¿Dónde está la plata? Víctimas de edificio demolido en Rionegro exigen a la Defensoría el pago de millonaria indemnización
Las familias afectadas por el edificio Altos del Lago exigieron a la Defensoría que entregue la indemnización que ya fue girada por la alcaldía de Rionegro.
Ocho años de espera no han sido suplicio suficiente para las familias víctimas del edificio Altos del Lago, el vergonzoso monumento a la corrupción y al desprecio por la vida en el municipio de Rionegro, que fue demolido en 2019. A pesar de que se agotaron a su favor todas las instancias legales y fueron favorecidas para recibir la indemnización por los daños materiales que han padecido durante todos estos años, la plata sigue sin aparecer.
A mediados de 2024, el Consejo de Estado ratificó la decisión de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia de condenar a la constructora Sincc y a la Alcaldía de Rionegro a reparar a las familias afectadas por la caída del edificio Altos del Lago, que tuvo que ser deshabitado en 2017 y demolido de forma controlada en 2019 porque simplemente pendía de un hilo para colapsar, cientos de personas perdieron allí el ahorro de sus vidas para tener casa propia.
La decisión del alto tribunal fue la última instancia de las apelaciones a los fallos, también favorables, emitidos en primera instancia del Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, en noviembre de 2023, y en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, en mayo de 2024.
En video: Así cayó el edificio Altos del Lago
Pero antes de hablar del desenlace jurídico es necesario hablar de los hechos para entender el por qué la Alcaldía terminó siendo gran responsable en un fallo emblemático. Altos del Lago fue deshabitado el 15 de febrero de 2017 y tras dos intentos frustrados de demolición por cuenta de fallidos procesos judiciales que terminaron a favor de la Alcaldía finalmente cayó en mayo de 2019 en una implosión de 2,8 segundos y sus 116 apartamentos quedaron reducidos a escombros.
El estudio sobre este caso, adelantado por las universidades Eafit, Nacional y la propia alcaldía, quedó en el museo de la infamia de la corrupción y las prácticas ilegales de constructores en Colombia. Dicho informe concluyó que la estructura tenía “fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.
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Pero hubo más: el análisis encontró que el piso no era plano, y que más de la mitad de la estructura estaba inclinada. Además, algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas para el paso de cables eléctricos. El edificio era una aberración. “Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, entonces director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional.
El edificio tenía solo 15 de los 30 pilares que necesitaba para sostenerse, no tenía requisitos de sismorresistencia y, para completar, estaba al lado de un jardín infantil de 200 niños que cada día, sin saberlo, estuvieron en riesgo de morir bajo los escombros de un edificio que no se cayó de milagro.
La responsabilidad de la Alcaldía está por todos lados: a pesar de las criminales fallas estructurales que saltaban a la vista, la Alcaldía ni siquiera ordenó una medida preventiva o una inspección. La Fiscalía General de la Nación tiene procesos penales abiertos en contra de funcionarios y personas de la firma que causaron este desastre.
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Por esa responsabilidad fue que la justicia determinó que la alcaldía no solo tenía que responderle económicamente a las víctimas sino que, a través de la figura de responsable solidario, tenía que asumir el monto total estipulado por la justicia y luego arreglárselas para cobrarle a la firma que se declaró en quiebra y fue liquidada. Inicialmente la alcaldía tenía que responder por el 25 % de la indemnización, que ascendió en 2023 a $15.000 millones en total. Pero en las apelaciones de la alcaldía para zafarse del problema le fue todavía peor.
El monto terminó casi en $30.000 millones y a la alcaldía le tocó responder por el 75 % en concreto, y por el total de la indemnización, por lo cual tendrá que mirar luego cómo le cobra el 25 % a la constructora. El alcalde Jorge Rivas, rechazando el fallo, señaló que la decisión ponía en riesgo las finanzas del municipio. Pero su desacuerdo no eximió a Rionegro a tener que pagar sin más demoras.
Y la alcaldía asegura que eso hizo, que desembolsó los casi $30.000 millones al Fondo de Defensa de Derechos de Intereses Colectivos, manejado por la Defensoría del Pueblo, tal como lo ordenó el fallo. Sin embargo, las 63 familias beneficiadas por el fallo (hay otras 28 en proceso de ser reconocidas), tuvieron que plantársele a la Personería en una protesta pacífica porque nada que les desembolsan. Por tal razón la Personería le solicitó formalmente a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie de manera inmediata sobre en qué va el proceso de desembolso y que asuma con transparencia el proceso para que haya una resolución pronta en este proceso que ha determinado para las familias graves afectaciones, no solo económicas, sino emocionales y personales.