¿Medellín debe tapar el hueco financiero que dejó Petro en la U. de A.?

El debate sobre si el Distrito de Medellín debería o no asumir alguna responsabilidad sobre las vapuleadas finanzas de la Universidad de Antioquia volvió a surgir la semana pasada, después de que el concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico, propusiera que del presupuesto de $12 billones que tiene la ciudad para el otro año se destinaran cerca de $55.000 millones para donarle a la alma máter, que enfrenta una crisis financiera histórica.

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La propuesta de Marín no buscaba que la ciudad asumiera la base presupuestal de esa institución —una responsabilidad legal de la Nación y el Departamento—, sino una “donación modal” por una única vez, destinada a programas como el consultorio jurídico, el programa de lenguas extranjeras y la Facultad Nacional de Salud Pública.

El argumento del concejal fue que si Medellín se proyecta como un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, no puede dejar caer a su principal motor científico, que además educa a más de 13.000 estudiantes de la ciudad.

Sin embargo, su iniciativa no fue aceptada y escasamente se discutió, entre otras cosas porque este solo la presentó en el último debate antes de aprobarse el presupuesto de la ciudad y sin lograr ningún consenso o acuerdo previo con ningún otro cabildante. Esto sumado a que según la administración no hay una vía jurídica para que esa donación se haga en el marco de la ley e incluso señalaron que quienes participen de su aprobación podrían incurrir en fallas disciplinarias o legales.

Además, para algunos concejales la propuesta de Marín fue oportunista, pues surgió precisamente días después de que se descubriera que el delegado del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario era realmente un agente de inteligencia, además señalado de tener presuntos vínculos estrechos con los criminales de las Disidencias de las Farc.

Pero más allá de la fallida propuesta de Marín, el debate sobre si la Alcaldía debería aportar también al financiamiento de la U. de A. sigue vigente por una razón: nunca la ciudad de Medellín ha tenido tantos recursos disponibles como ahora y la Universidad tantas necesidades.

El problema es que por ley el Distrito no tiene ninguna obligación financiera con la U. de A., y ya invierte importantes recursos en las universidades que son su responsabilidad. Desde la Alcaldía señalan que la prioridad de la ciudad deben ser sus instituciones de educación superior: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, donde en estos cuatro años invertirán más de $800.000 millones.

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A eso se suma que la crisis financiera de la Universidad de Antioquia es culpa principalmente del Gobierno Nacional, que transfiere muchos menos recursos de los que ese centro necesita, y de la misma Universidad que lleva años gastando más de lo que puede pagar (ver gráfico).

El debate no es fácil. Mientras algunos sugieren que no se compadece que la Universidad de Antioquia tenga que reducir su presupuesto en cerca de $100.000 millones para el próximo año, mientras en la ciudad se anuncian obras como la construcción de un megaparque con playas y mar ($195.000 millones), o la remodelación del estadio Atanasio Girardot ($750.000 millones). Otros, por el contrario, consideran que Antioquia aporta los suficientes recursos a la Nación para que esta invierta en la U. de A. y que el problema de este importante centro educativo no se resuelve con donaciones coyunturales sino con ajustes estructurales.

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Según David Hernández, secretario general de la Universidad, desde el año pasado se han reunido varias veces con el alcalde Gutiérrez y con funcionarios como el secretario de Hacienda, Orlando Uribe, para que el Distrito ayude a la Universidad a salir de esta difícil situación, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Nosotros hemos tenido la pretensión de que en el presupuesto anual de Medellín se considerara la posibilidad de asignar algunos puntos complementarios, no obligatorios, pero hasta el momento no ha sido posible”, señala Hernández.

Tras una de las reuniones entre los directivos de la Universidad y la Alcaldía en noviembre del 2024, Federico Gutiérrez dijo: “Hay que cuidar a la Universidad de Antioquia como un patrimonio público. Para nosotros será fundamental en los próximos días, de acuerdo a lo que hemos hablado también con el rector y los estudiantes, cómo podemos hacer parte de la solución”.

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Según Hernández, la propuesta que han hecho es que la Alcaldía se vincule con recursos de base presupuestal, tal como lo hacen (estos sí obligados por la ley) el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia. Además, le propusieron que, como se hace en los municipios donde la Universidad tiene sedes, se les condonara el pago del impuesto predial en la ciudad. Y es que aunque el campus principal de la Universidad está exento de este impuesto, el resto de inmuebles propiedad de la U. de A. en la ciudad pagan más de $1.000 millones al año en predial.

El secretario Uribe asegura que desde la administración tienen la “voluntad” de ayudar a la Universidad y que “reconocen su importancia para la ciudad y la región”, pero insisten en que sería ir en contra de la ley asumir esa responsabilidad de financiar la Universidad, no solo porque alegan que no hay un marco jurídico, sino que no es una destinación del plan de desarrollo de la ciudad para este cuatrienio.

Sobre este punto, algunos han señalado que el parque con mar y la remodelación del estadio tampoco estaban en el plan de desarrollo, pero la respuesta de la administración es que sí estaba la remodelación y construcción de escenarios deportivos y estos se pueden incluir en ese rubro.

El secretario explica además que a través del mecanismo de la estampilla Universidad de Antioquia —el 1% de los contratos entre el Distrito y las empresas prestadoras de servicios públicos— en los últimos dos años han transferido más de $25.000 millones. Así como más de $186.000 millones en contratos directos entre el Distrito y la U. de A.

Y por último, pero innegable, está el argumento político, una ruptura histórica entre el Alcalde y el Presidente: “Mal haríamos nosotros en asumir las obligaciones del Gobierno Nacional en absolutamente todas las líneas: Buen Comienzo, PAE, salud, infraestructura...”.