No hay partido o movimiento político que esté exento. Sin importar si se trata de una agrupación o coalición de tendencia de izquierda, derecha o centro allí aparecen y pululan con miras a las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Se trata de personajes cuestionados, con líos judiciales, alfiles de polémicos políticos, algunos sin más mérito que ser herederos de poderosos clanes regionales u otros con familiares implicados en sendos escándalos.
Todos tienen un único propósito: asegurarse un cupo en el próximo Parlamento que asumirá a partir del 20 de julio. Hay de todo. Desde políticos con procesos abiertos por violencia intrafamiliar o agresiones contra la mujer, pasando por dirigentes con acusaciones de acoso sexual o de promover la precarización laboral, hasta actuales congresistas salpicados por maniobras non sanctas en el escándalo de corrupción que desangró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como implicados en presuntas irregularidades administrativas.
En el listado no pueden faltar aquellos que, con poderosos padrinos y clanes regionales detrás, insisten en hacer del poder en Colombia un ejercicio de sucesión entre amigos, familiares y roscas.
En pocos casos prima el mérito, la trayectoria profesional o el trabajo social. Como en cada elección en Colombia, parece que de por medio –una vez más–, predominan las alianzas, el amiguismo y, por supuesto, una abultada e enigmática chequera. Todo, con tal de hacerse a una apetecida curul en Senado o Cámara de Representantes. En disputa hay 102 plazas en la cámara alta y 185 para la baja.
En el entretanto, persiste la sostenida desconfianza de la ciudadanía en instituciones como el Congreso. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, revelada en noviembre pasado, el 55 % de los colombianos tiene una opinión desfavorable del Parlamento. En contraste, un 34,6 % tiene una percepción favorable. La conclusión es tajante: apenas una de cada tres personas considera que el Congreso es beneficioso o conveniente.
A juzgar por algunos de quienes lograron ingresar a las listas de diferentes partidos y movimientos, la percepción parece estar lejos de cambiar. A continuación, EL COLOMBIANO presenta un listado de más de una decena de candidatos al Congreso que figuran con cuestionamientos, dudas o señalamientos que ponen en tela de juicio su aspiración, lo que acentúa la desconfianza y recelo de algunos a la hora de votar.
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César Augusto Lorduy: Cambio radical
Con un incondicional espaldarazo de la poderosa casa Char de la Costa Atlántica, al Congreso espera retornar César Augusto Lorduy, quien en 2022 se quemó al intentar dar el salto de la Cámara al Senado. Aun tras haber sacado 54.633 votos, al exrepresentante no le alcanzó para quedarse con una curul. En este 2026 el desafío es revertir la situación; sin embargo, carga con más de un escándalo que pone en jaque su candidatura.
Tras su fallida aspiración, el barranquillero resolvió buscar un cupo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el respaldo de Cambio Radical. No obstante, en octubre de 2024, la representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, denunció que el entonces magistrado le habría pedido $500 millones a cambio de no anular la candidatura de una de sus aliadas: Patricia Caicedo, quien aspiraba a la Alcaldía de Santa Marta en 2023. Con todo, lo más escandaloso de la denuncia es que, según Aguirre, Lorduy le habría insinuado en tono sexual “tú puedes pagarme con tu cuerpo”. En 2021, se conoció además que fue acusado como presunto autor de un feminicidio en marzo de 1979.
Juan David Duque: Frente amplio Unitario
Bajo la sombra del exembajador Roy Barreras, su movimiento “La Fuerza” y la coalición “Frente Amplio Unitario”, al Senado espera llegar Juan David Duque, otrora secretario privado del exalcalde Daniel Quintero. El exfuncionario –quien ocupará el puesto 15 de la lista–, carga con el mote no solo de haber sido el primer funcionario en la historia de Medellín en someterse a una moción de censura por parte del Concejo, sino en ser declarado insubsistente.
Lo anterior, ante su silencio y falta de respuestas al escándalo de los fondos fijos, relacionado con el aparente uso irregular de la caja menor de la Alcaldía de Medellín por parte de Quintero y su primer anillo de confianza. Con tono beligerante a favor del polémico exalcalde Quintero, Duque adelanta una campaña apalancado en el petrismo.
Lo cierto es que en 2024, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria. La acusación es tajante: “se apropió indebidamente y en beneficio de terceros, de bienes destinados a satisfacer gastos necesarios, imprevistos y urgentes de la administración distrital de Medellín”.
Martha
Isabel Peralta: Mais
Aun con una investigación preliminar a cuestas por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la senadora petrista Martha Peralta busca asegurar su curul en el Congreso. La dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es señalada directamente por Olmedo López, exdirector del organismo, de supuestamente influenciar en contratos en La Guajira.
