Cada vez más prestadores de salud han anunciado cierres por líos financieros: “Que tengan buen día”, responde MinSalud
La suspensión de servicios y cierre de sedes de la Liga Colombiana Contra el Cáncer y Medical en Bogotá evidencia el impacto de la crisis financiera del sistema de salud, marcada por problemas de liquidez y cartera pendiente con las EPS. No son los únicos casos. Experto explica.
Comunicadora social con énfasis en Periodismo y Audiovisual de la Javeriana. Ha trabajado para El Tiempo, Portafolio, Directo Bogotá y ahora en EL COLOMBIANO. Apasionada por temas de cultura, género y derechos humanos.
A las afueras de la clínica Medical, en Bogotá, al norte de la ciudad, varios pacientes salieron con papeles en la mano. Cuando les preguntaron qué sucedió, respondieron que nadie les explicó, pero que adentro no había servicio. La respuesta a aquella inacción y silencio es simple, pero síntoma de algo complejo y grave: las EPS no han girado los recursos para que las IPS atiendan.
Medical no es el único centro con este problema; en la mañana del 5 de mayo, la Liga Colombiana Contra el Cáncer anunció la suspensión del servicio en la capital. Y la semana pasada, el Instituto de Cancerología y Nueva EPS tuvieron que llegar a un acuerdo de emergencia para garantizar tanto los pagos pendientes de una millonaria deuda como la atención de los afiliados: niños, adultos y abuelos.
El problema, entonces, no es aislado. Sin embargo, cuando medios de comunicación le preguntaron al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el porqué de la falta de pagos por parte de EPS a IPS, él sólo respondió: “que tengan un buen día”. “Los que no tienen un buen día son los pacientes, ministro”, le dijeron. Su respuesta fue el silencio, y cerrar las puertas del ascensor.
¿Qué está sucediendo?
Los cierres de clínicas y servicios en salud en Colombia
Según la Liga Colombiana Contra el Cáncer, el cierre de una de sus sedes (donde se hacían diagnósticos tempranos y prevenciones) responde a “condiciones financieras del sector salud” que han afectado su funcionamiento, aunque precisó que se trata de una situación localizada que no compromete su operación a nivel nacional.
De hecho, en entrevista con El Tiempo, el director de la entidad, Wilson Cubides, explicó que el déficit es de 4.000 millones de pesos. Es decir, es la plata que las aseguradoras no le han girado a la sede. Aquella cartera está concentrada en dos EPS: “Sanitas y Famisanar”, dijo.
A pesar del cierre en ese punto, la Liga aseguró que continuará atendiendo en otra de sus sedes en Bogotá, donde mantendrá servicios como consultas oncológicas, quimioterapia, farmacia y vacunación.
Vale recordar que Sánitas estuvo bajo control del Estado hasta julio de 2025 y Famisanar aún sigue intervenida. Aquel mecanismo, se supone, saldaría las deudas de ambas. Pero nunca pasó.
Por otro lado, la institución Medical anunció la suspensión de servicios en varias sedes de la capital a partir del 5 de mayo, incluyendo puntos en Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín.
En paralelo, informó que en su sede de Kennedy dejarán de operar áreas de alta complejidad como la Unidad de Cuidado Intensivo adulto, cuidados intermedios, hemodinamia y diálisis.
La entidad atribuyó estas decisiones a “dificultades en el flujo de recursos” y a “la cartera pendiente por parte de los aseguradores”, un escenario que, según advierten distintos actores del sector, compromete la sostenibilidad de servicios que requieren altos costos operativos.
Los dos cierres y suspensiones llegan justo después de otro escándalo en el sistema de salud. La semana pasada, el Instituto Nacional de Cancerología logró destrabar parcialmente su situación tras alcanzar un acuerdo con la Nueva EPS (también intervenida por el Gobierno) para garantizar la continuidad del servicio a pacientes con cáncer.
El acuerdo contempla un nuevo contrato y un plan de pagos por $52.000 millones entre mayo y julio, además de una póliza de respaldo. Las cifras reflejan la magnitud del problema.
La cartera del Instituto supera los $146.000 millones, mientras que datos divulgados por el representante Andrés Forero muestran un crecimiento acelerado de la deuda: pasó de poco más de $36.000 millones en 2024 a más de $136.000 millones en febrero de 2026.
Y mientras las deudas suben, otras IPS se caen a pedazos esperando a que el Estado las voltee a ver. Es el caso, por ejemplo, del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, que en este momento tiene goteras y una sobreocupación del 340 %.
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Álvaro Puerto, vocero de los Centros Expertos en Programas Especiales (CEXPES), ONG que agrupa IPS especializadas para mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, le explicó a EL COLOMBIANO que el efecto “bola de nieve” de problemas que vive el sistema de salud se viene advirtiendo desde hace más de tres años.
”Hoy son los propios agentes interventores de las EPS bajo control estatal —que administran a más de 23 millones de afiliados— quienes están reconociendo públicamente que los giros mensuales no alcanzan para cubrir el 100 % de la facturación que les presentan los prestadores. A nosotros, como prestadores, esa realidad ya nos fue comunicada formalmente”, explicó.
En diálogo con este medio, agregó que la Contraloría General calificó el problema como una “asfixia financiera” de la red hospitalaria, documentando un crecimiento del 30 % en la cartera en apenas nueve meses entre 2024 y septiembre de 2025.
