgo, pasando por estrechar el contacto con la red hospitalaria del departamento, a la que suelen llegar los casos más críticos, y también desplegando en todo el territorio equipos interdisciplinarios con nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y educadores especiales, que, tal como lo hace Johana Ospina, están llegando a todos los rincones. No obstante, Londoño advierte que los niños en riesgo no solo están en la ruralidad dispersa, sino a escasos minutos del Centro de Medellín, en la comuna nororiental, o en Bello.

El programa Arrullos también se fortaleció para suplir las intermitencias en los programas del Icbf, que no alcanzó a tener un director en propiedad en Antioquia y por sus complejidades administrativas muchas veces tarda en iniciar operación.

Gracias a la persistencia de la Gobernación, Londoño destaca que en dos años ya se han logrado ganar la confianza de muchas comunidades indígenas y la población en general, que ya son incluso las que piden más presencia en el territorio.

“Estamos llegando a los territorios más alejados, lugares que uno no se alcanzaba a imaginar que existían en Antioquia. Ha sido algo muy bonito porque se ha logrado esa confianza, se ha logrado esa sensibilización”, concluye Johana Ospina.