Recién este fin de semana, el columnista Aurelio Suárez reveló que la congresista –quien hace parte de la célebre Comisión Séptima– pasó de no tener bienes registrados a acumular, entre 2020 y 2023, propiedades cuyo valor catastral suma $2.121 millones, aunque su avalúo comercial superaría $4.000 millones, una cifra muy superior a lo que habría percibido como senadora en tres años y medio. Lo cierto es que Peralta no es la única salpicada por el caso UNGRD que aspira a repetir en el Congreso. En el ramillete se encuentran congresistas cuestionados como Wadith Manzur (Partido Conservador) o Julio Elías Chagüi (La U).
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David Ricardo Racero: PACTO HISTÓRICO
En el ramillete de cuestionados figura otro petrista purasangre también en líos con la Corte Suprema de Justicia. Se trata del representante David Racero, quien busca dar el salto al Senado con el aval del Pacto Histórico. El congresista es investigado por el delito de presunta concusión ligada al presunto uso irregular de sus trabajadores en un negocio personal –el famoso fruver–, así como por supuestas presiones para que hicieran pagos y consignaciones con parte de su salario. Por hechos similares, el Consejo de Estado adelanta un proceso de pérdida de investidura.
No deja de llamar la atención que, aún cuando ha predicado la dignificación laboral, en medio del escándalo se conoció un audio en el que Racero describe las condiciones laborales de una vacante para un fruver —minimercado de frutas y verduras—, en el que ofrece un salario mensual de un millón de pesos, sin ningún tipo de prestación legal, para una jornada laboral de 13 horas diarias, de lunes a sábado. El trabajador tendría un único día de descanso semanal.
Daniel Restrepo: Partido Conservador
Apalancado en uno de los primeros cinco renglones de la lista del Partido Conservador –lo que demuestra su dominio e injerencia–, figura el representante antioqueño Daniel Restrepo Carmona. El congresista aspira al Senado con el espaldarazo de uno de los pesos pesados de los godos: el saliente senador Carlos Andrés Trujillo, que –como barón electoral– buscará afian regresar a la Alcaldía de Itagüí en 2027. El reacomodo que lidera Trujillo –otro de los salpicados en el caso UNGRD– incluye un impulso para que el exdiputado Jaime Alonso Cano llegue a la Cámara.
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Tanto Trujillo como Restrepo son vistos como aliados del petrismo en el conservatismo, al punto que este último fue sancionado por apoyar la reforma pensional. La movida no es aislada. Una situación similar se repite en el Partido Liberal, donde el grupo político que lidera el exsenador Julián Bedoya –también de corte petrista– movió sus fichas en búsqueda de afianzar poder. La curul que dejará el senador Juan Diego Echavarría espera ser ocupada por la actual representante María Eugenia Lopera, férrea defensora de las reformas del Gobierno Petro.
Máximo Noriega: Frente Amplio Unitario
En la cuestionada coalición del “Frente Amplio Unitario” de Roy Barreras también hay cabida para otro polémico dirigente: se trata de Máximo Noriega Rodríguez, otrora funcionario de la Alcaldía de Bogotá en la era Petro y quien fuese el padrino político y financiador de la campaña del exdiputado Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del jefe de Estado. De hecho, Noriega es señalado de haber participado en la supuesta recepción de dineros del exnarcotraficante Samuel López Sierra y del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como “el Turco Hilsaca”, para la campaña Petro presidente en 2022.
El escándalo es de tal calado que si bien el dirigente, un petrista de vieja data, tenía la bendición para llegar a la Gobernación del Atlántico en 2023 con el aval del Pacto Histórico, a última hora le fue retirado el respaldo. La ruptura escaló a tal grado que Noriega terminó dándole la espalda al petrismo –reclamó ser “víctima de un proceso preparado” con fines políticos– y migró a la orilla de izquierda que intenta liderar Roy Barreras.
Alex Flórez: Pacto Histórico
En el listado de quinteristas con pretensiones de afianzar poder figura también el hoy senador del Pacto Histórico Álex Flórez. El cartagenero es investigado en la Corte Suprema por presunta violencia intrafamiliar agravada. Es acusado por una conducta presuntamente cometida entre 2020 y 2021 contra su entonces pareja sentimental, a quien habría infringido violencia verbal y física. ¿La razón? Al parecer, el entonces concejal de Medellín la habría agredido a por supuestamente negarse a abortar.
No es su único lío. No deja de ser recordado el penoso incidente ocurrido en Cartagena en septiembre de 2022, cuando insultó e intimidó policías en estado de embriaguez. Por estos hechos, fue sancionado durante ocho meses por orden de la Procuraduría. Como lo reportó en su momento este diario, en la capital de Antioquia es recordado por el escándalo de los contratos “corbatas” del Dagrd y por la pérdida de su investidura como concejal, sumado a los frecuentes accidentes que sufría en las camionetas que le brindaba el Concejo para su traslado.
Richard Aguilar: Partido Liberal
El exsenador Richard Aguilar personifica con creces aquel refrán popular que reza que la política es dinámica. En 2021, siendo senador de Cambio Radical, buscó evadir una orden de captura en su contra emitida por la Corte Suprema y renunció a su curul, lo que implicaba que su caso pasaba a la Fiscalía.
