¿Cuáles son los interventores y funcionarios sospechosos de hacer “negocio” con las EPS, como lo reconoció Petro?
En las ocho entidades de salud intervenidas por el gobierno continúa la crisis financiera. ¿Hubo desvío de fondos o qué pasó?
El carrusel de interventores de las EPS y el supuesto desvío de recursos de la salud son la nueva manzana de la discordia entre los burócratas del Gobierno Nacional, que ahora se tiran la pelota buscando culpables por los pobres resultados que esos funcionarios han tenido en su gestión.
En una esquina están el presidente Gustavo Petro, quien como en otras ocasiones ha depositado la culpa de los vacíos de su administración en los subalternos, y el ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; y en la otra, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y su padrino de bodas, Jaime Ramírez Cobo.
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El origen del conflicto: ¿quién recomendó a los interventores?
En un evento público realizado esta semana, el jefe de Estado lanzó una puñalada verbal contra su antigua mano derecha: “Yo le dije a usted (a Leal): por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño”.
Leal, quien estuvo al frente de la Superintendencia en 2024, respaldó el señalamiento del presidente, y en una entrevista en Caracol Radio manifestó que las hojas de vida de los cuestionados interventores llegaban a su despacho por intermedio de Ramírez Cobo, quien en ese momento era asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), cuya directora era Sarabia.
Ramírez, además, está investigado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
“Cuando el señor Ramírez las entrega (las hojas de vida), dice que son órdenes del presidente, que ya tienen el aval de Laura Sarabia y que por eso me las están haciendo llegar”, indicó Leal.
“Ahí fue donde pude evidenciar que a él (Petro) le estaban engañando, le estaban diciendo mentiras y a mí también. Le estaban diciendo mentiras haciéndose pasar por él”, complementó.
En su defensa, Laura Sarabia envió una solicitud a la Fiscalía para que investigue a fondo y entreviste al propio presidente, para que aclare la situación de manera formal.
“Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben”, trinó la embajadora en su cuenta de X.
A raíz de los cuestionamientos, la Red de Veedurías Ciudadanas radicó este viernes una queja contra Sarabia, en la Procuraduría, con el propósito de que investiguen si incurrió en faltas disciplinarias.
Pero, al margen de este “fuego amigo” entre miembros del Gobierno, ¿cuál es el problema de fondo con las interventorías a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)?
¿Cuáles son las 8 EPS intervenidas por el Gobierno de Petro?
El Estado tiene intervenidas ocho de estas instituciones, por medio de los interventores adscritos a la Superintendencia de Salud.
Ellas son: la Nueva EPS, que cuenta con 10,8 millones de afiliados; Coosalud, con 3,1 millones; el Servicio Occidental de Salud, de 0,75 millones; y Famisanar, de 2,9 millones.
A estas se suman Savia Salud, con 1,6 millones de pacientes registrados; Asmet Salud, de 1,8 millones; Emssanar, con 1,7 millones; y Capresoca, que suma 0,17 millones de usuarios. En total, está en juego la salud de 22,82 millones de personas.
La promesa inicial del Gobierno, al momento de intervenir estas entidades, fue corregir problemas financieros que las estaban llevando a la quiebra; sin embargo, faltando apenas siete meses para terminar el mandato, las finanzas de las EPS siguen en crisis.
Un informe de Así Vamos en Salud, publicado a finales del año pasado, detalló que entre 2020 y 2025 los activos del sistema de salud cayeron de $23,2 billones de pesos a $18,1 billones. En ese hallazgo no solo influyó la pandemia de la covid-19, sino también un pobre desempeño económico, constantes demandas de los pacientes y deudas históricas.
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El problema también se ha reflejado en la paulatina desaparición de las EPS, que pasaron de 40 a 23 entre 2019 y 2025. Las sobrevivientes, además, acumulan pasivos que han llegado a la cifra récord de $29,6 billones, entre provisiones (demandas, litigios y obligaciones futuras) y cuentas por pagar.
La quiebra de esas 17 EPS contribuyó a un problema estructural del sistema, pues menos entidades están atendiendo un mayor volumen de usuarios, lo que ha sumado una presión grande en materia de obligaciones.
Carrusel de nombres: la rotación de interventores en la Nueva EPS y otras entidades
Durante el gobierno de Petro, en las ocho EPS intervenidas se han cambiado los interventores encargados entre dos y tres veces, lo que refleja inestabilidad en la administración de los recursos y dificulta obtener resultados.
Según Así Vamos en Salud, en 2022 ese grupo de entidades tenía un patrimonio negativo de $2 billones de pesos, que en el primer semestre de 2025 empeoró a $11 billones.
Frente a las sospechas de supuestos desvíos de recursos, el presidente Petro se lavó las manos afirmando que algunos de esos interventores llegaron a sus cargos “a hacer business” (negocios, en inglés); sin embargo, no dio ningún nombre en particular.
En la Nueva EPS, el primer interventor nombrado fue Bernardo Camacho Rodríguez, en abril de 2024. Hoy en día es el actual superintendente de Salud.
