Gobierno firmó más de 500 mil contratos directos por 32,88 billones en enero, según reveló Contraloría
La Contraloría alerta un aumento del 64% en la contratación directa del Gobierno Nacional frente a 2022. Analizamos las cifras, entidades implicadas y el impacto en el gasto público.
La Contraloría General de la Nación publicó un informe en el que recopiló la información sobre contrataciones reportada en el Secop desde el 1 hasta el 31 de enero; es decir, el último mes en el que había plazo para realizar este tipo de movimientos de nómina antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Los resultados fueron alarmantes: las contrataciones subieron más de 64%.
Es importante recordar que la Ley de Garantías fue firmada en 2005, y tiene como fin garantizar elecciones transparentes evitando que haya si quiera la posibilidad de que se configuren maquinarias o favores políticos a cambio de puestos en lo público.
Al analizar el comportamiento de contrataciones de este Gobierno, la Contraloría encontró que: “se puede evidenciar que el período del 01-30 enero 2026 del actual gobierno, presenta un incremento sustancial del 64.48% pasando de 103.563 a 160.616, y frente al valor contratado el monto total creció un 75.14% %, elevándose de $5.4 billones a $9,5 billones refiriéndonos solo al mes de enero”.
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En el consolidado (nacional + territorial), el periodo analizado registró un total de 521.269 contratos suscritos que representan un valor total de $32,88 billones. El orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas aportaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
”La mayor concentración se observa en la última semana del mes, donde se adjudicaron $14,8 billones, siendo el último día (30-ene) el pico del mes con un valor contratado de $5,7 billones”, explicó la Contraloría.
Es importante señalar que, a pesar de las contrataciones elevadas, no es preciso afirmar que todas fueron favores políticos: eso deben determinarlo las autoridades competentes. Sin embargo, el órgano de control aseguró que los movimientos en la cartera del Estado fueron particularmente inusuales, y prendió las alertas de revisión.
”En comparación con el mismo intervalo en el año 2022 (restricción a la contratación directa previo a las elecciones del período de gobierno inmediatamente anterior), la contratación directa consolidada pasó de 495.527 contratos por valor de $25,22 billones de pesos, a los valores ya mencionados de 2026, lo que presenta variaciones incrementales de un 5,2% en número de contratos y un 30,4% en valores”, dijo el órgano de control.
Es decir, el Gobierno de Gustavo Petro superó la cantidad de contrataciones que hizo el Gobierno de Iván Duque previo a las elecciones donde el candidato del Pacto Histórico quedó elegido.
Según el órgano de control, las entidades que más contrataciones realizaron fueron el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ($1,72 billones), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF ($1,26 billones) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ($0,76 billones).
Aquel reporte coincide casi en su totalidad con el que Colombia Compra Eficiente (CCE) publicó hace un día. En él, estipuló que el SENA encabeza la lista de contrataciones con más de 37.000 contratos ($1,7 billones), seguido por el ICBF ($1,2 billones), la Unidad de Víctimas ($508.000 millones) y el Ministerio de Educación ($442.000 millones).
La Contraloría, sin embargo, añadió otro detalle: el análisis por entidades en departamentos. En ese sentido, las entidades del orden territorial que encabezan dicho ranking son el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones), el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones) y Santiago de Cali Distrito Especial ($0,54 billones).
Frente a los hallazgos, el órgano de control aseguró que seguirá monitoreando los movimientos en la cartera del Estado, puesto que “el aumento de la contratación directa en el periodo analizado genera un impacto fiscal a los recursos asignados en el presupuesto nacional y a las respectivas entidades”.
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