¿Habrá o no consulta del Pacto Histórico? Petro busca caminos tras fallo que la deja sin piso

Justo cuando restan poco más de 15 días para la jornada electoral del próximo 26 de octubre, el Pacto Histórico recibió ayer un portazo en su intención de escoger al candidato único que enarbolará las banderas del presidente Gustavo Petro con miras a 2026. Por orden del Tribunal Superior de Bogotá, se cayó la consulta interna con la que el petrismo pretendía escoger a su ungido entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. El batacazo abre incógnitas que van desde lo jurídico hasta lo político.

La consulta se perfilaba como una suerte de elecciones primarias —por valor de más de 193.000 millones de pesos— con las que el Pacto buscaba elegir desde ya al aspirante que se mediría con otras fuerzas de izquierda y centroizquierda en la consulta interpartidista del denominado “Frente Amplio”, prevista para marzo del próximo año. Sin embargo, era también una prueba de fuego para medir las fuerzas del Pacto Histórico y proyectar su influencia nacional, lo que en la práctica implicaba llegar a marzo con el terreno abonado y cuantificado.

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El desafío no era menor: según fuentes del entorno del primer mandatario, la meta era que participaran al menos dos millones de personas. No obstante, ahora el panorama luce enrarecido y empantanado. En su determinación, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela con la que Carolina Corcho y el entonces precandidato presidencial Gustavo Bolívar lograron en un primer momento medidas cautelares en favor de la consulta interna.

Lo anterior se produjo luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vía libre a la fusión de los partidos que conforman el Pacto —Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista—, pero excluyó a Colombia Humana y a Progresistas hasta que se resolvieran investigaciones contra esas colectividades en la autoridad electoral, así como presuntas irregularidades en su proceso de unificación. Esa decisión del CNE implicaba, sin más, que el Pacto quedaba a medias para hacer su consulta interna, teniendo en cuenta que varios precandidatos eran avalados por esos movimientos.

Como reveló este diario, actualmente hay nueve procesos contra Colombia Humana y tres contra el MAIS. A ese escenario —no poder hacer la consulta por no tener un movimiento cohesionado con participación de todas sus fuerzas— se retornó ayer tras el fallo, que concluyó que el petrismo podía agotar otras vías antes de recurrir a la tutela. Además, como lo determinó el CNE, el Pacto contará con personería jurídica plena solo hasta que culminen los procesos sancionatorios en curso.

“Mamola”, ¿qué viene?

Como era de esperarse, el revés judicial desató una tormenta política. Uno de los primeros en pronunciarse fue justamente el presidente Gustavo Petro, quien calificó la decisión del Tribunal como un “intento de la derecha” por impedir que el Pacto Histórico “actúe en la vida política legal de Colombia”. El mandatario, que no dudó en describir la determinación como un “sabotaje a la democracia”, sostuvo que hay sectores que “no quieren competir por el voto, sino por la trampa”, y recordó que elegir y ser elegidos es un derecho fundamental.

“La Constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos (...). ¡Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad, que lo que busca es sangre!”, dijo, al tiempo que convocó a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero a una reunión en la Casa de Nariño para evaluar los pasos a seguir.

Por su parte, los precandidatos del Pacto también reaccionaron con dureza. “Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política”, afirmó el senador Iván Cepeda. Carolina Corcho, por su lado, señaló que “la negación de la tutela no nos detiene, al contrario, nos impulsa a seguir”.

El exalcalde Daniel Quintero fue más allá y anunció que acudirá a la justicia para interponer una acción que permita la revisión de la decisión del juez sobre la tutela que, en un primer momento, había autorizado la realización de la consulta del Pacto Histórico y que ahora nuevamente la frena.

Sin embargo, el lío ahora son los tiempos. La segunda instancia del caso sería revisada por la Corte Suprema de Justicia, que podría tardar más de 15 días en resolver una eventual impugnación. Por ello, otra alternativa sería insistir ante el CNE para que resuelva las sanciones pendientes contra los partidos.

“La consulta queda en un vacío que tenemos que resolver jurídicamente y, preliminarmente, a través del CNE, que es quien tiene que dar las garantías”, reconoció el representante Gabriel Becerra, integrante del Comité Político de la colectividad.

En medio de la polvareda y la multiplicidad de conceptos jurídicos, una nueva tesis comienza a abrirse paso: que el Pacto pueda realizar una consulta, pero únicamente entre las colectividades que hoy están avaladas. Ello implicaría que ya no se trataría de un proceso interno, sino interpartidista. Pero allí también surgen bemoles, dado que ese escenario les impediría participar en otra consulta en marzo.

El riesgo ya había sido analizado semanas atrás, y por esa razón el petrismo apostó por una salida que hoy parece tomar fuerza: aunque en su momento se acordó no someter a consulta del 26 de octubre a los candidatos presidenciales, el Pacto decidió sí llevar a decisión ciudadana la conformación de las listas al Congreso.

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Esto implica, en plata blanca, que aunque no se escoja todavía al candidato único, el petrismo buscará tener un espacio en la jornada del 26 de octubre para ganar visibilidad. Además, no se descarta la realización de una encuesta entre los tres aspirantes, como en su momento sugirió Gustavo Bolívar.

“No tener consulta es un problema para la consolidación interna del Pacto Histórico. La consecuencia será que deberán inventarse otro tipo de proceso, y eso es difícil porque hay desconfianza entre los precandidatos. Ahora hay un sentimiento de injusticia y de persecución en el seno del Pacto y del presidente”, advirtió a este diario el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario.