Si la Alcaldía de Medellín tuviera que pagar todas las pretensiones por demandas interpuestas en su contra, casi la mitad de la plata que recibirá en 2025 se le iría en ese solo gasto, porque el monto por ese concepto alcanza a casi $5 billones mientras que el presupuesto es de $10,9 billones.
El susto fue mayor cuando inició la actual administración, la de Federico Gutiérrez, porque la cantidad subía todavía más, hasta los $8 billones, pero una depuración de los procesos permitió bajar de 11.000 a 8.000 demandas y las pretensiones a $4,92 billones, mediante la petición de que se unificaran procesos en el Consejo de Estado –sobre todo reclamaciones del magisterio– o, en otros casos en los que era evidente que las decisiones de los jueces tenían un riesgo alto de ser negativas para los intereses del Distrito, los abogados buscaron una conciliación o se sometieron a sentencias anticipadas.
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Así las cosas, otra clave importante fue ponerse al día con las condenas que había pendientes. “Cuando yo llegué no sabía qué sentencia había que pagar y eso lo mandé a la Procuraduría. Entonces me tocó empezar a reconstruir la información y habían pagos de hace un año sin hacerse. Eran más de 50 casos por más de $12.000 millones”, relató el secretario General de la Alcaldía, Sebastián Gómez, según el cual la consigna hoy día es pagar las penalidades económicas en los tres meses siguientes a la fecha en que se fallen.
Uno de los procesos con retraso aberrante fue el de la muerte de la psicóloga Márjorie Kísner, la psicóloga que fue asesinada por un postpenado en diciembre de 2008, cuando trabajaba para un programa de la Alcaldía de Medellín, y en el cual el juez consideró que no se le había brindado las garantías dentro de esa labor.
Uno más fue la demanda del Metro por $160.000 millones originada en la falta de desembolso por parte de la anterior administración del alcalde Daniel Quintero, de las obligaciones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) con los que se subsidian los pasajes del sistema masivo de transportes.
“Si es clara la evidencia de que la administración es responsable, hay que conciliar y así nos evitamos desgastes y pagos mayores. Esta opción la estamos tomando sobre todo en temas laborales”, apuntó el Secretario General, quien aclaró que sin embargo esto se hace solo en contados casos, cuando el fallo en contra es inminente, ya que la consigna es salvaguardar los recursos del erario a toda costa.
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Gómez indicó que la mayoría de los casos vigentes en los que se tiene que defender el Distrito están relacionados con demandas de reparación directa por supuestas fallas en el servicio y dentro de ese ítem se cuentan asuntos tan disímiles como actuaciones controversiales de agentes de tránsito, problemas ocasionados por mala señalización o, de pronto, por algún hueco en la vía que le produce un traumatismo a una persona, hasta pleitos con ciudadanos que alegan como prescrito algún cobro que se les esté haciendo del predial o del impuesto de industria y comercio, o que protestan por el valor de ese gravamen y por tanto piden que se les revise.
Las demandas vigentes de personas por traumas supuestamente sufridos a causa del mal estado en una acera o calle suman alrededor de 40 –muchas están vivas desde hace hasta 15 años– y las pretensiones se acercan a $25.000 millones.
“En ninguna de esas hemos conciliado porque se debe probar primero que la Alcaldía tuvo o debió tener conocimiento de la existencia de ese hueco o de ese andén averiado. Y lo segundo, que esa sí haya sido la causa del accidente, porque supongamos que alguien va en exceso de velocidad en su carro o moto y se cae; solo por el hecho de haber un hueco en la vía significa que se atribuye a la alcaldía”, explicó Gómez.
Las acciones contra el Distrito en materia de tránsito, por lo general son por fotomultas, la mayoría interpuestas por conductores que consideran que se les violó el debido proceso porque no los notificaron a tiempo o no les enviaron la comunicación a la dirección correcta o porque no les programaron una audiencia, pero igualmente por personas que fueron multadas por embriaguez y por tanto se enfrentan no solo a sanciones de hasta $40 millones sino a la pérdida de la licencia de conducción por más de diez años o hasta de por vida, y por eso contraatacan en el ámbito jurídico para no verse sometidos a un castigo tan severo.
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Todas las anteriores hacen parte de un conjunto de acciones contra actos administrativos, que representa el 91% en cuanto a número de demandas y el 70,7% de las pretensiones en dinero ($3,47 billones); le siguen los litigios contractuales y ejecutivos (364 demandas y $1,4 billones en valor) y en tercer lugar están los temas laborales (337 por $18.318 millones).
Una de las sentencias condenatorias más reciente se conoció en la primera semana de este mes. El Juzgado 17 Administrativo de Medellín falló a favor de los comerciantes del bloque Las Malvinas, de la Central Mayorista, que lo perdieron todo en un incendio acontecido en julio de 2017 y ordenó indemnizarlos con más de $66.000 millones, de los cuales el Distrito de Medellín debería responder por el 70% y la Mayorista por el 30% restante. El secretario Gómez adelantó que apelará.
Diez tutelas por día
Más de la mitad de las demandas todavía se encuentran en una etapa de debate de pruebas en tanto que entre el 20 a 30 por ciento están ya esperando sentencia y el resto en fases iniciales de los procesos.
“Hoy tenemos muchas acciones populares y tutelas; al día podemos recibir 10 tutelas”, anotó Gómez.
