Corte condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez por exigir parte de su salario a integrantes de su equipo de trabajo
La exrepresentante Tatiana Cabello Flórez convirtió su Unidad de Trabajo Legislativo en una estructura de recaudación privada, obligando a cinco de sus colaboradores a entregarle parte de sus salarios para no despedirlos.
El caso de cinco trabajadores que firmaron sus contratos con la ilusión de ingresar al Congreso de la República, pero terminaron financiando a la mujer que los contrató, es la más reciente polémica que envuelve a un miembro del órgano legislativo de Colombia.
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La decisión se conoce luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenara a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, tras comprobarse que condicionó la permanencia de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a la entrega obligatoria de porcentajes de sus salarios.
Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017. La excongresista del Centro Democrático utilizó la facultad de libre nombramiento y remoción para subordinar los ingresos de sus colaboradores. Bajo el argumento de que el dinero financiaría actividades políticas y de campaña —una justificación que la justicia desestimó—, el equipo era obligado a ceder los recursos para mantener el empleo o aspirar a ascensos.
Para evitar sospechas, Cabello Flórez no manipulaba directamente el dinero. El esquema operaba mediante intermediarios de confianza: su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala. Los pagos se canalizaban con entregas mano a mano, transferencias electrónicas y reportes falsos bajo el concepto de una supuesta “caja menor”.
Rastros borrados y secretismo: la reparación financiera
La sentencia penal detalló que la exparlamentaria ordenó el uso de aplicaciones de mensajería con autodestrucción de chats para borrar la evidencia. Al iniciar las indagaciones del tribunal, Cabello intentó camuflar las transacciones bajo la figura de préstamos personales y forzó a los afectados a firmar acuerdos de estricta confidencialidad.
La presión económica impactó de forma severa a los empleados. Las víctimas de esta red institucional fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Nelsy Tirado Chacón, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto.
En la situación de esta última, la cuota impuesta rozó la totalidad del salario percibido. La Corte Suprema negó la detención domiciliaria y el beneficio de ejecución condicional de la pena, ordenando el cumplimiento de la sanción en centro carcelario una vez se surta la apelación.
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Además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 9 años y una multa de 500 salarios mínimos mensuales, la excongresista deberá indemnizar directamente a los afectados con las siguientes sumas.
-Sonia Astrid Blanco Reyes: $741.926.996.
-Luisa Fernanda Puerto Vela: $112.731.867.
-Nelsy Tirado Chacón: $51.176.310.
-Daniela Salazar Puerto: $32.840.193 materiales y cinco salarios mínimos morales.
-Lina Marcela García Pinto: $3.707.150 materiales y cinco salarios mínimos morales.
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