A días de la primera vuelta del 31 de mayo, Colombia llega a la recta final de una campaña presidencial marcada por la plaza pública y las redes sociales, pero con una ausencia notable: ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella han participado en debates formales.
Solo Paloma Valencia ha aceptado ese escenario de confrontación directa, lo que ha limitado el escrutinio público de los tres candidatos con más opciones de definir el rumbo del país en los próximos cuatro años.
En ese contexto, las frases que Cepeda, De la Espriella y Valencia han dicho en entrevistas, discursos y publicaciones en redes sociales cobran un peso mayor.
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Son, en muchos casos, el único material disponible para que el elector evalúe la coherencia entre lo que cada candidato propone y lo que su trayectoria, sus alianzas y los datos disponibles efectivamente respaldan.
El panorama electoral muestra tres apuestas diferenciadas. Cepeda representa la continuidad del gobierno Petro y lidera las encuestas, aunque en la más reciente medición de Atlas Intel aparece en empate técnico con De la Espriella.
Este último ha construido su campaña sobre un discurso de ruptura con el establecimiento político tradicional, apelando a un electorado indignado tanto con el petrismo como con la clase política de siempre.
Valencia, por su parte, buscó una voz de centro que le costó parte de su base más conservadora, la cual migró hacia De la Espriella, complicando su paso a una eventual segunda vuelta.
Los tres, sin embargo, comparten un rasgo que el profesor Diógenes Rosero, de la Universidad del Atlántico, resumió así a EL COLOMBIANO: “mientras Paloma tiene la ‘oficialidad’ del apoyo de los partidos, Abelardo y Cepeda los tienen por debajo de la mesa”.
Es decir, el distanciamiento público de los clanes políticos regionales no necesariamente se traduce en una ruptura real con ellos. Ese es uno de los hilos que vale la pena jalar antes de votar.
Abelardo de la Espriella
Señalado como un outsider, como un ave peregrina en la política, Abelardo de la Espriella basa su discurso en un llamado por el peso de la autoridad y una supuesta ruptura con el statu quo.
Como ha sucedido con el éxito de otros de su tipo en el continente (Milei, Bolsonaro, Bukele, Trump), el abogado no modera su mensaje, muchas veces dobla las apuestas, causando aplausos en sus seguidores y disgustos en sus malquerientes.
La primera frase es interpretado por los seguidores como una manera de justicia y rendición de cuentas, pero con un tono efectista, pues el presidente no es un juez: “Quiero ver preso al que haya delinquido; Petro no puede quedar impune”.
Es una declaración que sintoniza con millones de colombianos que han visto pasar cuatro años de gobierno sin que ninguno de los escándalos que rodearon al petrismo haya tenido consecuencias judiciales reales, pero con evidente tono electoral. Para ese electorado, la frase no es demagogia: es la promesa de que alguien finalmente va a cobrar la factura.
La segunda es más incendiaria y ha generado tanto fervor como rechazo: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos”.
El lenguaje es deliberadamente confrontacional y violento —toda una alarma en un país con millones de víctimas—, aunque funciona para su base, no se puede olvidar que los electores que busca el abogado son aquellos sienten que la izquierda ocupó todos los espacios sin que nadie le plantara cara con la misma intensidad.
El riesgo, claro, es que un presidente que llega prometiendo “destripar” a la mitad del país tiene por delante un desafío de gobernabilidad que su campaña todavía no ha explicado con claridad.
Sobre el orden público, ha sido igualmente directo: “No como de indio, de negro, de blanco, de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública le voy a caer con mano de hierro”.
La frase ha incomodado a muchos, pues evita el lenguaje diplomático o políticamente correcto, pero funciona para su electorado: no hay que olvidar que en los últimos años se ha visto un trato laxo con los integrantes de la llamada primera línea, sin contar con la poca efectividad a la hora de atender las protestas en regiones con gran presencia de minorías. Su mensaje llega directo a quienes ese tema les quita el sueño.
Ahora bien, De la Espriella no ha estado exento de polémica. Ha defendido a personajes como Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, y David Murcia Guzmán, condenado por crear un esquema masivo de captación de dinero.
El candidato ha explicado que un abogado no es responsable por los actos de sus clientes — argumento jurídicamente válido —, pero en el terreno de la política, donde la narrativa importa tanto como los hechos, esa explicación no siempre alcanza.
Abelardo se ha declarado un gran admirador de Donald Trump y Nayib Bukele, a quienes parece que les ha estudiado sus discursos de campaña para hacerles una versión colombiana. También ha dicho admirar al expresidente Álvaro Uribe, contra quien, paradójicamente, ha marcado distancia pública en medio de las peleas electorales con Paloma Valencia.
Paloma Valencia
La campaña de Paloma Valencia se ha centrado en seguridad, crecimiento económico, austeridad estatal y recuperación institucional, con una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro y la política de “Paz Total”.
En debates, foros y entrevistas, la senadora del Centro Democrático ha señalado las principales fallas del gobierno saliente en esos frentes y ha llegado con propuestas específicas.
Justo en el cierre de su campaña, en el Movistar Arena de Bogotá subió el tono para hablar de la creciente criminalidad en el país: “Aquí le digo al ELN, al Clan del Golfo y a las Farc que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño y el coraje de la mujer colombiana”.
Es un lenguaje que contrasta radicalmente con el tono firme pero mesurado que ha mantenido en campaña, y que sintoniza con un electorado agotado de ver negociaciones que, en su percepción, terminaron fortaleciendo a los grupos armados en lugar de debilitarlos.
Una de sus iniciativas más debatidas es la instauración del fracking para garantizar la suficiencia energética y mitigar los altos costos del gas importado — un problema real y urgente.
