La falta de transporte escolar y el abandono institucional dejaron a un niño sin clases durante años. El caso llegó a la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes.
Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.
El Gobierno aprueba recursos, designa presupuestos, anuncia ampliación de cobertura, promete entregar kits escolares... y así, una lista larga de titulares que suenan bien y empujan, al menos en el papel, el sistema educativo en Colombia. Pero, como dicen, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Porque en la práctica, el acceso a la educación no es igual para todos. Mientras en las ciudades la cobertura supera el 80 %, en el campo apenas pasa del 50 %, según el DANE. Es decir, miles de niños siguen quedándose por fuera del sistema. Y los que logran entrar tampoco la tienen fácil, desertan más, llegan menos a terminar el bachillerato y aprenden en condiciones mucho más precarias.
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Para las familias campesinas, sobre todo en regiones afectadas por el conflicto armado como Norte de Santander, el abandono estatal no se mide en cifras ni en gráficos: se vive a diario.
Volver a estudiar, una batalla judicial
En una apartada zona rural de Norte de Santander, una familia campesina, sin mayores estudios, logró que su hijo no se quedara por fuera del sistema educativo. Pero el camino estuvo difícil. Todo empezó hace una década cuando la escuela de la vereda en la que siempre habían vivido fue cerrada por las pésimas condiciones de su infraestructura.
Desde entonces, varios niños quedaron sin acceso real a la educación. Lo que para muchos se volvió costumbre, no estudiar, para Rosalba fue una línea que no estaba dispuesta a cruzar.
Mientras en el país se habla de cobertura, en veredas como la suya la realidad es otra, no hay colegio cercano, no hay transporte y, muchas veces, no hay opciones. Esa es la razón por la que, en promedio, un niño rural estudia varios años menos que uno en la ciudad.
Rosalba, dedicada a las labores del campo, decidió no resignarse. A través de una acción de tutela, llevó el caso hasta la Corte Constitucional para exigir que se protegiera el derecho de su hijo, Manuel, a recibir educación.
De acuerdo con el expediente, la sede educativa de su vereda lleva más de diez años cerrada, lo que obligó a la familia a buscar alternativas en otras zonas rurales. Manuel fue matriculado en una institución lejana, pero la falta de transporte escolar gratuito terminó siendo otra barrera. El niño no pudo seguir asistiendo a clases y su proceso educativo quedó interrumpido.
Lo que le pasó a Manuel, le pasa a cientos. En muchas zonas rurales, ir al colegio implica caminar horas o, simplemente, no ir. Esa desconexión termina pasando factura y los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que la brecha entre estudiantes rurales y urbanos no solo persiste, sino que se ha ampliado, pasando de 18,5 puntos en 2014 a 26 puntos en 2024.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, analizó el caso y concluyó que Manuel es un sujeto de especial protección, no solo por su edad, sino por vivir en un territorio donde acceder a la educación sigue siendo un reto.
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En la sentencia, el alto tribunal reiteró que el Estado debe remover los obstáculos que impiden el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en zonas apartadas. Recordó que los estudiantes rurales no pueden seguir en desventaja frente a los urbanos, porque eso termina afectando su derecho a la educación y, de paso, sus oportunidades de vida.
La Corte encontró que ni el Centro Educativo Rural, ni la Alcaldía, ni la Secretaría de Educación lograron demostrar acciones reales para evitar que Manuel desertara. No hubo seguimiento, ni contacto con la familia, ni intentos por solucionar el problema de fondo.
Ordena reabrir la sede educativa
Ante ese panorama, la Corte ordenó garantizar la reincorporación inmediata de Manuel al sistema educativo. Dispuso que se le asigne un cupo, se le garantice transporte escolar gratuito, en condiciones de seguridad y continuidad, y se implemente un proceso de nivelación académica para recuperar el tiempo perdido.
El alto tribunal también ordenó hacer un censo de niños y adolescentes en la zona para identificar cuántos están en la misma situación, y evaluar si es viable reabrir la sede educativa cerrada para el año lectivo 2026.
La urgencia no es menor. En regiones como Norte de Santander, el conflicto armado sigue atravesando la vida escolar. Solo en 2024, la Defensoría del Pueblo registró 89 afectaciones a instituciones educativas en distintos departamentos, y el reclutamiento de menores pasó de 96 casos en 2020 a 533 en 2024. De 2025 y 2026, no existen cifras consolidadas.
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En ese contexto, dejar a un niño por fuera del colegio no es solo un problema educativo, es también abrirle la puerta a otros riesgos.
Por eso, al final, la Corte volvió a recordar lo evidente, pero aún incumplido, la educación es un derecho fundamental que debe garantizarse en todo el territorio, sin importar qué tan lejos quede la escuela o qué tan olvidada esté la vereda. Porque mientras en el papel se anuncian coberturas y presupuestos, en lugares como el de Manuel, estudiar sigue siendo, literalmente, una batalla.