Antioquia actualizará su mapa de 1975: pasará de tener 9 a 17 regiones

La extensión territorial de Antioquia —con sus 63.612 kilómetros cuadrados— es más grande que Croacia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Costa Rica o El Salvador, entre otra decena de países. Administrar y planear un territorio tan grande constituye una tarea difícil, y más si se tiene en cuenta que los 96 de los 125 municipios que componen el departamento son de sexta categoría presupuestal y otros diez son de quinta categoría, lo que se traduce en que a duras penas sobreviven a ras con los impuestos que recaudan y que la solución de los grandes problemas depende en gran medida de las arcas nacionales y departamentales.

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Desde hace medio siglo, el departamento se dividió en nueve regiones: Aburrá, Oriente, Suroeste, Occidente, Urabá, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio. Aunque desde entonces este mapa se ha convertido en una muestra de la diversidad antioqueña y ha representado la identidad de muchos municipios, dicha división poco ha servido para permitir que los gobiernos locales trabajen en equipo y se sienten en la misma mesa para resolver problemas comunes y apalancar grandes proyectos.

Así lo advierte el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, quien desde el año pasado lidera una cruzada de largo aliento con la que se busca reorganizar el mapa y hacer que este pase de sus clásicas 9 regiones a 17 esquemas territoriales que profundicen los esfuerzos por descentralizar el poder y el presupuesto.

“Lo que buscamos es integrar el departamento en redes territoriales que permitan una mejor eficiencia en el gasto público, en procesos de gestión ambiental, en educación y en salud. Hoy los municipios están desarticulados, no están en redes, tienen mucha dificultad de tener unas vocaciones territoriales propias y lo que hace este proyecto es crear nuevas provincias vía ordenanza y que obviamente avancemos en las otras figuras como áreas metropolitanas”, destacó Prieto.

Las raíces del problema

Para comprender de dónde salió la división administrativa de Antioquia hay que remontarse a la década de 1960, cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo institucionalizó la planeación en Colombia como instrumento para llevar desarrollo a territorios más pequeños.

En dicho gobierno, se impulsó una reforma constitucional en 1968 para dividir los territorios en unidades más pequeñas y mejorar así la distribución de recursos. En Antioquia apareció el primer Plan Cuatrienal 1963-1966 como un primer intento de regionalización, el cual tuvo como punto de partida el estudio de las condiciones y potencialidades de cada región para formular programas concretos.

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Así se definieron centros regionales que irradiaban acciones hacia las zonas rurales y centros urbanos. Esos centros fueron Medellín, Rionegro, Puerto Berrío, Caucasia, Yarumal, Urrao y se preseleccionaron Sonsón, Yolombó, Segovia, Dabeiba, Chigorodó y Pueblorrico.

Basados en una jerarquización y delimitación regional que se hizo en 1972, Antioquia adoptó su regionalización administrativa con la Ordenanza 41 de 1975, siguiendo un criterio de vías de comunicación, ubicación geográfica y homogeneidad de actividades económicas. Incluso hay una anécdota histórica: si bien el estudio de 1972 estableció las 9 subregiones que hoy conocemos, la ordenanza de 1975 definió 10 agrupaciones porque metió a Caramanta, Santa Bárbara, Támesis y Valparaíso en una sola región denominada Sur. Aunque no se tiene claro en qué fecha o bajo qué disposición se integraron de nuevo en una sola región, en el plan de desarrollo del gobernador Nicanor Restrepo Santamaría, de 1983, ya se hablaba de la región Suroeste con 22 municipios.

Los gomosos de estas triquiñuelas históricas pueden leer el texto Delimitación y planeación del territorio para el desarrollo de Antioquia (1972-1986), de la historiadora Leidy Johana Osorio Patiño.

Esa distribución en subregiones ha sido útil desde entonces para ubicar los municipios en el mapa, organizar el territorio desde las oficinas de La Alpujarra y generar identidad en la gente que se identifica como del Oriente, el Suroeste o Urabá. Sin embargo, esa división, no ha servido para mucho más.

