Próxima semana, cita crucial para destrabar siete obras viales en el Oriente antioqueño

Para el próximo jueves, 14 de mayo, quedó pactada la reunión entre los alcaldes del Oriente antioqueño y la plana mayor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de destrabar el futuro de siete obras viales que consideran esenciales para el desarrollo de esa subregión.

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Inicialmente, los mandatarios estaban buscando un encuentro con el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, para este viernes, 8 de mayo, en la tarde, aprovechando un viaje que tenían para hablar con organismos de control en Bogotá, pero habría sido imposible y por eso se definió la nueva fecha para el tema, también en la capital de la república.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, lanzó esta semana la alarma acerca de que la Agencia de Infraestructura habría decidido no firmar un otrosí con el concesionario Devimed —que administra las vías del Oriente— con el cual se iba a autorizar la destinación de plata proveniente de excedentes del cobro de los peajes para ejecutar varias obras consideradas estratégicas para la movilidad de la zona.

Según dijo el mandatario, la determinación compromete el desarrollo vial de al menos 23 municipios del Valle de San Nicolás que dependen de corredores como la autopista Medellín-Bogotá y las vías de acceso al Aeropuerto Internacional José María Córdova.

“No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, dijo.

Los proyectos comprometen en total una cifra que asciende a los 121.000 millones de pesos y la terminación de que estos no pudieran ser destinados a ese fin fue comunicada el 19 de abril a Devimed.

Entre los proyectos que quedaron en veremos están el intercambio vial y doble calzada de Somer —uno de los proyectos más importantes de la subregión—, el intercambio Puerta a Embalses, clave para la conexión hacia Guatapé y El Peñol, los retornos La Mosquita y San José en Guarne, el paso peatonal en San Antonio, el puente El Cordobés y un retorno a desnivel en San Vicente. Todas buscan mejorar la fluidez vehicular y reducir la accidentalidad en puntos de alto tráfico sobre corredores que diariamente soportan miles de vehículos particulares, de carga y usuarios del aeropuerto.

Las razones aducidas por la ANI se relacionan con que la concesión llegaría a su vencimiento el próximo 31 de julio, según el Gobierno Nacional, con lo cual el concesionario no tendría tiempo de ejecutar los trabajos.

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No obstante, el concesionario ha alegado que es en agosto y que, aparte, la liquidación demora entre un año y año y medio; además, que haciendo una ejecución simultánea, las obras se harían en un periodo de entre doce y catorce meses.

El riesgo que se plantea es que, si se llega a cumplir el anuncio de la ANI, los excedentes que actualmente son de 121.000 millones de pesos y para el séptimo mes de este año llegarían a 155.000 millones, pasen al Tesoro Nacional, no al Instituto Nacional de Vías ni al Ministerio de Transporte.

El fideicomiso solo se constituiría en 2027 y apenas en 2028 volverían al Invías o el Mintransporte, con lo cual se podría abrir de nuevo la posibilidad de que se invirtieran en las obras referidas, pero dependiendo de la voluntad política del gobierno de turno, dos años después y con posibles sobrecostos.