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Escándalos, incoherencias y falta de liderazgo: las razones del desplome anticorrupción del Gobierno

Colombia cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) durante 2025 Colombia: obtuvo una calificación en la medición de 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, analiza los resultados.

  • Hernández advierte que la desarticulación institucional y el aumento de la desconfianza llegan en un año electoral con alto riesgo de uso indebido de recursos públicos. FOTO: PRESIDENCIA-CORTESÍA
    Hernández advierte que la desarticulación institucional y el aumento de la desconfianza llegan en un año electoral con alto riesgo de uso indebido de recursos públicos. FOTO: PRESIDENCIA-CORTESÍA
hace 46 minutos
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Colombia volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción y descendió siete posiciones a nivel mundial, según un informe de la organización Transparencia Internacional revelado este martes.

De acuerdo con Andrés Hernández, director del organismo en el capítulo Colombia, la caída refleja el fracaso del Gobierno Petro para convertir sus promesas de cambio en una agenda anticorrupción coherente y sostenida, en medio de escándalos que involucran al alto gobierno y a su círculo más cercano.

La falta de liderazgo, la reacción tardía y desarticulada frente a los casos de corrupción, a lo que se suma la ausencia de una estrategia clara y el deterioro de controles institucionales han profundizado la desconfianza ciudadana e internacional.

Para Hernández, el agravante es que se trata de fenómenos que se acentúan justo cuando el país entra a un año electoral con altos riesgos de abuso de recursos públicos y debilitamiento de la transparencia.

¿Qué factores explican la caída de Colombia de 39 a 37 puntos y el descenso de siete posiciones en el ranking global del Índice?

Normalmente este tipo de indicadores miran aspectos que son muy susceptibles a la percepción. Es evidente que en el último año el país ha evidenciado múltiples escándalos de corrupción, en particular en el ámbito del alto gobierno, que generan pesimismo y frustración en la ciudadanía, además de mucha desconfianza desde quienes elaboran estos análisis a nivel externo.

Sumado a eso, si se mira la metodología y las fuentes consultadas, lo que dicen estos indicadores es que no se están evidenciando transformaciones reales y sostenidas en el tiempo en materia de lucha contra la corrupción en Colombia.

Eso configura un escenario de deterioro, mayor afectación de la corrupción en el sector público y la falta de una respuesta contundente, con capacidad de articulación y el liderazgo coherente que se necesita para impulsar acciones en una de las problemáticas más graves del país.

El informe habla de una brecha entre las expectativas y los resultados en el Gobierno Petro. ¿Dónde cree usted que falló principalmente la agenda anticorrupción del Ejecutivo?

Hubo varios momentos en esta administración donde vimos fallas que explican estos indicadores. En primer lugar, durante el primer año de gobierno no vimos que este fuera un tema prioritario en la agenda del alto gobierno, a pesar de los anuncios de campaña del presidente de enfrentar las redes criminales y mafiosas de corrupción en el Estado.

Fue una agenda muy reactiva a los primeros escándalos asociados principalmente a la financiación de la campaña del presidente, que han sido sancionados por el CNE y han generado una imputación por parte de la Fiscalía al gerente de esa campaña y presidente de Ecopetrol. No hubo prioridad y la reacción fue reactiva.

En segundo lugar, aunque el Plan Nacional de Desarrollo le entregó el mandato al poder Ejecutivo de sacar una estrategia comprensiva y articulada con temáticas innovadoras, el Gobierno optó por sacar un decreto que, aunque puede tener elementos interesantes, no le da un norte al país en términos de articulación entre entidades y metas específicas. Es decir, no se propiciaron los suficientes instrumentos para poder avanzar.

En tercer lugar, en el año reciente los escándalos se han disparado e involucran a personas cercanas al vínculo más interno de gestión del presidente. Vemos a una persona asilada en Nicaragua que debería estar respondiendo por un gravísimo escándalo de corrupción y se ha hablado de una presunta acción de encubrimiento de funcionarios de la Embajada. Vemos a un presidente que le da asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos.

Hay una gran incoherencia entre el principio de cambio planteado y lo que el país ve en la práctica, sumado a escándalos en la modificación de perfiles de funcionarios para incorporarse a entidades y embajadas. Existe un desprecio por mantener una agenda y una acción sostenida y coherente de lucha contra la corrupción, lo cual se refleja en la baja calificación al desempeño del gobierno Petro en este tema.

¿Qué riesgos implica llegar a un año electoral con una percepción de corrupción tan alta y persistente?

Los riesgos son amplios y diversos. El mismo presidente de la República se ha encargado de incorporar dudas sobre la transparencia del proceso electoral en su enfrentamiento con otras entidades del Estado.

A esto se le suma la falta de control desde el alto gobierno en muchos ámbitos de gestión que manejan grandes recursos públicos. La semana pasada el presidente mencionaba el rol de Laura Sarabia en la crisis de salud, lo que alimenta la sensación generalizada de desorden y falta de control.

En un contexto donde ha habido una gran cantidad de recursos billonarios antes de la entrada a la ley de garantías, la ciudadanía percibe que la capacidad de control es baja y el riesgo de abuso es muy alto. Estamos en una situación delicada en la que hay que hacer un llamado respetuoso, pero contundente a los órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) para que desplieguen los planes necesarios para mitigar riesgos en el proceso electoral y apliquen sanciones efectivas donde se compruebe la manipulación de esos recursos para propósitos electorales.

A nivel regional, Colombia está por debajo de países como Uruguay o Chile. ¿Qué están haciendo ellos de forma diferente para avanzar en el ranking?

Estos países siempre han estado por encima del promedio regional y lejos del desempeño de Colombia. Hay elementos institucionales, históricos y de prácticas sociales que nos diferencian frente a los niveles de tolerancia a la corrupción.

Sin embargo, el índice muestra que 31 países del mundo han demostrado un desempeño positivo en los últimos 10 años, como República Dominicana, que ha tenido mejoras evidentes. La ruta es clara: se requiere un liderazgo coherente entre lo que se predica y cómo se gestiona el gobierno.

Se debe tener mucho control y seguimiento a los recursos públicos, especialmente en la contratación estatal y el acceso a la información pública. Otros temas fundamentales son la independencia de la justicia, el respeto al equilibrio de poderes y el respeto de las libertades de expresión y prensa, así como la participación y control ciudadano. Estas condiciones se han deteriorado en Colombia y un gobierno debe protegerlas y fortalecerlas para prevenir y sancionar hechos de corrupción.

Finalmente, ¿qué reformas o medidas urgentes se deben tomar, en especial para el próximo gobierno, para hacer frente a estos resultados y avanzar en el índice?

Es muy difícil impulsar nuevas acciones o medidas ambiciosas si no existe un liderazgo coherente; ese es el punto de partida. Será difícil cambiar de manera estructural la situación si persisten las mismas prácticas de manipulación de recursos públicos.

El liderazgo debe ponerle quiebre a eso y la labor de la ciudadanía este año en ejercer un voto crítico es fundamental. Por supuesto, hay otras medidas importantes: garantizar la independencia y capacidad del poder judicial para investigar, sancionar y reparar daños; fortalecer la protección a denunciantes, pues aún no logramos un marco jurídico suficientemente robusto en esta materia en Colombia.

También es vital proteger al máximo sectores y recursos sensibles para la ciudadanía, como salud y educación, rompiendo con prácticas asociadas a los cupos indicativos y la manipulación política de presupuestos y contratos públicos. Estas son las medidas ambiciosas pero concretas que esperamos de quienes aspiran llegar al poder en las próximas elecciones.

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