El problema, advirtió, también se ve reflejado en otros centros de salud. Por ejemplo, en la Clínica Juan N. Corpas hay 573 trabajadores sin salario hace cuatro meses, y 37 hospitales públicos en Antioquia han restringido y pausado servicios. “No es sorpresa”, dijo.
¿Cómo afectan las deudas del sistema de salud a los pacientes?
Los pacientes reciben varios golpes. En el caso del Hospital del Chocó, EL COLOMBIANO habló con Tatiana Pereira Echeverri, sobrina de una de las pacientes del lugar:
“A mi tía la tenían acostada en una camilla en pleno pasillo, porque el hacinamiento es terrible. La camilla estaba sostenida por una escalerita, de esas que se usan para subirse a las camillas. Sí, una de esas. Mi prima tenía que estar pendiente de sostenerla cada vez que mi tía intentaba moverse, porque si se giraba sin cuidado, la camilla podía volcarse”, contó.
En ese sentido, Puerto agregó que desde la ONG a la que pertenece atienden a 1,6 millones de personas con cáncer, VIH, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, asma, enfermedades autoinmunes y huérfanas. Su situación, igual que la de Pereira, no es alentadora.
”Pacientes oncológicos a quienes se les interrumpe la quimioterapia, con el riesgo directo de progresión del cáncer; pacientes renales que pierden sus sesiones de diálisis, una situación que puede ser letal en cuestión de días; cirugías reprogramadas indefinidamente; medicamentos que no llegan a la farmacia; y urgencias colapsadas porque cuando se rompe la consulta externa, la gente termina llegando al hospital cuando ya está grave”, dijo en diálogo con este diario.
De hecho, señaló que con el cierre de la sede de la Liga Contra el Cáncer, son 4.000 pacientes que se quedan a la deriva.
“A largo plazo vamos a tener una generación de pacientes con cáncer diagnosticados en estadios más avanzados y con menor sobrevida; enfermos renales que llegan a urgencias en peores condiciones; y un costo humano y financiero mucho mayor para tratar enfermedades que pudimos haber controlado a tiempo”, advirtió.
¿Cuál sería una solución a la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano?
Álvaro Puerto Valencia asegura que hoy existe una salida concreta a la crisis del sistema de salud, construida de manera inédita por distintos actores del sector.
Según explica, más de 30 organizaciones lograron articular una hoja de ruta común en el documento Consensos para el Futuro del Sector Salud, que será presentado a candidatos presidenciales en un espacio de discusión nacional.
“Es la primera vez en muchos años que actores históricamente distantes nos sentamos en la misma mesa y producimos una hoja de ruta común”, afirma.
De ese ejercicio colectivo, añade, se desprenden decisiones urgentes que no admiten más dilaciones. La primera, dice, tiene que ver con la necesidad de inyectar recursos al sistema de manera inmediata para garantizar su funcionamiento.
“El giro directo por sí solo no resuelve el problema si las EPS no cuentan con los recursos suficientes”, advierte, al tiempo que subraya que los mecanismos deben asegurar que el dinero llegue efectivamente a clínicas y hospitales.
En segundo lugar, plantea la urgencia de establecer reglas claras para el pago a prestadores, especialmente en las EPS intervenidas por el Estado.
Explica que actualmente más del 60 % de los afiliados está bajo este tipo de entidades, pero sin lineamientos transparentes sobre cómo se priorizan los pagos. “Esa ausencia de reglas es parte central del problema”, sostiene.
También insiste en la necesidad de proteger tratamientos de alta complejidad frente a los riesgos financieros del sistema, enfatizando que en áreas como oncología, VIH o trasplantes cualquier retraso puede ser determinante.
“En estas patologías el tiempo es vida”, remarca.
Finalmente, señala que el sistema debe avanzar hacia un modelo que pague por resultados en salud y no solo por servicios prestados. Según explica, el esquema actual privilegia la cantidad de procedimientos sobre la efectividad de los tratamientos.
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“Cambiar ese incentivo es lo que permite alinear la sostenibilidad financiera con una mejor atención para el paciente”, concluye.
Para Puerto Valencia, aunque la situación es crítica, aún hay margen de acción si se toman decisiones prontas. “La bola de nieve aún se puede detener, pero el tiempo es ahora”.
El regaño institucional
En medio del creciente deterioro del sistema de salud y de las decisiones del Gobierno que han generado incertidumbre en la prestación de los servicios, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la tutela para acceder al servicio de salud no puede convertirse, otra vez, en la regla.
El pronunciamiento lo hizo el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, quien recordó que miles de ciudadanos están recurriendo a la tutela para obtener medicamentos, cirugías y tratamientos que deberían ser garantizados de manera directa por el sistema.
“Estamos dando una respuesta; los ciudadanos saben, los usuarios del sistema que los jueces están respondiendo, están concediendo las órdenes de tutela para que se otorguen medicamentos, se proceda con cirugías o tratamientos; pues las órdenes están ahí, pero, en realidad, no deberíamos volver al pasado en el que para acceder a un servicio se requería una tutela”, afirmó.
El magistrado también hizo un llamado a separar la coyuntura del debate político, insistiendo en que, más allá de las discusiones sobre reformas, el acceso a la salud no puede verse afectado.
“Debemos dejar al margen esas discusiones políticas y técnicas. Esas discusiones se dan en el marco del Congreso. Pero mientras eso se dé, lo que tiene que hacer todo gobierno, y en cabeza el ministerio, es garantizarle a la población un efectivo acceso al servicio de salud”, agregó.