Corte tumbó estas dos reglas clave de la “Ley de Encuestas”: tienen que ver con los tiempos de publicación y microdatos
En una decisión clave para el debate electoral, la Corte tumbó las disposiciones más controvertidas de la “Ley de Encuestas”.
En una decisión trascendental, la Corte Constitucional tumbó dos disposiciones de la “Ley de Encuestas” que imponían barreras a la divulgación de estudios de opinión y exigían información sensible de los ciudadanos.
Se trata, primero, del límite temporal para sondeos. Se eliminó el apartado del artículo 5 que prohibía realizar encuestas de intención de voto fuera de los tres meses previos al inicio de las inscripciones de candidatos.
También se ‘tumbó’ la obligación (artículo 12) que forzaba a las encuestadoras a entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los números telefónicos de los encuestados y los códigos computacionales de selección de muestras.
La Corte también se pronunció sobre otra demanda que buscaba tumbar la ley en su totalidad. Dicha acción legal, presentada por el ciudadano Juan Manuel López, argumentaba que la norma debía tramitarse como una ley estatutaria por afectar derechos fundamentales y alterar el diseño institucional del CNE.
Sin embargo, con una votación de 6 a 3, la Corte decidió inhibirse de emitir un fallo de fondo sobre esta demanda en particular. Esto ocurrió luego de que el proyecto de fallo del magistrado Juan Carlos Cortés fuera derrotado en la Sala Plena este miércoles 3 de junio de 2026.
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La Ley 2494 de 2025 ha generado un intenso debate desde su admisión para estudio en septiembre del año pasado.
Mientras el Gobierno defendía las exigencias sobre márgenes de error y metodologías como una forma de mejorar la calidad de la información, los demandantes advirtieron que tales restricciones podrían concentrar el control de la información en pocos actores y limitar la pluralidad informativa en el país.
Con este fallo, la Corte mantiene la vigencia de la ley, pero elimina los componentes que consideró desproporcionados frente a los derechos de los ciudadanos y las firmas encuestadoras.
La problemática y las críticas alrededor de la “Ley de Encuestas” nacieron desde su aprobación. Firmas encuestadoras y distintos sectores políticos han advertido que las nuevas reglas podrían vulnerar ciertos derechos, como por ejemplo la libertad de expresión. También cuestionan que la iniciativa debió tramitarse como una ley estatutaria.
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La Procuraduría ya ha señalado que sí considera que la norma es constitucional. “No imponen censura previa, no restringen la posibilidad de difundir opiniones ni impiden que terceros accedan a información de interés público. Por el contrario, se orientan a garantizar la transparencia y la trazabilidad de los estudios de opinión, elementos que fortalecen la calidad del debate público”.
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