¿Qué pasará con la JEP en la era de Abelardo De la Espriella?

Desde su candidatura presidencial, Abelardo De la Espriella dejó claro que uno de los principales frentes de confrontación de su gobierno será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde la campaña la calificó como un “directorio político disfrazado de tribunal”, prometió desaparecerla y, ya como presidente electo, ha reiterado que buscará desmontar lo que considera un “sistema de impunidad”.

Sin embargo, su ministro de Justicia designado, Iván Cancino, dijo recientemente que no acabarán con ella. Afirmó que el tribunal “tiene términos constitucionales”, pero que “sus facultades de investigación acaban más o menos pronto y han tenido el tiempo suficiente para dar resultados”.

Agregó que “tendrán que responder al país” y que desde el gobierno tienen “algunas dudas” que “amablemente les diremos porque ni más faltaba que el gobierno se vaya a meter en la independencia de ninguna corte”. Concluyó que revisarían temas como “de gasto” o si se va a investigar o no “la Farc-política”.

Las críticas de De la Espriella por costos y sanciones a las Farc

En distintos escenarios, De la Espriella aseguró que, tras casi una década de funcionamiento, la JEP no ha cumplido con los objetivos de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Además de cuestionar sus resultados, el presidente electo ha enfocado sus críticas en el costo de funcionamiento de la jurisdicción. En una entrevista con Caracol Radio afirmó que le preocupaba “la cantidad de plata que cuesta ese bodrio” y prometió hacer “todo lo que esté en sus manos, en el marco de la Constitución y la ley”, para impedir que esos recursos siguieran destinándose a la JEP, al considerar que podrían invertirse en otras prioridades del Estado.

Desde septiembre de 2025, cuando la JEP impuso las primeras sanciones propias a siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc por el caso de secuestro, De la Espriella prometió que, de llegar a la Presidencia, la jurisdicción “desaparecería” y calificó la decisión judicial como “un parapeto de supuesta justicia”.

En su criterio, este permitió la impunidad de los máximos responsables de más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto.

Ya como presidente electo, el enfrentamiento escaló tras la autorización que la JEP concedió a Rodrigo Londoño, “Timochenko”, para viajar a España.

De la Espriella dijo que el excomandante guerrillero “merece estar preso de por vida” y afirmó que trabajará para lograrlo.

Un día después, cuando Londoño regresó al país para presentarse nuevamente ante la JEP, el mandatario electo volvió a pronunciarse en sus redes sociales y endureció el tono de sus mensajes.

“No habrá perdón ni olvido”, escribió, al asegurar que las víctimas del conflicto aún esperan verdad, justicia y reparación.

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El blindaje constitucional y el antecedente del gobierno de Iván Duque

Los expertos advierten que el margen de acción del Ejecutivo está limitado por el blindaje constitucional e internacional que protege la existencia de la JEP. Eso último va en línea con lo que dijo Cancino.

No obstante, entre el discurso político y la posibilidad jurídica existe una amplia distancia. Aunque De la Espriella ha anunciado que hará “todo lo que esté en sus manos” para acabar con la JEP, constitucionalistas y expertos en justicia transicional coinciden en que el Gobierno no tiene la facultad de eliminarla mediante decreto o una decisión administrativa. El escenario recuerda lo ocurrido durante el gobierno de Iván Duque.

El entonces presidente también llegó al poder con la promesa de modificar la justicia transicional e incluso objetó la Ley Estatutaria de la JEP, pero la Corte Constitucional rechazó sus reparos y el tribunal continuó funcionando sin cambios estructurales.

Cabe recordar que la JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, por lo que hace parte de la Constitución. Eso significa que cualquier intento de eliminarla requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso, un trámite complejo que estaría sujeto al control de la Corte Constitucional.

Además de eso, especialistas recuerdan que la JEP también hace parte de los compromisos internacionales asumidos por Colombia con la firma del Acuerdo Final de Paz, razón por la cual cualquier modificación sustancial tendría implicaciones frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Ese doble respaldo —nacional e internacional— ha sido descrito por distintos juristas como un “blindaje” que limita el margen de maniobra del nuevo Gobierno. Y en ese sentido han estado encaminadas las respuestas de la JEP.

Supresión de la Comisión de Paz y recortes al presupuesto de la JEP

Lo cierto es que los cuestionamientos contra la JEP quedaron ya acompañados de las primeras decisiones administrativas del gobierno entrante.

De la Espriella anunció la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el traslado de sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad, además de suprimir la figura del Comisionado para la Paz bajo el argumento de que “no habrá más procesos de falsa paz”.

La JEP recibe financiación a través del Presupuesto General de la Nación. Esta es la base principal del tribunal, donde el Ministerio de Hacienda le asigna recursos cada año, dentro de los rubros de Gastos de Inversión y Funcionamiento.

Con los recortes anunciados por el presidente electo, el tribunal podría seguir funcionando, pero sin su fuente principal, siendo financiado por el Fondo Colombia en Paz, que tiene subcuentas y patrimonios autónomos diseñados exclusivamente para garantizar la logística, la infraestructura de las salas y los programas de participación de las víctimas, así como la cooperación internacional mediante fondos multidonantes de las Naciones Unidas.

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La respuesta de la JEP: el magistrado Alejandro Ramelli responde a las amenazas

El presidente del tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que la entidad cuenta con un “blindaje constitucional e internacional” que garantiza su permanencia y recordó que el cumplimiento del Acuerdo de Paz sigue bajo seguimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.

Ramelli ha insistido, además, que la JEP mantenga abierta la puerta para establecer un diálogo institucional y “constructivo” con el nuevo Gobierno y afirmó que actuarán dentro del marco de sus competencias y de la autonomía judicial. El presidente electo no le ha respondido.

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puede el presidente eliminar la JEP por decreto?

No. Al ser creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP es norma constitucional. Su desmonte requiere una reforma aprobada por el Congreso de la República y la posterior revisión de la Corte Constitucional.

¿Qué pasa si el Gobierno le recorta el presupuesto a la JEP?

Aunque el Ejecutivo controle el Presupuesto General de la Nación, la JEP cuenta con fuentes alternativas como el Fondo Colombia en Paz, patrimonios autónomos y fondos multidonantes de cooperación internacional coordinados por la ONU.

¿Qué postura tiene el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, de la JEP?

Iván Cancino aclaró que no buscan eliminar la JEP de forma administrativa, pues respetarán los términos constitucionales de la corte, aunque pedirán explicaciones sobre sus gastos de funcionamiento y avances en investigaciones como la “Farc-política”.