¿Uribe será investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de dos décadas? Esto dice su defensa

Desde hace varios días, el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a aparecer en el centro del debate judicial, a raíz de procesos que plantean presuntas complicidades y alianzas entre sectores de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en la comisión de masacres y homicidios selectivos durante la década de los noventa.

Fue el propio exmandatario quien, a través de sus redes sociales, advirtió que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de reactivar un proceso en su contra por hechos ocurridos durante su paso por la Gobernación de Antioquia.

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“Mis abogados preparan una solicitud a la Fiscalía y espero enviar una carta a la señora fiscal sobre los hechos. Con todo respeto, recordaré que la acusación contra mí la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”, dijo Uribe en redes sociales.

¿Por qué se habla de crímenes de lesa humanidad en el caso Uribe?

Las investigaciones a las que se refiriere están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra.

El expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales, como la actual. En ese contexto, su abogado defensor, Jaime Granados, elaboró un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.

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La posición de los abogados del expresidente Álvaro Uribe.

Granados reiteró que los señalamientos que periódicamente resurgen contra Uribe se apoyan en una narrativa construida a partir de rumores, interpretaciones políticas y testimonios contradictorios que ya fueron examinados por la justicia ordinaria. A su juicio, los expedientes contienen pruebas técnicas y documentales que desvirtúan la tesis de una responsabilidad directa o indirecta del entonces gobernador de Antioquia (1995–1997).

Uno de los ejes de esa discusión es la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en donde 15 campesinos fueron asesinados por las Autodefensas. Testimonios de sobreviviente sostienen que durante la incursión paramilitar vieron sobrevolando al helicóptero de la Gobernación.

“Cabe precisar que el conocimiento acerca de la ejecución de la masacre, por parte de la administración departamental, no sólo se restringía a la información previa suministrada a Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno departamental, sino que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según le informó por radio el comandante Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un fallo del año 2015 del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que iniciara un proceso de investigación al entonces senador Uribe.

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Frente a esto, el abogado Granados aseguró que la supuesta presencia del helicóptero de la Gobernación en la zona no fue acreditada judicialmente. De acuerdo con la defensa, bitácoras de vuelo, peritajes de la Aeronáutica Civil y testimonios de pilotos establecieron que ninguna aeronave oficial estuvo en el lugar durante los días de la incursión paramilitar, por lo que esa versión habría surgido de confusiones en medio del terror vivido por la población.

En la misma línea, la defensa recuerda que el testimonio de Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto al entonces gobernador felicitando a los responsables de la masacre, fue controvertido con registros oficiales de agenda y presencia pública de Uribe en Medellín y Bogotá, lo que, según Granados, hacía imposible su presencia en la zona en las fechas señaladas.

En relación con la masacre de La Granja, ocurrida en 1996 en el municipio de Ituango, donde cinco personas fueron asesinadas por las Autodefensas en plena plaza principal, acusadas de ser supuestos colaboradores de las Farc, la defensa sostiene que el marco constitucional vigente en ese momento limitaba el rol del gobernador a funciones administrativas, sin mando operativo sobre las Fuerzas Militares.

“La gobernación de Antioquia y sus funcionarios más altos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir, las ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, dice el fallo del Tribunal del 2015.

En ese contexto, Granados sostiene que existen actas de Consejos de Seguridad en las que la Gobernación solicitó refuerzos para Ituango, lo que, a su juicio, descarta una conducta dolosa o de aquiescencia frente a la actuación de grupos armados ilegales.

En cuanto al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en 1998, quien para entonces denunciaba el asedio de estructuras paramilitares en la subregión del norte de Antioquia, la defensa subraya que no existe un nexo causal probado que vincule al expresidente con ese crimen.

Por ese crimen, fueron condenados a 30 años de prisión los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio. Los sujetos además son investigados también por participar en las citadas masacres.

En ese punto, Granados asegura que las tensiones entre el defensor de derechos humanos y la Gobernación se dieron en el plano institucional, sin que existan pruebas de amenazas u órdenes provenientes del entonces mandatario.

La defensa cuestiona la credibilidad de algunos testigos que han reaparecido en el debate público, entre ellos exjefes paramilitares que han variado sus versiones a lo largo del tiempo. En particular, se refiere a declaraciones recientes que contrastan con afirmaciones anteriores rendidas ante la justicia, lo que, a su juicio, obliga a una valoración estricta y cautelosa de esos relatos.

Finalmente, frente a las críticas por el impulso a las asociaciones Convivir, el abogado recuerda que estas figuras se crearon bajo un marco legal nacional y no por iniciativa discrecional del gobierno departamental. Según la defensa, eventuales delitos cometidos por algunos de sus integrantes no pueden trasladarse automáticamente como responsabilidad penal al gobernador que promovió su implementación conforme a la ley vigente en ese momento.

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Para la defensa, la eventual reapertura de estos procesos, reabriría debates ya resueltos judicialmente y plantearía interrogantes sobre seguridad jurídica. Del otro lado, sectores de víctimas y defensores de derechos humanos insisten en que los hechos deben seguir siendo esclarecidos.

“Es importante para la conformación de civilidad de nuestra nación el exaltar las virtudes de la gente buena, no, como ha ocurrido, que se sobredimensiona a verdaderos genocidas”, concluye el fallo del Tribunal del año 2025 que compulsó copias contra el exmandatario.