César Gaviria denuncia una “guerra sin cuartel” contra Antioquia y cuestiona el discurso de lucha de clases de Petro
El expresidente y director del Partido Liberal acusa a Petro de estigmatizar a Antioquia y de atacar a la clase empresarial. En una nueva carta, canalizada a través del gobernador de Antioquia, el dirigente liberal reclama la intervención de las autoridades nacionales y sitúa el enfrentamiento político en el centro del debate sobre el modelo de desarrollo y la seguridad jurídica en la región.
César Gaviria Trujillo, presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y actual jefe del Partido Liberal, ha elevado el tono de su confrontación con el presidente Gustavo Petro al denunciar lo que califica como una “guerra sin cuartel” contra el departamento de Antioquia y un ataque persistente a su tejido empresarial. En un documento difundido en enero de 2026, el exmandatario sostiene que desde la llegada de Petro al poder la región ha sido objeto de críticas y decisiones que, a su juicio, afectan tanto a su identidad cultural como a su economía productiva.
Según se desprende de esa carta, trasladada institucionalmente por el gobernador de Antioquia al Ministerio de Justicia, Gaviria pide la atención de las autoridades nacionales frente a lo que interpreta como un clima de estigmatización política y económica hacia el departamento. El exjefe de Estado vincula estas tensiones con el discurso de “lucha de clases” que atribuye al presidente Petro y que, en su opinión, estaría orientado a generar fracturas entre sectores sociales y productivos del país.
Carga contra el discurso de “lucha de clases”
En su pronunciamiento más reciente, Gaviria afirma que “el presidente Petro, fiel a su discurso de lucha de clases, se esfuerza por generar odio y resentimiento entre diferentes clases sociales”, y sostiene que ese enfoque se ha traducido en cuestionamientos reiterados a la filosofía de financiación de grandes proyectos de infraestructura en Antioquia, en particular las autopistas de cuarta generación (4G). El exmandatario interpreta esos señalamientos como un mensaje directo contra el empresariado antioqueño que ha participado en la estructuración y financiación de dichas obras.
Gaviria sostiene que, en varios discursos, el presidente ha sugerido que las inversiones en infraestructura beneficiarían principalmente a sectores de altos ingresos en Medellín, con referencias específicas a barrios como El Poblado y a la valorización de predios sin pago proporcional de contribuciones. Para el líder liberal, este tipo de declaraciones distorsiona el papel del empresariado regional como motor de inversión y empleo, y contribuye a presentar al sector privado como un actor privilegiado frente al resto de la población.
En esa misma línea, el expresidente afirma que el jefe del Estado ha empleado una narrativa que vincula rasgos de la cultura antioqueña con la violencia y el narcotráfico, llegando a mencionar una supuesta “cultura del fascio” y a sostener que en el lenguaje y las expresiones de la región “se esconde” una parte de la cultura del narcotráfico que habría que cambiar. Gaviria interpreta estas referencias como una generalización que “estigmatiza y agrede” al conjunto del departamento y que, en su opinión, excede el marco de la crítica política para convertirse en un cuestionamiento a la identidad colectiva.
Defensa del papel de Antioquia en la economía nacional
El dirigente liberal dedica buena parte de su escrito a repasar la contribución histórica de Antioquia al desarrollo económico de Colombia. Destaca que el departamento ha sido pionero en la ejecución de grandes obras de infraestructura, incluidas las redes de autopistas 4G, las conexiones hacia el Pacífico y el Caribe y el Túnel del Toyo, considerado el más largo de América Latina y estratégico para articular el centro del país con los puertos de Urabá.
En el plano productivo, Gaviria subraya el peso del departamento en el sector minero‑energético —como principal productor de oro de Colombia y responsable de más del 60 % de la producción de plata—, así como su diversificación agrícola con cultivos de banano y plátano en Urabá, flores en el Oriente antioqueño y aguacate Hass, sin olvidar el histórico clúster textil e industrial de Medellín. A su juicio, estos elementos respaldan la idea de una región cuyo empresariado ha sido “un motor de desarrollo nacional” y que requiere seguridad jurídica y estabilidad institucional.
El exmandatario también recuerda anteriores etapas de cooperación entre Antioquia y el Gobierno central, citando políticas de seguridad e inversión en infraestructura durante el mandato de Álvaro Uribe y proyectos energéticos impulsados en su propia presidencia, como parte de una trayectoria de coordinación institucional entre el nivel nacional y el departamental. Frente a ese antecedente, sostiene que el clima actual estaría marcado por la confrontación y la desconfianza.
