Factcheck: las afirmaciones falsas e imprecisas de Petro sobre el software electoral
Durante las últimas semanas, previo a las elecciones legislativas, el mandatario ha insistido en que el software que se utiliza para contar votos en la Registraduría tiene “fallas” y ha sido utilizado para fraudes. Sin embargo, sus afirmaciones tienen matices o inconsistencias.
A pocos días de que tengan lugar las elecciones legislativas, y a pocos meses de las presidenciales, el presidente Gustavo Petro ha arremetido en varias ocasiones en contra del sistema electoral colombiano. Según él, estaría listo un supuesto fraude para manipular los resultados. Pero no solo no ha aportado evidencia, sino que ha descrito su denuncia con ejemplos que tienen imprecisiones.
En un trino de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que tiene “pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia” y enumeró varios hechos que evidenciarían irregularidades en procesos anteriores y riesgos para futuras elecciones, según él.
El caso del Partido Mira
En primer lugar, el mandatario sostuvo que hubo un desacato a la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de las elecciones al Senado de 2014 en el caso del movimiento MIRA. De acuerdo con Petro, ese fallo ordenaba la implementación de un “software de mesa del Estado y desde el Estado”, disposición que no se habría cumplido.
El jefe de Estado cuestionó además el actual sistema de preconteo. Señaló que el software utilizado hoy sería el mismo que operaba en 2014 y calificó como ilegal el mecanismo. Afirmó que la empresa encargada es ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, que fue contratada en 2014, también participó en las elecciones de 2022 y estaría nuevamente vinculada al proceso de 2026.
El cambio de software y la sentencia del Consejo se remite a 2018, con relación a las elecciones de 2014, cuando el organismo le devolvió tres curules en el Congreso al partido Mira por irregularidades en el manejo del software electoral que causó el sabotaje de 1.412 mesas. Lo que sucedió es que Thomas Greg and Sons estuvo involucrado en el preconteo, que resultó bastante distante del escrutinio final, se demora mucho más tiempo y está a cargo del Estado.
Debido a eso, el Consejo recomendó que el software quedara en manos únicamente del Estado. Según la MOE, para las elecciones de 2022 y 2023, “no se garantizó que el software de escrutinios fuera propiedad del Estado”, es decir, es cierto que no se cumplió la sentencia.
Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de las dudas del mandatario, él mismo ha ganado dos elecciones en las que la firma Thomas Greg and Sons ha estado involucrada: fue elegido alcalde de Bogotá para el periodo 2012-2015 con más de 720.000 votos y fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, tras imponerse en segunda vuelta con más de 11,2 millones de votos.
El caso de Pereira, ¿cuál es la inconsistencia?
Petro también se refirió a un presunto testimonio relacionado con las elecciones de 2022. Indicó que una persona contratada en Pereira habría denunciado que en una sede con cerca de 600 trabajadores se diligenciaban formularios con información transmitida por llamadas telefónicas, incluso antes del cierre de las votaciones.
Según el relato citado por el mandatario, los formularios eran trasladados posteriormente sin que los contratistas conocieran su destino final. El presidente afirmó que del preconteo “se derivan los demás formularios” y que solo mediante impugnaciones formales es posible reabrir mesas y realizar un nuevo conteo físico.
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El mandatario sostuvo que la negativa a mostrar el software de la empresa contratista genera dudas sobre la transparencia de los próximos comicios.
En ese contexto, afirmó que la única forma de enfrentar un posible fraude sería contar con al menos 60.000 testigos electorales debidamente preparados por los partidos políticos. También cuestionó al Consejo Nacional Electoral por limitar el número de testigos acreditados.
Alfonso Portela, exregistrador para lo electoral, explicó a EL COLOMBIANO que, de hecho, la eficacia de los testigos electorales no depende del número que haya, sino del poder que tienen al vigilar las mesas, que es muy alto:
“Por primera vez, el Consejo advierte y sugiere que los testigos pueden —e incluso deben— verificar la marcación de las tarjetas electorales y tienen la facultad de impugnarlas si consideran que están mal calificadas”. Es decir, el margen de acción es amplio.
