La polémica Cielo Rusinque llega al CNE; así habla de sus propuestas

Cielo Rusinque, ahora magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue una de las pocas fichas que acompañó al presidente Gustavo Petro a lo largo de todo su Gobierno.

Pasó por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego fue superintendente de Industria y Comercio, donde fue acusada de llevar las riendas de la entidad como si fuera una policía política, y, en las últimas semanas de la administración, asumió incluso como ministra de Justicia encargada, entre julio y agosto de 2026.

Su llegada a ese último cargo se produjo luego de la salida de Jorge Iván Cuervo, quien fue separado de esa cartera tras mostrar reparos a la Paz Total.

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El nombramiento como superintendente también fue objeto de polémica: fue anulado por el Consejo de Estado, al considerar que no cumplía los requisitos exigidos para el cargo.

Sin embargo, el gobierno Petro facilitó su regreso al modificar el manual de funciones, rebajando los requisitos.

Ahora, Rusinque será magistrada del CNE por el Pacto Histórico; dice que tiene todas las capacidades, aunque algunas voces en el Congreso aseguran que no cuenta con la experticia en temas electorales.

En entrevista con EL COLOMBIANO, habló sobre el papel que espera desempeñar en la corporación que se encarga de regular y vigilar la actividad electoral de los partidos políticos, así como de las críticas por su activismo mientras ha sido funcionaria pública.

¿Cómo será su papel como magistrada del Consejo Nacional Electoral?

“No hemos tenido una primera reunión con los otros compañeros con los que vamos a integrar este Consejo Nacional Electoral. Hay muchos puntos sobre los que creo que se puede lograr un acuerdo; por ejemplo, para brindar mayores garantías de transparencia en los procesos electorales, en los escrutinios, etcétera”.

¿Cuál va a ser entonces la prioridad del Pacto Histórico en el CNE?

“Pues la prioridad va a ser buscar que esta sea una institución con mayor legitimidad en el fundamento de sus decisiones; de pronto una instancia donde obremos más que por tensiones o por rivalidades de tipo político, con objetividad, con criterios, con fundamento legal.

Por mi parte, no tengo ninguna prevención; hasta que no se dé esa conversación con los demás magistrados no podemos saber la orientación de los diferentes integrantes que allí llegan, que son personas de mucha trayectoria política, que se han medido en elecciones.

No es el caso de las dos mujeres que llegamos por parte del Pacto Histórico. Creo que tampoco el de la magistrada del Centro Democrático.

Ojalá este nuevo CNE pueda ser una entidad menos polémica”.

Pero ustedes incluso habían propuesto acabar con esta entidad...

“Yo creo que hay que partir por un principio de realidad en cuanto a cómo están las fuerzas, y cuáles son los postulados que pueden generar mayorías.

Nosotros tenemos una iniciativa legislativa de trabajar en el mejoramiento del sistema político electoral y de esa instancia que tiene, valga decir, un fundamento constitucional... Eso requiere no solo una concertación, sino un amplio debate en el Congreso. Pero yo creo que sí hay que repensar esta instancia”.

La han criticado en el pasado de no separar el activismo a favor del proyecto político de Gustavo Petro de los cargos públicos que ha asumido. ¿Qué respondería a esas críticas?

“Yo creo que son críticas un poco infundadas, que desconocen una realidad: es que pasa así en todos los gobiernos, y no solamente en Colombia...

Este tipo de comentarios llama la atención porque no sé si son analfabetismo político o mala fe, pues todos los gobiernos están normalmente integrados por personas afines a sus postulados o a sus orientaciones políticas.

Otra cosa es que, por lograr unas condiciones de gobernabilidad, y eso pasa no solamente en nuestro sistema político colombiano, sino a nivel internacional, se intenta hacer alianzas con otras fuerzas políticas.

Esa crítica no aplicaría para nuestro gobierno, sí aplicaría de manera muy ostensible para el gobierno en curso, porque aquí sí estamos viendo cómo en los primeros días, por una cuestión meramente política, se está prescindiendo de gente con capacidad por el simple hecho de haber tenido alguna cercanía o alguna participación en el gobierno anterior”.

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Durante su liderazgo de la SIC, las visitas de inspección sorpresa a empresas habrían aumentado un 250%. Representantes del sector privado y en su momento la oposición señalaron que usó la entidad para librar disputas políticas, ¿Qué responde a esos cuestionamientos?

“La práctica demostró que en nuestra Superintendencia obramos con criterios de imparcialidad, de objetividad y de garantía para los agentes económicos que allí eran vigilados.

Es llamativo, de hecho, que se hagan afirmaciones así, con una intencionalidad política. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es ¿quién puede decir que fue objeto de esas supuestas persecuciones?, cuando lo que nosotros hicimos fue utilizar las herramientas propias del ordenamiento constitucional para poder ejercer esa inspección, vigilancia y control, con un criterio de objetividad y de equilibrio.

Es cierto que a mí me criticaron, me miraron con lupa y de una manera bastante incisiva mi perfil profesional, académico. En cambio, no están mirando a la actual superintendente (María Rocío Cortés), una penalista sin ningún tipo de experiencia”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué funciones cumple el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia?

El CNE regula, inspecciona y vigila la actividad electoral de las agrupaciones políticas, administra la financiación estatal de campañas y garantiza la transparencia en los escrutinios y votaciones nacionales.

¿Cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral?

Son elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, reflejando la composición de las fuerzas políticas presentes en el legislativo.

¿Qué competencias tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en inspecciones empresariales?

La SIC cuenta con facultades administrativas para realizar visitas de inspección administrativas a empresas con el fin de verificar el cumplimiento de normas de libre competencia y protección al consumidor.