Escalada de un pulso político previo
Las acusaciones de Gaviria sobre el trato del Gobierno a Antioquia se producen tras casi dos años de deterioro en la relación política entre el presidente Petro y el Partido Liberal. Desde 2024, el exmandatario ha difundido sucesivas cartas en las que critica lo que considera tendencias autoritarias en el Ejecutivo, advertencias sobre supuestos “golpes blandos” a la Constitución y un eventual desconocimiento de la autoridad presidencial si, a su juicio, se impusiera una “Constitución paralela” distinta a la de 1991.
En una misiva dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2024, Gaviria ya sostenía que el Gobierno había “incrementado sus posturas contrarias a la Constitución” y que habría desconocido fallos judiciales, especialmente en el marco de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. De forma paralela, en distintos foros y discursos públicos el líder liberal ha calificado al Gobierno de Petro como uno de los “más débiles y difíciles de entender”, al tiempo que ha denunciado ataques del presidente a la independencia judicial y a los medios de comunicación.
La tensión se acentuó en 2025, cuando Gaviria advirtió en una carta que, si el Gobierno insistía en lo que describía como una “Constitución Petro” contraria al consenso de 1991, sectores políticos podrían verse abocados a desconocer su autoridad como jefe del Estado. Esa afirmación generó una respuesta inmediata del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien replicó que el expresidente estaba “mal informado”, y dio paso a un cruce de declaraciones que consolidó la ruptura entre el Partido Liberal y la coalición de Gobierno.
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Respuesta del Gobierno y debate de fondo
El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha defendido reiteradamente que sus reformas en materia laboral, pensional y sanitaria se inscriben plenamente en la Constitución de 1991 y buscan fortalecer el Estado social de derecho. En su respuesta a las advertencias de Gaviria en 2025, el mandatario rechazó las acusaciones de inconstitucionalidad y argumentó que medidas como la reducción de la jornada laboral, la mejora de los recargos por trabajo festivo y el acceso de campesinos y jóvenes a pensiones y contratos formales constituyen pasos hacia una mayor justicia social.
En ese contexto, el jefe del Estado ha invertido la crítica señalando que fue el propio Gaviria quien, durante su presidencia, habría operado con una “Constitución paralela” mediante artículos transitorios que facilitaron procesos de privatización en sectores como la banca, la salud, las pensiones, la energía y las telecomunicaciones. Petro sostiene que esas decisiones debilitaron la base material del Estado social de derecho y contribuyeron a la expansión de la violencia y el paramilitarismo en décadas posteriores, una interpretación que el exmandatario liberal rechaza.
La controversia en torno a Antioquia se inserta, por tanto, en una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y el papel del empresariado en Colombia. Mientras Gaviria denuncia lo que interpreta como ataques verbales del presidente al empresariado antioqueño —incluidas alusiones a supuestos “empresarios de mentira” o vínculos con el lavado de activos— y advierte de un impacto en la reputación e inversión del departamento, el Gobierno argumenta que sus críticas se dirigen a prácticas específicas y a la necesidad de separar la economía legal de redes criminales, manteniendo que el objetivo es transformar estructuras de inequidad histórica.
En paralelo, el episodio de una tarima oficial en Medellín compartida con jefes de bandas criminales, que Gaviria y otros actores regionales interpretan como una afrenta simbólica a la institucionalidad de Antioquia, ha alimentado el debate sobre las estrategias del Gobierno frente a organizaciones armadas y la legitimidad de su presencia en escenarios públicos. El Ejecutivo defiende estos espacios como parte de procesos de diálogo para la superación del conflicto, mientras sectores de la oposición los consideran un mensaje equívoco hacia las víctimas y la ciudadanía.
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En este escenario, la carta remitida por el gobernador de Antioquia al Ministerio de Justicia, en la que se canalizan los cuestionamientos formulados por Gaviria, añade un componente institucional al choque político. La solicitud busca que la cartera valore el alcance de los pronunciamientos presidenciales y su efecto en la confianza de los agentes económicos, al tiempo que reabre el debate sobre los límites del discurso político cuando se refiere a regiones, sectores productivos y colectivos específicos.
La evolución de este conflicto entre el expresidente Gaviria y el presidente Petro será determinante para el clima político y económico de Antioquia en los próximos meses. A la espera de eventuales pronunciamientos formales del Ministerio de Justicia y de nuevos mensajes desde la Casa de Nariño, el cruce de cartas y declaraciones ha situado en el primer plano de la agenda pública cuestiones como la protección de la identidad regional, la relación entre Gobierno nacional y territorios y el equilibrio entre crítica política y estabilidad para la inversión y el empleo en una de las principales locomotoras económicas de Colombia.