“La ordenanza 41 de 1975 dividió Antioquia por subregiones. Han sido útiles para mirar el territorio desde la planeación y para la identidad de la gente, pero de resto no sirve para mucho. Los municipios no tienen reglado sentarse en una mesa como una junta del territorio, los alcaldes se encuentran en Medellín, en un aeropuerto, en Bogotá, pero no tienen agenda común para gestionar el territorio”, plantea Prieto.

El nuevo mapa de Antioquia

Para explicar la necesidad de dejar atrás la vieja división de nueve subregiones, el director de Planeación advierte que debe pensarse en clave de dos conceptos: descentralización y autonomía.

Pese a que cuando se habla de centralización, Prieto señala que por lo general se piensa en la relación de los departamentos o los municipios con el Gobierno Nacional en Bogotá, a nivel regional también hay centralismos que impactan profundamente en el funcionamiento de los gobiernos territoriales.

De esta manera, en uno de los ejemplos más elocuentes, es muy diferente el nivel de desarrollo, margen presupuestal y capacidades técnicas que tiene un distrito como Medellín para meterle mano a sus grandes problemas urbanos y empujar proyectos de largo aliento, que el resto de municipios del Valle de Aburrá.

Tan solo desde el punto de vista presupuestal, los cálculos de la Gobernación muestran que si se meten en una misma bolsa todos los ingresos tributarios que se recaudan en Colombia el 85% se quedan en las arcas del gobierno central en Bogotá, el 11% se quedan en los municipios y distritos, y el 4% restante se queda en los departamentos.

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Este desbalance en regiones como Urabá, Bajo Cauca, Occidente, Nordeste y Suroeste, por poner los ejemplos más marcados, hacen que tengan dependencias de entre un 74% y un 80% de las transferencias de la Nación, para poder funcionar y cumplir los objetivos del Estado desde el territorio.

Además de la plata, otro problema que profundiza la segregación de muchos municipios es su estrecha capacidad administrativa, que además de hacerlos pequeños a la hora de estructurar proyectos y cubrir los requisitos técnicos que demanda la Nación para ganar financiación, reduce su margen de maniobra para planear y controlar su territorio.

Según recuerda Prieto, dicho problema está lejos de ser nuevo y por eso desde que se redactó la Constitución de 1991 se sentaron unas bases para que se crearan figuras como las Regiones Administrativas de Planeación, las Provincias y las Áreas Metropolitanas, pero dichos esquemas se quedaron en el papel.

Antioquia ha sido, sin embargo, pionera en estas figuras. Junto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la primera de su tipo en Colombia y creada desde 1980, el departamento hasta antes de este cuatrienio también tenía otras seis provincias: Agua, bosques y turismo y de La Paz, en el Oriente antioqueño; Cartama, San Juan y Penderisco Sinifaná, en el Suroeste; y la Minero Agroecológica del Nordeste.

Con la vista puesta en profundizar esa descentralización, el Departamento quiere crear otros diez nuevos esquemas territoriales, que permitirán a Antioquia quedar con 17 nuevas divisiones en su mapa, pero en este caso con capacidad de gestionar proyectos y poner a trabajar a los municipios en equipo.

De ese paquete de diez, cuatro (Agroindustrial Del Occidente, Río Grande, Bioenergética del Norte y Turística Agroecológica) ya fueron aprobadas por la Asamblea de Antioquia el año pasado y otras seis (Agrominera, Río Grande de la Magdalena, Valle del Nus, Mar de Antioquia y las áreas metropolitanas de Oriente y Urabá) están caminando para materializarse este 2025.

Dentro de las tareas que se estudian puedan asumir esas futuras provincias, advirtió Prieto, está por ejemplo el catastro multipropósito, hoy centralizado sobre todo en la Gobernación. Los nuevos entes también podrán adelantar procesos de contratación, recibir recursos y, sobre todo, crear mesas en las que los alcaldes de las regiones conversen permanentemente.

“Estos son entes públicos que planifican y administran. Harán gestión ambiental, se puede reclamar en las provincias autoridad de transporte y les vamos a entregar el catastro multipropósito, esta será la ruta de la autonomía. Deben estar en una mesa de concertación con una agenda pública de planificación y administración, tendrán recursos, capacidad de contratación. Ya no es ubicación geográfica e identidad solamente, tendrá un sentido legal el sentarse en la junta provincial”, concluyó Prieto.