No obstante, pasados seis años, ahora espera volver al Capitolio, pero con el aval del Partido Liberal. El excongresista –quien hace parte del conocido clan Aguilar que lidera su padre, Hugo Aguilar (condenado por parapolítica)–, fue capturado en julio de 2021 señalado de integrar un supuesto entramado de corrupción en su rol como gobernador de Santander. Al parecer, el exfuncionario sacaba comisiones irregulares de una red de contratación de megaobras en la región.
“El entonces mandatario habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcio previamente señalados por él”, determinó en su momento la Corte. Aunque el caso pasó a la Fiscalía, a finales de 2022 recobró la libertad por vencimiento de términos.
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Juan José Durango: Cambio radical
Si bien a última hora la representante Saray Robayo, pareja del controvertido y condenado contratista Emilio Tapia, se bajó de su aspiración de llegar al Senado con el aval de La U, ello no implicó que la pareja desistiera de su porción de poder. Sumado a las movidas para conquistar la Gobernación de Córdoba en 2027, la congresista y Tapia estarían promoviendo la candidatura de Juan José “El Nene” Durango, exescolta de Tapia.
El polémico contratista, quien recobró semanas atrás la libertad por una controvertida decisión judicial, fue condenado tanto por el caso Centros Poblados y como por el Carrusel de la contratación en Bogotá. De Durango se sabe que fue escolta de Tapia y decidió lanzarse a la Cámara de Representantes por invitación de la propia Robayo, así como del exdiputado Antonio Ortega. Según La Silla Vacía, el hombre fue representante legal de dos empresas de Tapia y conoce al contratista porque “son amigos, crecieron juntos en el mismo municipio Sahagún. Así como también con Jhony Besaile y Edwin Besaile. Son del mismo grupo de infancia”.
Olga Milena Flórez Sierra: Frente Amplio Unitario
A propósito de la influyente dinastía política de los Besaile, en el ramillete de la lista del exembajador Roy Barreras aparece además Olga Milena Flórez Sierra, esposa del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por escándalos como el Cartel de la Toga o Fonade. Besaile –uno de los caciques electorales de Córdoba–, compartió curul en la bancada del Partido de La U con el entonces senador Barreras, y su hermano, John Besaile Fayad, busca asegurar en 2026 el escaño que actualmente tiene en el Senado por esa colectividad.Flórez aspirará con el estratégico #3 de la lista. Si bien intentó llegar a la Gobernación de Córdoba en 2023, al final su candidatura no cuajó y terminó adhiriendo a la campaña del hoy diputado Gabriel Calle Aguas.
Se trata del hermano del expresidente de la Cámara Andrés Calle, un liberal de tendencia petrista que hoy está en líos por presuntamente favorecer el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso a cambio de $1.000 millones. Lo anterior, con dineros de la corrupción que se tomó la UNGRD.
Julio Cesar González “Matador”: Pacto Histórico
Pasados más de dos años desde que se conoció su participación en un caso de maltrato contra la mujer y violencia de género que data de 2013 –lo que implicó su salida del diario El Tiempo–, el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, decidió lanzarse a la política. Obtuvo el aval del Pacto Histórico para llegar al Senado. Días atrás, desató controversia al hacer una burla directa sobre la apariencia física de la senadora Paloma Valencia. González –quien tuvo dos contratos con Presidencia que sumaban $34 millones al mes– comparó una paloma del pintor Fernando Botero con la candidata presidencial, una sátira que reabrió el debate sobre los límites entre el humor, la crítica política y el machismo. El mensaje, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón, decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”. Tras la controversia, el caricaturista se defendió y dijo a Caracol Radio: “No me voy a retractar porque eso es lo que hace la caricatura, desdibujar el poder y explicarle de manera pedagógica a la gente lo que está pasando”.
Leonidas Name: Frente Amplio Unitario
Otro integrante de la polémica lista del “Frente Amplio Unitario” cierra este recuento. Se trata de Leonidas Name, candidato al Senado, exsecretario de la UNGRD y quien es sobrino del expresidente del Senado Iván Name. El congresista es señalado de recibir $3.000 millones en dos tandas de $1.500 millones en efectivo, presuntamente para apoyar al Gobierno de Gustavo Petro y financiar la campaña al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara, según lo afirmado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, otrora cabezas de Gestión del Riesgo. En su momento, el hoy director de la UNGRD, Carlos Carrillo, defendió el nombramiento de Leonidas Name y destacó que llegó a la Secretaría de la Unidad por sus méritos y su capacidad.
“Lo nombré por su capacidad y por su conocimiento del sector público (...) es un hombre de posturas progresistas (...) juzgarlo por su material genético es un absurdo”. En 2022, Name fue candidato a la Cámara por Bogotá con el aval del Pacto Histórico. Sin embargo, en esa oportunidad no alcanzó los votos suficientes para llegar al Congreso.
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