Exrelator de la CIDH asegura que ataques de Petro al sistema electoral “minan la confianza” y “pueden generar violencia”
El Tribunal de Cundinamarca continúa evaluando si mensajes del presidente Petro ponen en riesgo la credibilidad electoral. Para determinarlo, expertos opinaron.
Las reiteradas advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral —incluida su afirmación de que existe un “riesgo del 100 %” en los comicios— terminaron por escalar al escenario judicial. Este martes 24 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuó una audiencia clave en la que se estudia si esos pronunciamientos, difundidos especialmente a través de redes sociales, deben ser limitados.
En ese contexto, un experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, aunque los mandatarios pueden intervenir en debates públicos, están obligados a verificar de manera razonable los hechos en los que sustentan sus afirmaciones.
¿Petro está minando la confianza en el sistema electoral? Esto dijo Ignacio Javier Álvarez, exrelator de la CIDH
La diligencia hace parte de una acción popular impulsada por el abogado Ramiro Bejarano, quien sostiene que las declaraciones del jefe de Estado podrían comprometer la confianza en el sistema electoral. El caso está en manos del magistrado Luis Manuel Lasso, quien ha centrado el análisis en los mensajes publicados por Petro en la red social X y su impacto sobre la percepción de transparencia institucional.
Durante la audiencia, Ignacio Javier Álvarez, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, fue citado como experto para explicar los estándares internacionales en la materia. Según expuso, en una democracia es válido —e incluso necesario— que las autoridades se pronuncien sobre asuntos de interés público, pero ese derecho no es absoluto.
En particular, enfatizó que quienes ejercen cargos de alto nivel deben actuar con un grado de diligencia superior al de los ciudadanos, evitando difundir información que no tenga un sustento verificable.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la distinción —o más bien la falta de ella— entre opinión e información cuando se trata de funcionarios públicos. A juicio del experto, incluso las opiniones deben basarse en hechos razonablemente comprobados, precisamente por el peso institucional de quien las emite.
Lea además: MOE desmintió a Petro sobre narrativa de fraude electoral: “No hubo inconsistencia”
En esa línea, también advirtió sobre los riesgos de incurrir en discursos que puedan derivar en desinformación o afectar la legitimidad de las instituciones.
“Que un Presidente en ejercicio anuncie de antemano que habrá fraude en unas elecciones mina la confianza del electorado en el proceso mismo. Son declaraciones delicadas que incluso podrían generar violencia. Ejemplos recientes se pueden ver en lo ocurrido en Estados Unidos o Brasil. En nuestra región también hay casos específicos en los que afirmaciones de esa naturaleza pueden derivar en episodios de violencia inmediata”, explicó.
El papel de las redes sociales ocupó otro lugar relevante en la discusión. Álvarez explicó que la velocidad con la que circula la información en estas plataformas reduce los márgenes de verificación y amplifica el impacto de cualquier mensaje, a diferencia de los medios tradicionales, donde suelen existir filtros editoriales, en redes un pronunciamiento puede alcanzar a millones de personas en cuestión de segundos, lo que aumenta la responsabilidad de quien comunica.
“Expresiones basadas en hechos manipulados, difundidas a través de redes sociales, pueden tener consecuencias inmediatas y gravísimas, dependiendo del caso. Las redes permiten llegar a millones de personas en segundos, sin los mecanismos de verificación que suelen aplicar los medios de comunicación. Además, los altos funcionarios cuentan con una alta credibilidad”, dijo el experto.
La defensa del presidente, a cargo del abogado Alejandro Carranza, planteó si existen límites para que el mandatario se pronuncie sobre decisiones judiciales.
Frente a esto, el experto respondió que no hay una prohibición general en el sistema interamericano que impida a un jefe de Estado opinar sobre fallos, aunque insistió en que cada caso debe evaluarse según su contexto y la forma en que se emiten esas declaraciones.
Una de las preguntas de la defensa, relacionada con llamados a “cuidar los votos”, fue objetada durante la audiencia.
¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre las elecciones en Colombia?
El origen del proceso está en una serie de señalamientos que Petro ha hecho contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y contra la organización electoral.
Además de sus intervenciones públicas, el mandatario presentó recientemente un derecho de petición ante la Fiscalía para que informe sobre las actuaciones derivadas de una compulsa de copias del Consejo de Estado relacionada con las elecciones legislativas de 2014.
Ese episodio sigue siendo un punto de referencia en el debate. En ese año, el partido MIRA perdió sus tres escaños en el Senado tras el conteo inicial de votos.
Sin embargo, tiempo después, el Consejo de Estado determinó que más de 16.000 votos no habían sido contabilizados correctamente, lo que llevó a modificar el resultado y devolverle la representación a la colectividad.
En audiencias anteriores, la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado medidas para evitar posibles afectaciones al sistema electoral. Entre ellas, pidió que se ordene al presidente abstenerse de emitir declaraciones —en discursos o redes sociales— que puedan sembrar dudas sobre la transparencia del proceso, con el argumento de proteger la confianza ciudadana en esta función pública.
Lea también: ¿Quién frena a Petro? Las advertencias por la posible intervención política en plena carrera electoral