Ninguna aseguradora ofrece una póliza que cubra explícitamente el riesgo judicial con un volumen de reclamaciones económicas en contra de una entidad tan grande y compleja como la Alcaldía de Medellín. Aunque sí hay una póliza general de responsabilidad civil esta llega fácilmente al tope establecido, ya que de allí salen incluso los pagos cuando un carro adscrito al Municipio se choca y condenan a la administración. La segunda opción es cubrir la plata con el rubro denominado “pago de sentencias y conciliaciones judiciales”, que se apropia anualmente dentro del presupuesto, y la tercera es tratar de recuperar la pérdida con acciones de repetición (demandas) contra los servidores públicos que se efectúan cuando las condenas parten de malas acciones de estos. Ese último es un recurso que hoy día está activo en 12 procesos con pretensiones a favor de la Alcaldía por $361 millones, pero Gómez lo cita también al referirse al proceso en el que, el mes pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó indemnizar a una empresa por $2.358 millones. La razón es que aunque iban de primeros en una licitación por $70.000 millones en el año 2023 para reparación de la malla vial, dos funcionarios de la administración Quintero habrían direccionado la elección hacia otra compañía. En esta ocasión, los dos implicados deberán pagar alrededor de $2.000 millones.
Ofensiva para recuperar bienes
Gómez destaca que a pesar de que una buena parte de los esfuerzos se van en tratar de “tapar goles”, hay dos cosas positivas: la primera, que la tasa de casos que gana el Distrito ha aumentado hasta el 90%, lo que quiere decir que de cada diez demandas obtiene fallos positivos en nueve. Y la segunda, que también han activado una posibilidad que parecía olvidada en el pasado, y es que la administración puede ser sujeto activo en procesos para defender el interés ciudadano.
Una acción emblemática en ese sentido fue la demanda de EPM que desembocó en el embargo de cuentas por $83.309 millones del Ministerio de Minas, a raíz de las deudas por concepto de pago de subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 de la población. Además hay otras acciones similares presentadas por Afinia –filial de EPM en la Costa Atlántica– y otras empresas adscritas al conglomerado paisa de servicios públicos, pues los compromisos atrasados sumaban $1,25 billones con corte al 31 de diciembre pasado.
Un frente adicional de “batalla” es el manejo de cerca de 3.000 bienes fiscales que posee el Municipio, muchos de los cuales están en manos de personas particulares, invadidos. Entre las conquistas logradas hasta ahora está la recuperación efectiva de un lote inmenso en La América conocido como el Parque de Los Tobón y que estaba ocupado hacía dos décadas, según Gómez.
“Este proceso lo lideró la Secretaría General y ahí vamos a hacer el CAI de La América”, adelantó el funcionario.
El otro triunfo fue el fallo a favor con relación a otro terreno de 10.000 metros cuadrados en el sector de La Asomadera, donde ha funcionado un parqueadero. Gómez aceptó que aunque ya está la orden del juez para tomar posesión, falta hacer la recuperación física y están investigando la posible participación de grupos criminales en esa toma. “Hasta tenían una estación de gasolina adentro”, apuntó.
Uno más es un predio en el Cerro de Las Tres Cruces, en la Loma de los Bernal (comuna 16), también recuperado ya.
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Teniendo en cuenta que en casi ninguna parte de la ciudad el metro cuadrado pasa del millón de pesos en promedio, las recuperaciones significan cuantías altas, pero la ganancia muchas veces supera lo económico. En ese sentido, caso aparte es el relacionado con el Ecoparque San Cristóbal. Dentro de este habían desviado de manera irregular el cauce de la quebrada La Hueso para construir piscinas y cabañas cuyo uso cobraban. A finales de mayo un fallo del Juzgado 36 Administrativo de Antioquia ordenó la restitución al Distrito y este tomó de inmediato posesión con maquinaria para contrarrestar el daño ecológico.
“Ahí viene un reto, porque una cosa es recuperar los predios que nos han invadido y otra es saber qué vamos a hacer allí. Primero tenemos que revisar el POT a ver qué se puede hacer y revisar las circunstancias ambientales, porque, por ejemplo la gente dice que hagamos un parque, pero en zonas de retiro de quebradas no podemos”, agregó el Secretario General.
La nueva herramienta de la administración para vigilar sus bienes es el empleo de inteligencia artificial que permite comparar mediante imágenes satelitales qué está pasando dentro de ellos sin necesidad de tener un vigía en cada uno.
Pelea pendiente en el Consejo de Estado
La tragedia por el colapso del edificio Space, con 12 víctimas mortales y muchos damnificados sin techo, el 12 de octubre de 2013, sigue en la memoria de los medellinenses. La condena contra la Alcaldía a pagar $11.000 millones (25% del total, que son $30.891 millones) fue confirmada por el Consejo de Estado hace tres meses y se honró el 30 de mayo pasado.
Y aunque ya no hay reversa por ser una sentencia de cierre, el Distrito sigue con una puja ante el Contencioso, pues considera que se pueden jugar otros procesos similares que están pendientes.
En este caso, jugó en contra que la Alcaldía no habría ejercido el control que debía cuando construyeron esa estructura. Sin embargo, el argumento que está defendiendo la administración es que si la licencia de construcción la otorga una curaduría y por las obras debe responder un privado, el rol del Distrito es limitado; por tanto también lo es su responsabilidad a la hora de certificar si los materiales son los adecuados.
La otra arista de la discusión es que algunos consideran que cuando otros involucrados no tienen solidez económica, el Distrito debe ser responsable “solidario” por el total de las demandas y luego recobrarles.
“Esa pelea todavía la estamos dando en el Consejo de Estado, en Bogotá porque para las finanzas del Distrito sería muy grave”, anotó el secretario General, Sebastián Gómez.
Por razones similares a las del Space, el Distrito también está demandado en casos por otros edificios consideradas “enfermos crónicos”, como Continental Towers, que está en primera instancia; Bernavento, Asensi y varios del sector de Calasanz.
Lo que está en juego por esas demandas alcanzaría los $200.000 millones, según Gómez.