En cuanto a la denuncia del mandatario sobre las llamadas telefónicas en medio de los conteos, Portela señaló que habría que verificar si la situación estaría aludiendo al preconteo.
El experto explicó que el preconteo funciona mediante un procedimiento en el que un número considerable de personas toma, de cada mesa de votación, el documento de transmisión —una de las copias del formulario E-14— y lo comunica telefónicamente a un centro de operaciones. Allí, la información es recibida y transcrita en el denominado FRT (formato de recepción telefónica).
A partir de ese momento, indicó, los datos comienzan a procesarse de manera automática, lo que permite consolidar los resultados preliminares y emitir los boletines informativos.
En ese sentido, consideró que cuando se habla de transmisión “a distancia” se trata, en realidad, de ese procedimiento: los resultados se dictan por teléfono a un centro de operaciones, donde son registrados en un documento que luego se incorpora al sistema electrónico para su procesamiento.
Líos con votos del Pacto Histórico
En otro punto, Petro afirmó que tiene en su poder pruebas de un supuesto intento de fraude contra el Pacto Histórico en 2022.
Según dijo, en la fase de preconteo se habrían alterado datos en 4.200 mesas mediante “iteraciones en los algoritmos”, lo que habría significado la reducción de cerca de 400.000 votos para su candidatura. Añadió que esas inconsistencias se habrían detectado gracias al trabajo de testigos electorales, lo que permitió corregir el preconteo.
Para Portela, aquello prueba que un error en elecciones pasadas no demuestra un supuesto complot para elecciones futuras. Tal y como lo aseguró Petro, el experto en lo electoral señaló que “el sistema electoral colombiano es muy fuerte, y permite corregir los errores que alguna vez se tuvieron”.
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En primer lugar, Portela explicó: “En ese año, producto de una mala instrucción o, sencillamente, porque los jurados de votación no tuvieron en cuenta la votación del movimiento Pacto Histórico en el preconteo —es decir, en la información preliminar del domingo—, se generó una inconsistencia. Sin embargo, en la etapa de escrutinio aparecieron los votos que en ningún momento fueron retirados al Pacto Histórico, sino que simplemente no se transmitieron durante el preconteo”.
El exregistrador para asuntos electorales aseguró que, de hecho, para eso existen las diferentes instancias de revisión de votos: para garantizar que la elección sea transparente.
”Por eso se habla del preconteo como una fase informativa preliminar, de la digitalización como otra instancia, y del escrutinio como la etapa definitiva en la que se consolidan los resultados (...) Esa es precisamente una fortaleza del sistema: las fallas que puedan presentarse en un procedimiento determinado pueden ser subsanadas sin que necesariamente deban calificarse como fraude electoral”, explicó.
¿En qué quedarán las denuncias?
Finalmente, el presidente señaló que cuenta con información “mesa por mesa” sobre esas presuntas irregularidades y manifestó su intención de entregarla a la autoridad competente.
Por el momento no lo ha hecho, algo que ha sido criticado por organismos de control, la propia Registraduría y la opinión pública. Mediante su cuenta de X, el candidato al Congreso, David Luna escribió:
“Si tiene las 4.200 mesas, las “iteraciones”, los algoritmos y las pruebas que dice tener, preséntelas ante los jueces. Pero no use la Presidencia para deslegitimar anticipadamente el voto de millones de colombianos. La democracia no es válida solo cuando usted gana”.
Por otro lado, la defensora del pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a la unión para firmar un compromiso por unas elecciones libres y en paz, con énfasis en el respeto a las instituciones y al marco jurídico vigente.
Según explicó Marín, el tercer punto del acuerdo implica “respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico”, lo que se traduce en acatar los procedimientos establecidos en la normatividad electoral.
Además, señaló que este compromiso ya ha sido suscrito por varias campañas presidenciales, movimientos políticos y altas autoridades del Estado, incluido el presidente de la República, organismos de control y el presidente del Congreso.