A él lo reemplazó la interventora Gloria Polanía en agosto de 2025, pese a no haber aprobado el examen de conocimientos para el cargo que hace la Universidad Nacional, según la denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño.
Anteriormente había sido interventora de Coosalud y Asmet Salud, donde, de acuerdo con la Superintendencia, logró buenos resultados al aumentar el recaudo a entes territoriales y cumplir los fallos de tutela.
No obstante, solo estuvo tres meses en esta interventoría, y al puesto llegó el bacteriólogo Luis Óscar Galves Mateus en noviembre.
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En Coosalud el interventor era Carlos Eduardo Franco Muñoz, desde agosto de 2025. Venía de ser contratista del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta de Bogotá, adscrito a la Alcaldía; y de ser investigador en el Instituto Nacional de Salud (INS).
En noviembre fue reemplazado por el médico cirujano Alexánder Mesa Romero.
En Famisanar, en junio de 2025 fue nombrada como agente interventora Cris Encarnación Reyes Gómez, quien había desempeñado varios cargos en la Alcaldía de Bogotá, entre 2008 y 2022, de los que se destaca la subdirección de la Secretaría de Salud.
Apenas estuvo cinco meses en el puesto, y su reemplazo fue Germán Darío Gallo Rojas, quien tiene seis años de experiencia en procesos de interventoría, según su hoja de vida pública.
En el Servicio Occidental de Salud (SOS), Sergio Andrés Gil Celis actuaba como interventor a partir de agosto de 2025. En el pasado había desempeñado la misma función en el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, Cesar (2022).
Hace tres meses lo reemplazó Carlos Alberto Betancur Castañeda, un médico especialista en Gerencia de la Seguridad Social y Auditoría en Salud.
En julio de 2025 llegó a Asmet Salud el interventor Raúl Andrés Munévar Niño, quien había sido gerente de la ESE San Cristóbal de Bogotá (2012 a 2016) y profesional especializado en la Delegatura de la Función Jurisdiccional de la Superintendencia de Salud (2019 a 2024), entre otros cargos.
Solo estuvo en el puesto cuatro meses, hasta que lo cambiaron por Laín Eduardo López Martínez, un cirujano con 15 años de labores en cargos administrativos.
En octubre de 2024 la Superintendencia nombró a Yeferson Caicedo Pardo como interventor de Capresoca, quien tiene dentro de su experiencia contratos de revisoría fiscal a empresas intervenidas del sector salud y de las cajas de compensación familiar.
El pasado mes de noviembre fue reemplazado por Bety Cecilia Anaya Nieto, quien tiene 24 años de experiencia en el sector.
A Savia Salud, en marzo del año pasado, llegó como agente interventor Luis Óscar Gálvez Mateus. Ya había ejecutado esa función en el Hospital Departamental de Villavicencio y el Hospital Julio Méndez Barreneche, de Magdalena, cargos en los cuales fue investigado por la Procuraduría y la Contraloría, por quejas de supuestos malos manejos administrativos.
A los ocho meses fue relevado por el contador William Humberto Salgado Gamboa.
A Gabriel Enrique Castilla Castillo lo nombraron interventor de Emssanar en noviembre de 2024. Estuvo por varias temporadas en la Secretaría de Salud de Bogotá y fue director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Cesar (2019 a 2023).
Tras un año de gestiones, lo reemplazó Ilsen Inés Jaramillo Laserna, una abogada con experiencia en el sector salud.
El supuesto carrusel de los interventores incluye a más personas, que estuvieron antes que ellos, y que tampoco lograron mitigar la crisis financiera de las EPS. Ahora pareciera que todos quedaron bajo la lupa, luego de la pugna dentro del Gobierno.
También están en entredicho el mismo Leal y otros que han desempeñado el cargo de superintendente de Salud en el actual mandato, como Ulahy Beltrán López (2022-24), Giovanny Rubiano García (2024-25) y Bernardo Armando Camacho Rodríguez (2025 - actual).
Otro de los salpicados en un reconocido lobbista del sector, llamado Mario Andrés Urán. Cuando a Leal le notificaron la salida de la Superintendencia en noviembre de 2024, lo señaló de, presuntamente, mover influencias para direccionar contratos de las EPS a unas clínicas y hospitales específicos, que al parecer involucraban a varios interventores.
“En respuesta a una denuncia recibida el 22 de septiembre de 2024 sobre la posible injerencia de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de los recursos de la salud en diferentes EPS, la Superintendencia Nacional de Salud a través de su delegada de Entidades de Aseguramiento en Salud y en ejercicio de sus competencias, tomó la decisión de adelantar acciones inmediatas”, indicó un comunicado de la entidad, antes de la despedida de Leal.
Tal cual denunció EL COLOMBIANO en su momento, las EPS sospechosas de esas maniobras eran Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud y Emssanar.
Urán lleva por lo menos 20 años en el sector, trabajó en la vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, fue subsecretario de Salud de Bogotá (2004-07) y directivo de farmacéuticas, entre otros cargos.
Expertos en el tema, que han hablado con la prensa bajo reserva de identidad, aseguran que tiene importantes contactos en la empresa privada, las multinacionales farmacéuticas y el mundo político.
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