“Queda claro que el gobierno de Petro, del M-19, le negó a Miguel la protección”: Miguel Uribe Londoño
EL COLOMBIANO habló con el padre del precandidato presidencial asesinado antes de que la Fiscalía decidiera echar para atrás la imputación contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Para Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el llamado a imputación de cargos, contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ratifica que la desprotección de su hijo no fue un error administrativo, sino una acción deliberada por parte del gobierno actual. Esto antes de que la Fiscalía echara para atrás la decisión.
“Queda claro que el gobierno de Gustavo Petro, del M-19, porque además el director de la UNP era integrante del (Movimiento) 19 de abril , le negó a Miguel la protección”, dijo Uribe en diálogo con EL COLOMBIANO.
La defensa de la familia del precandidato presidencial había aplaudido la decisión de la Fiscalía de avanzar hacia la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, una determinación que —según los abogados de la familia del congresista— responde directamente a la denuncia penal radicada por el abogado Víctor Mosquera.
Miguel Uribe Londoño sostiene que la UNP omitió “deliberadamente estudiar y otorgar el nivel de protección que su hijo requería”, a pesar de que los perfiles de riesgo realizados por la Fiscalía y la propia UNP así lo exigían.
El padre del entonces senador de la República afirma que la falta de un esquema adecuado fue la causa que permitió el asesinato de Miguel. “Todas las 23 solicitudes elevadas por Miguel fueron negadas, inclusive la última fue en la semana anterior al día que atentaron contra Miguel, pues lo que después terminó en su asesinato”, afirmó Uribe Londoño en diálogo con este medio.
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Mientras el abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia del congresista, documentó cerca de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel —la última presentada apenas una semana antes del crimen—, el padre de la víctima denuncia que sectores cercanos al gobierno y al Pacto Histórico gozan de una protección desproporcionada.
Las omisiones de la UNP
Según sus declaraciones, existen estudios comparativos que muestran que aliados del director de la UNP (exintegrante del M-19) cuentan con esquemas de seguridad que “son dos, tres y hasta cuatro veces más robustos” que el que tenía su hijo, incluso teniendo niveles de riesgo inferiores.
Debido a la gravedad de los hechos, el familiar sugiere que la Fiscalía debería considerar si esta negligencia puede catalogarse como un homicidio culposo. El padre de Miguel Uribe insiste en que el caso de su hijo fue discriminación política en la asignación de recursos de seguridad.
“No puede ser que un gobierno tiene una una diferencia de estas, que distingue de esta manera entre unos y otros, para prestar el mismo servicio del nivel de protección, que sí le dio a los a otras personas del Pacto Histórico, de sus amigos y a otros actores políticos”, agregó Miguel Uribe Londoño.
Miguel Uribe, dice su padre, vivía en un estado de alerta permanente y llegó a entregar a la UNP una lista de organizaciones criminales que podrían atentar contra él, incluyendo información sobre amenazas que lo seguían incluso fuera de Bogotá.
En sus declaraciones, el Miguel Uribe también aportó detalles sobre el trasfondo del crimen, mencionando que la responsabilidad no recae únicamente en la omisión institucional, sino en grupos armados específicos.
Afirmó que existen pruebas que indican que el dinero para el atentado provino de Venezuela y que la ejecución estuvo vinculada a la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las Farc.
El padre de Uribe enfatizó que esta imputación desmiente la narrativa inicial del gobierno, “que intentó responsabilizar a Miguel por no tener su esquema completo el día del ataque. Con esto se va demostrando que el gobierno no quiso darle la protección que Miguel requería”, concluyó.
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