El contexto le da respaldo a su argumento: Ecopetrol atraviesa uno de sus momentos más críticos en años, con resultados financieros en rojo y una producción que no logra compensar la caída de las reservas.
En ese escenario, Valencia ha sido directa: “Esta técnica se ha utilizado durante más de 20 años en Estados Unidos (...) no hay evidencia de daño ambiental significativo”.
Es una postura que reconoce lo que el gobierno Petro evitó aceptar: que Colombia no puede darse el lujo de cerrarle la puerta a ninguna alternativa energética viable mientras su principal empresa petrolera sangra.
Aquí el debate no es entre quienes quieren energía y quienes quieren naturaleza: es un debate técnico serio que Colombia necesita dar con honestidad, y que Valencia al menos ha tenido el valor de poner sobre la mesa. En salud, Paloma propone “hacer una gran compra general de medicamentos para entregar a los pacientes y acelerar trámites en el Invima”.
Su plan contempla una inyección de 9 billones de pesos para estabilizar el sistema, financiada con recortes al gasto de funcionamiento y eficiencia administrativa.
En un sector que el gobierno Petro dejó al borde del colapso, es una de las propuestas más aterrizadas de su campaña. Donde aparece la tensión más clara es en el manejo de alianzas.
Valencia ha dicho: “Estoy dispuesta a recibir apoyos de distintos sectores, pero aclaro que no estoy realizando acuerdos burocráticos ni ofreciendo cargos”.
Una declaración que contrasta con la opacidad de otros candidatos, pero que choca con otra frase suya, dicha en las mismas jornadas en que invitaba “hasta a los petristas”: “No voy a traicionar a Uribe”.
Iván Cepeda
Desde que ganó la consulta de su partido, Iván Cepeda ha dominado la campaña en sus propios términos: mucho evento de plaza pública, pocas entrevistas y cero debates. Para un candidato que se proyecta como el gran defensor de la democracia y la transparencia, esa esquiva al escrutinio resulta, cuanto menos, llamativa.
Su programa incluye más de 140 menciones al presidente Gustavo Petro y promete profundizar en cada una de sus reformas, lo que lo convierte en la cara visible de la continuidad del gobierno.
Eso puede ser una fortaleza con su nicho de votantes, pero también es su principal talón de Aquiles: enfrenta críticas por su silencio ante los escándalos de corrupción del gobierno Nacional, entre los que se cuenta el desfalco millonario a la UNGRD para mover las reformas en el Congreso.
Más allá de la estrategia de campaña, hay declaraciones de Cepeda que merecen ser leídas con cuidado, en especial por los electores antioqueños.
La primera fue en entrevista con María Jimena Duzán. Habló del Acuerdo Nacional con miras a una constituyente: “Si todo el mundo está de acuerdo, se le da facultades al presidente de que haga un paquete de decretos ley”.
Dicho por el candidato que representa la continuidad del petrismo, la frase no es menor, pues se ha visto en cuatro años como Petro ha querido poder absoluto, criticando al Congreso y a las Cortes cuando se interponen en sus reformas.
Concentrar facultades legislativas en el ejecutivo mediante decretos — así sea con consenso — es el camino que han recorrido gobiernos en Venezuela, Nicaragua y Bolivia antes de desmantelar los contrapesos institucionales. Que Cepeda lo plantee como algo natural debería generar más debate del que ha generado.
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La segunda es sobre Antioquia, y aunque el mismo Cepeda la rechazó por supuestamente haberse sacado de contexto, vale la pena examinarla de nuevo: “Antioquia ha sido la cuna del paramilitarismo, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.
Una frase que, dicha por un aspirante a la presidencia de todos los colombianos, generaliza de manera injusta a millones de antioqueños y revela una visión que estigmatiza regiones enteras.
Antioquia es también la cuna del emprendimiento, la innovación y una de las economías regionales más dinámicas del país. Reducirla a ese rótulo no es análisis: es polarización con micrófono.
La tercera es quizás la más reveladora. Sobre su rol en el caso de Jesús Santrich e Iván Márquez —dos excomandantes de las FARC acusados de narcotráfico que abandonaron el proceso de paz—, Cepeda dijo:
“Yo asumí la defensa, no de Santrich, no de Márquez, sino del proceso de paz (...), porque si se hubiera logrado extraditar a estos señores, pero también a magistrados de la JEP y a otras personas, el resultado hubiera sido evidente, se hubiera dado un golpe letal al proceso de paz. Entonces a mí eso no me lo perdonan”.
Equipara la extradición de dos personas señaladas de narcotraficar con un “golpe letal” a la paz, y convierte su defensa de ese argumento en medalla. El elector tiene el derecho de preguntarse qué tipo de justicia y qué tipo de paz está dispuesto a defender un eventual presidente Cepeda.
A esas frases se suma un episodio de campaña. El 25 de mayo, fue cuestionado por participar en evento político público en Sincelejo, Sucre, a una semana de elecciones. Las normas establecen que desde esa fecha los actos de carácter político solo pueden realizarse en recintos cerrados.
La campaña argumentó que se trató de un evento privado, pese a que las imágenes mostraban alrededor de tres mil personas en el polideportivo de la ADES. Un evento masivo, catalogado como “privado”. La lógica, una vez más, no convence.
Aunque Cepeda ha distanciado su imagen pública de clanes políticos regionales, el profesor Diógenes Rosero (Universidad del Atlántico) dijo a EL COLOMBIANO que tendría apoyos moviéndose “por debajo de la mesa”, pero en público reniega del establecimiento que dice combatir.
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