Se le acaba el margen a AngloGold en el Suroeste: le queda por presentar el Estudio de Impacto Ambiental de Quebradona
La Agencia Nacional de Minería negó la solicutud de AngloGold Ashanti para seguir haciendo exploración minera en Jericó. Ahora deberá enfocarse en terminar el Estudio de Impacto Ambiental para solicitar la licencia de explotación de cobre y otros metales.
Los detractores en el Suroeste antioqueño del proyecto minero Quebradona, de la multinacional AngloGold Ashanti, celebraron como una victoria crucial la decisión de la Agencia Nacional de Minería de negar la prórroga solicitada por la multinacional para extender la etapa de exploración del título minero ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis. El sustento de la entidad minera es inapelable desde el marco técnico y jurídico y marca un gran revés para los intereses de la empresa sudafricana.
Lo que señaló la ANM es que el proyecto incurrió en una falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental y en debilidades en el relacionamiento social con las comunidades del territorio. La ANM recalcó que AngloGold aún no ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para avanzar, y cuyo trámite permanece archivado en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La ANM recalcó además que desde 2016, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres solicitudes de prórroga que suman un periodo de nueve años adicionales. En esta última solicitud, la cuarta, la ANM encontró que el titular está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámite que está archivado desde 2021.
Además de esto, el análisis determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal que fue establecida mediante la Resolución 855 de 2025 del Ministerio de Ambiente. Por esas razones, y tras evaluar las condiciones técnicas, ambientales y sociales, la ANM resolvió negar la prórroga solicitada.
Las organizaciones sociales y ambientales y población en general que ha ejercido oposición al proyecto minero, señalaron que no existía otra vía más que rechazar la solicitud, pues tanto la Gobernación de Antioquia como la propia ANM habían incurrido en decisiones que no se ceñían a la ley al permitir las prórrogas anteriores.
Efectivamente, el tiempo de exploración que ha tenido AngloGold supera los límites normales establecidos por la ley. La etapa de exploración, obligatoria para poder tener la licencia de explotación, comenzó en mayo de 2007, cuando el gobernador Aníbal Gaviria otorgó el contrato de concesión. Hay que recordar que Antioquia tenía delegación minera, es decir, era una autoridad para tomar decisiones respecto a proyectos mineros, potestad que perdió en diciembre de 2023. Luego de la decisión de Gaviria, en octubre de 2016, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, renovó dicho contrato con lo que AngloGold logró extender su autorización de exploración, contrariando la norma que indica que todo proyecto minero tiene once años en total para etapa de exploración. Dicha decisión del gobierno departamental, sobre la que recayeron denuncias de presunta ilegalidad, fue ratificada en noviembre de 2021 (otra vez con Aníbal Gaviria en el poder), lo que le permitió a AngloGold ampliar ese aval de exploración hasta 2023. Varias fueron las alertas de presuntas irregularidades que se desprendieron de esta nueva prórroga. Una de estas fue el hecho de que en septiembre de 2021, la propia gobernación de Gaviria había aprobado el Plan de Trabajos y Obras para Quebradona, lo que, según alegaron jurídicamente los detractores del proyecto, significaba que el Estado daba por terminada la etapa de exploración y ordenaba que se avanzara en las etapas hacia la explotación.
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Más contradictorio fue que la Agencia Nacional de Minería, que desde 2022 con el gobierno Petro en marcha denunció que esas actuaciones no se habían acogido a la normativa y leyes, se contradijo y en 2023 avaló otra prórroga más, lo que fue tildado por Petro como una “traición al gobierno”, pues el presidente ha reconocido abiertamente desde antes de ser elegido su oposición a que se haga minería de gran impacto en el Suroeste antioqueño.
Pero entonces los reveses empezaron a acumularse en contra de AngloGold. El más grande, por supuesto, llegó en noviembre de 2021, cuando la ANLA decidió archivar el trámite de licenciamiento ambiental al encontrar en el Estudio de Impacto Ambiental graves fallas llegando a la conclusión de la solicitud dejaba grandes riesgos en los componentes hidrogeológicos, hidrológicos, de geotecnia y biótico; además de determinar que el proyecto no presentó un panorama claro respecto al manejo de depósito de relaves (residuos de la actividad minera) y la subsidencia, así como sus potenciales impactos. Fue una rigurosa conclusión basada netamente en argumentos técnicos a través de un documento de casi 700 páginas.
En octubre de 2025 llegó otro revés, luego de que la ANM negara la solicitud del proyecto de suspender sus obligaciones contractuales derivadas del título minero que le concedió el Estado. La entidad señaló que resultaba “jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”. En pocas palabras, le respondió que era insubsanable que, por un lado, pidiera liberarse de sus compromisos contractuales y por otro estuviera pidiendo plazos para extender sus actividades de exploración.
Y ahora llegó el otro batacazo al recibir el rechazo a la solicitud de ampliar su exploración, lo que le habría significado tener ese aval por un total de 20 años, el doble a lo que estipula la ley.
Con esto, el camino que tiene AngloGold es presentar nuevamente el Estudio de Impacto Ambiental, lo que debería ocurrir a más tardar en 2027, para quedar sujeto a la decisión técnica de la ANLA que tiene a su vez tres caminos: aprueba la licencia, con lo cual AngloGold tendría desde ese momento tres décadas por delante para construir el proyecto minero en un lustro y luego explotar cobre y otros minerales por poco más de dos décadas. La otra vía es archivarla, tal como ya lo hizo, lo que prolongaría la ya extensa y desgastante tensión en la región que ha desatado un conflicto social y ambiental sin precedentes; o negarla, y con esto acabar definitivamente la intención de la multinacional sudafricana de extraer de las montañas del Suroeste 4,91 millones de toneladas de concentrado de cobre, 6,13 millones de onzas de oro, 85,1 millones de onzas de plata y 70,08 kilotones de molibdeno.