Hay un temblor político en el Pacto Histórico y la magnitud llegó hasta la Casa de Nariño. Tras la caída de la consulta del 26 de octubre, por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente Gustavo Petro citó a Palacio a los tres precandidatos: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.
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Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que los precandidatos estaban desde las 3:00 p.m y que el presidente Petro llegó tarde. Finalmente, se reunió con los tres candidatos y con otros miembros del Pacto Histórico.
Horas antes, tras conocerse la decisión, el presidente Petro dijo que “el tribunal Superior de Bogotá, dió un golpe político contra la Democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa. La constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos. Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombiana sino, también, en la Convención Americana de los derechos humanos”.
También señaló que “los impedimentos que puso el Consejo Electoral, son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia”.
¿Por qué se cae la consulta?
Bolívar y Corcho habían acudido a la justicia alegando que el condicionamiento impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneraba sus derechos a la participación política, el debido proceso y la igualdad, ya que les impedía inscribirse como precandidatos para la consulta presidencial y legislativa.
Sin embargo, el Tribunal consideró que el CNE actuó conforme a la ley y que la restricción tiene sustento en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la fusión de partidos mientras existan investigaciones disciplinarias o sancionatorias pendientes.
Es decir, que por ahora la consulta no tiene piso jurídico.
“La restricción impuesta por el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, que estableció que los partidos o movimientos políticos no pueden disolverse, liquidarse ni fusionarse mientras cursen en su contra procesos sancionatorios, es una medida que busca garantizar la eficacia del control electoral y la responsabilidad de las organizaciones políticas, evitando que eludan sanciones o investigaciones mediante maniobras que constituyan fraude a la ley” se lee en la decisión.
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Al rechazar la petición, el Tribunal también dejó sin efecto la medida provisional concedida el 25 de septiembre, que había permitido de forma temporal la inscripción de precandidaturas para la consulta del 26 de octubre. Esto significa que las inscripciones realizadas bajo esa medida quedan sin sustento jurídico.
Antes de emprender un viaje a Bélgica, el presidente Petro convocó esta reunión de urgencia para dar línea política e incluso jurídica frente a la decisión del fallo que se da a menos de 20 días de la consulta.
A luz de varios análisis, este hecho podría constituir participación política indebida por parte del mandatario. De hecho, un día antes, el procurador general le llamó la atención al presidente Petro por sus declaraciones en el discurso de Ibagué la semana pasada.
Eljach, a quien le cuestionan cierta complacencia con el Ejecutivo, hizo “un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”.
Además, el exsecretario del Senado que fue elegido con el apoyo del Gobierno, dijo que “el Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”.
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