Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste
Un nuevo informe denuncia el aumento de la explotación sexual, reclutamiento de menores y persecución a líderes en medio del recrudecimiento del conflicto.
Periodista. Cubro temas de medio ambiente.
La crisis humanitaria en el Suroeste va mucho más allá del aumento en las muertes violentas año a año por cuenta de la disputa del Clan del Golfo y al menos otras seis organizaciones criminales por la disputa por la minería ilegal de oro y el microtráfico. Las corporaciones para la Vida Mujeres que Crean, Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), acaban de publicar el Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño 2025, una radiografía que expone los hechos de violencia contra la población civil, la mayoría invisibilizados. Entre 2024 y el 30 de septiembre de 2025, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV– registró 1.412 víctimas de desplazamiento forzado en el Suroeste.
Las violencias invisibilizadas
Pero la del Suroeste también es una violencia selectiva, que ha impactado, por ejemplo, de manera diferenciada a mujeres y poblaciones diversas, quienes según el Informe enfrentan múltiples formas de violencia: física, simbólica, económica y estructural.
Testimonios recogidos evidencian instrumentalización y explotación sexual. “Se llevan las mujeres para servicio sexual, para el lavado de ropa, labores de cuidado relacionadas con el microtráfico”, destaca el Informe en uno de sus capítulos.
Tal como consta en el informe, el Suroeste es una de las subregiones con menos denuncias de violencias basadas en género, lo que implica altísimos niveles de subregistro.
Este ocultamiento se debe a amenazas, dominio del grupo armado, temor al reproche social y falta de apoyo familiar y social. Entre enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, según datos de la Policía Nacional, se presentaron 419 denuncias por delitos sexuales en Suroeste, incluyendo niñas y niños menores de catorce.
El documento da cuenta de dos delitos ampliamente invisibilizados cuando se habla de violencia en la región: la prostitución forzada y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna). Es una práctica recurrente, con picos en épocas de cosecha, cuando se trafican mujeres de otras zonas para la prostitución y hay denuncias de abuso a menores, con consentimiento de padres, por dinero. La Oficina de Andes, según el documento, controla redes de Escnna. Entre 2024 y 30 de septiembre de 2025 se instauraron 140 denuncias por actos sexuales con menor de 14 años, 80 por acceso carnal abusivo contra menores de 14 años, 60 por acoso sexual, 45 por acto sexual violento y 40 por acceso carnal violento.
Los niños, niñas y adolescentes están siendo instrumentalizados por organizaciones criminales para el consumo y la comercialización de estupefacientes, pero también para reclutarlos como informantes, transportadores y expendedores de drogas.
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Las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen evidencia de que el Clan del Golfo y La Oficina de Andes ejercen control social y se han “posicionado” como la autoridad entre jóvenes de barrios y veredas en varios municipios al convertirlos al convertirlos en adictos y aprovechar su vulnerabilidad socioeconómica para fungir como “salvadores”.
El Informe denuncia que en Santa Bárbara el reclutamiento de menores de 12 a 16 años es alto, particularmente estudiantes, para utilizarlos en roles de distribución de droga y sicariato. A las víctimas se les incita a consumir y luego se les asignan “tareas” hasta su vinculación. Una vez en los grupos, la familia también se ve afectada, y se les obliga a “probar finura” atacando a familiares. Deudas con estos grupos han llevado a la entrega de niñas menores de 14 años para ser violadas.
También está pasando en los resguardos indígenas. La vinculación de niños, niñas y adolescentes indígenas en el resguardo de Kristianía, en Jardín, dejó en septiembre y octubre de 2024 dos homicidios de indígenas dentro del resguardo, bajo la modalidad de sicariato y vinculados al microtráfico, derivaron en el desplazamiento de familias indígenas. Las lideresas de la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos han sido amenazadas y hostigadas, siendo víctimas de violencia política y ciber-violencias por denunciar estos crímenes contra menores de edad en el territorio.
El Informe también segmentó los hechos victimizantes que padecen actualmente los trabajadores en las fincas cafeteras, que en épocas de cosecha, como la que se extenderá hasta diciembre próximo, convocan hasta 80.000 recolectores quienes se convierten en un objetivo clave para el mercado de estupefacientes, por varias razones, incluyendo el hecho de que disponen de dinero líquido, y por ello se les induce al uso de sustancias psicoactivas como medio para mejorar el rendimiento en las extensas jornadas laborales.
El documento señala que administradores de fincas cafeteras y sus familiares, así como los recolectores, han sido víctimas de homicidios por algún tipo de retaliación ligada a este negocio. La población consumidora de drogas es parte de la población socialmente estigmatizada, presuntamente objetivo de la “limpieza social”, y para la que las instituciones públicas, de acuerdo con el Informe, no tienen ninguna oferta de salud pública.
Liderazgo ambiental entre balas
Finalmente, el informe hace una preocupante denuncia sobre la creciente amenaza que se cierne sobre los líderes ambientales en municipios como Jericó, Támesis y Caramanta, que llevan años ejerciendo un visible liderazgo en oposición a proyectos mineros, como Quebradona, de AngloGold Ashanti.
A la extensa lista de conflictos jurídicos, políticos, sociales y territoriales entre campesinos y defensores del medio ambiente con estos proyectos y sus aliados, se suma ahora la presencia cada vez más atemorizante de actores armados en zonas ampliamente reconocidas por su ejercicio medioambiental, como Palocabildo, en Jericó.
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El informe habla de testimonios de habitantes de Jericó con denuncias puntuales sobre la presencia de hombres armados patrullando vestidos de negro y encapuchados por el corregimiento de Palocabildo, así como en las veredas La Viña, La Selva, La Raya, La Aguada y en el sector de Las Playas. También han sido vistos en las veredas Río Frío, La Alacena, La Matilde, El Tacón, San Antonio, Otrabanda, Juventud, en el sector de La Yarumala y en el Resguardo Indígena La Mirla. A las organizaciones que construyeron el informe les llama la atención que parte de estas veredas se encuentran en zona de influencia del proyecto minero Quebradona.
El informe apunta a la necesidad de un abordaje integral, que vaya más allá de intervenciones militares que pueden llegar a agravar la situación humanitaria de las poblaciones más amenazadas en los 23 municipios. Rutas diferenciales para el abordaje jurídico y técnico en casos de violencia basados en género y Escnna, garantía de justicia ambiental, protección a líderes sociales, masificación de oferta laboral y educativa tecnificada, una verdadera respuesta más allá de simples operativos ante una violencia que está carcomiendo a una región que aporta más del 5% del PIB de Antioquia y que tiene un patrimonio cultural, natural y social insustituible.
“Lo que hemos encontrado es la aparición de un bloque paramilitar llamado Ewdin Román Velásquez que tiene alto interés en la minería. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que de la fase del exterminio del enemigo armado pasen a la fase donde los líderes ambientales, campesinos, organizaciones sociales que se estén oponiendo al cambio de modelo económico, tienen alto riesgo, porque lo que va a imponer este grupo a sangre y fuego es este modelo”, expresó Carlos Zapata, presidente de la Agencia IPC.