El testigo clave de la Fiscalía que complica a César Manrique en el caso de la UNGRD

César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, continúa prófugo en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y mantiene vigente una orden de captura para cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La decisión fue ratificada por el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que confirmó la medida privativa de la libertad contra Manrique Soacha.

Con ello, también se mantiene la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol, tras resolverse la apelación presentada por su defensa y la de otros siete exfuncionarios vinculados al caso de corrupción que sacudió a la UNGRD.

De acuerdo con los documentos judiciales, el despacho concluyó que existen elementos suficientes para mantener la medida restrictiva, al considerar que Manrique representa riesgo de evasión y que su eventual libertad podría afectar el curso del proceso penal.

Su salida del país

El exfuncionario salió del país en agosto de 2025, pocos días antes de que una jueza de control de garantías resolviera la solicitud de aseguramiento presentada por la Fiscalía.

El ente acusador, en las distintas audiencias, ha indicado que Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían coordinado pagos ilegales a congresistas para asegurar respaldo político.

En uno de los episodios más relevantes, se habría gestionado la entrega de 3.800 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la emisaria Sandra Ortiz, además de otros pagos que son materia de investigación. Otros de los procesados son Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Andrés Rodríguez Melo y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”.

Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir, falsedad documental y peculado por apropiación, entre otros delitos. Luis Carlos Barreto, quien se desempeñó como subdirector de Conocimiento de la UNGRD entre el 29 de junio de 2023 y el 14 de mayo de 2024, suscribió un preacuerdo y principio de oportunidad con la Fiscalía y entregó una matriz de colaboración que amplía el alcance de las investigaciones.

Barreto, en su testimonio, afirmó que junto con Manrique suministró a Sneyder Pinilla los nombres de las empresas y contratistas que debían ser favorecidos, consolidando así el direccionamiento contractual. Con su declaración, el ente acusador refuerza la hipótesis de que altos funcionarios coordinaron la liberación de recursos públicos para posteriormente adjudicar contratos millonarios a cambio de sobornos, en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes que involucra a la UNGRD.

La investigación señala que Manrique, junto con otros altos exfuncionarios, habría integrado una estructura dedicada al direccionamiento de contratos y al desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en distintas regiones del país.

Por estos hechos, los implicados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos y falsedades documental e ideológica.

La conexión con la Agencia Nacional de Tierras

El expediente también detalla que una de las maniobras centrales consistió en modificar un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por un valor cercano a 100.000 millones de pesos, con el fin de liberar recursos que luego habrían sido orientados hacia contratistas previamente seleccionados.

En ese contexto es que habría ocurrido, según relato de Luis Carlos Barreto Gantiva ante la Fiscalía, la entrega de 3.800 millones de pesos a César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, como el pago de supuestos sobornos relacionados con siete contratos de la UNGRD que habrían sido adjudicados a personas cercanas al exfuncionario.

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Barreto aseguró que el dinero fue retirado del Banco Davivienda y posteriormente entregado en varios maletines con fajos de billetes de 100.000 pesos, en un baño cercano a la entidad bancaria, entre enero y marzo de 2024.

Según su declaración, el pago fue acordado con Olmedo López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, con el propósito de agilizar la adjudicación de los contratos. Manrique, quien renunció meses atrás a la Dirección de Función Pública, argumentó en su momento que su salida obedeció a amenazas y problemas de salud.

No obstante, la Fiscalía sostiene que habría facilitado la reducción en 100.000 millones de pesos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023 suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que permitió liberar recursos a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y, posteriormente, direccionar contratos bajo condiciones irregulares.

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La cita clave

De acuerdo con el ente acusador, la reunión clave para modificar el convenio se realizó el 25 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la ANT, con la participación de Olmedo López, Luis Carlos Barreto, César Manrique y el entonces director Gerardo Vega, junto con sus asesores.

Allí se habría acordado la reducción del convenio y el pago de una comisión ilegal equivalente al 7 % del valor liberado. En audiencia, el fiscal del caso señaló que, por la colaboración de Manrique y Barreto en la liberación de los 100.000 millones de pesos, se pactó esa coima a favor de López, quien la repartiría con otros funcionarios.

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La investigación indica que entre mayo de 2023 y septiembre de 2024 operó en la UNGRD una red que direccionaba contratos de emergencia y asistencia humanitaria mediante un esquema de contratación expedita.

Funcionarios alertaban previamente a contratistas sobre los bienes y suministros requeridos, permitiéndoles presentar cotizaciones infladas que incluían el valor de los sobornos.

Una vez adjudicados los contratos, los beneficiarios debían entregar un porcentaje de las ganancias como coima, que en algunos casos habría sido del 12 %. Entre los procesos señalados figuran contratos para carrotanques, mantenimiento de pozos, plantas desalinizadoras, sistemas de almacenamiento y otras obras destinadas principalmente a La Guajira.