Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía inició la sustentación de la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, en el proceso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
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Los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Por la presunta comisión de esos delitos, el ente acusador pedirá que sean enviados a prisión mientras avanza el proceso en su contra.
En el expediente de la UNGRD, el nombre de Velasco aparece repetidamente en testimonios, chats y registros que fueron incorporados a la investigación. Estas referencias lo ubican dentro del entramado de decisiones y gestiones que hoy están bajo la lupa de la Justicia.
En el caso del Ricardo Bonilla, la Fiscalía sostuvo que la imputación se deriva de las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides, entre otros testimonios.
“La Fiscalía tuvo conocimiento de la actividad presuntamente delictiva del señor Bonilla a partir de un acercamiento que, en virtud de una negociación de principio de oportunidad, tuvimos con la señora María Alejandra Benavides Soto. Ese principio de oportunidad se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez de control de garantías correspondiente decida sobre su legalidad y lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla por dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló la entidad en el caso del exministro de Hacienda.
Además de Velasco y Bonilla, los otros altos funcionarios de la Casa de Nariño en líos con la Justicia por este escándalo de corrupción son el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
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