¿Qué respondió la Alcaldía de Sabaneta ante el lío judicial por construcciones en La Romera?
El proceso judicial es resultado de una acción popular de ciudadanos y organizaciones ambientales que señalan presuntos incumplimientos frente a las medidas judiciales para frenar el impacto urbanístico en el Plan Parcial Caminos de La Romera.
La controversia por las construcciones conlindantes a la Reserva Forestal La Romera — una de las zonas ambientales más sensibles de Sabaneta y pulmón verde del sur del Valle de Aburrá — llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia en una acción popular que escaló hasta la apertura de un incidente de desacato contra la Alcaldía de Sabaneta.
El proceso busca determinar si el municipio incumplió órdenes judiciales relacionadas con el control urbanístico en el Plan Parcial Caminos de La Romera, un área de desarrollo que va desde el Centro Comercial Aves María hasta la zona rural cercana a la reserva forestal.
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Las medidas ordenadas fueron concretas: suspender nuevas licencias urbanísticas y evaluar el cumplimiento ambiental de las obras ya ejecutadas. Si el Tribunal concluye que no se obedecieron, el alcalde Alder Cruz Ocampo podría enfrentar multas o prisión.
Lo que dice el municipio que hizo
En un documento radicado ante la justicia, la Alcaldía negó el desacato y enumeró las acciones adelantadas en varios proyectos del sector:
En Dublín, la Secretaría de Planeación realizó una visita el 17 de septiembre de 2024 tras denuncias por aguas estancadas y larvas de mosquitos. Ordenó el drenaje inmediato de la piscina y luego exigió la construcción de andenes por riesgo para peatones.
En Saltamontes, inspecciones en agosto y septiembre de 2025 detectaron obras sin licencia vigente — adecuaciones de un gimnasio, un terraplén y una vía de acceso —. El caso pasó a la Inspección de Policía.
En Lagos del Sur, tras una inspección del 30 de julio de 2025, se ordenó instalar polisombras y mamparas para evitar dispersión de partículas hacia predios vecinos, bajo advertencia de suspensión de obras.
En Sakura y Cataluña, Planeación actuó por incumplimientos en vías de acceso, humedades y caída de materiales, con órdenes de reparación y traslado a las autoridades policivas.
El municipio también argumentó que varias competencias ambientales no son suyas, sino del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Corantioquia, y que sus actuaciones se han dado “dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales”, según el apoderado judicial Yamid Cardona Valencia.
El argumento jurídico
Para la Alcaldía, no hay desacato porque no existe lo que la ley llama “conducta renuente” —es decir, una oposición deliberada a cumplir las órdenes—, requisito indispensable para que proceda una sanción. Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, el municipio sostuvo que las sanciones por desacato solo aplican cuando se demuestra negligencia o desobediencia comprobada. “La inconformidad de los incidentistas no demuestra desacato; apenas revela discrepancias sobre el alcance o la velocidad de las medidas adoptadas”, dice el escrito.
El municipio pidió archivar el incidente y considera que desplegó actuaciones “reales, continuas y verificables”.
La disputa por La Romera refleja la tensión que vive Sabaneta: en dos décadas, el municipio pasó de ser semirrural a uno de los más densamente urbanizados del país. Mientras organizaciones ambientales advierten sobre la presión creciente sobre las montañas, quebradas y corredores biológicos, el municipio insiste en que ha actuado dentro de la ley.
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