Se aplazó imputación contra Juliana Guerrero porque no se presentó a la diligencia
La diligencia, en la que la Fiscalía le formularía cargos por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, fue reprogramada para el próximo 10 de marzo.
Para este viernes todo estaba listo en los juzgados. Fiscalía, citaciones enviadas y expectativa política en aumento. La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de haber obtenido de manera irregular los títulos profesionales con los que aspiraba a ser viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad, prometía convertirse en un nuevo capítulo de uno de los casos que más controversia ha generado en los últimos meses. Pero la diligencia no se realizó.
Guerrero no se presentó a la audiencia y el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, quien también estaba citado, acudió sin abogado defensor. Ante esa situación, el juez aplazó la diligencia y fijó como nueva fecha el próximo 10 de marzo.
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Un caso que sacude al Gobierno
La Fiscalía tiene previsto imputar a Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Según la investigación, los títulos que presentó, como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, habrían sido utilizados para respaldar su hoja de vida en el proceso para posesionarse como viceministra de Juventudes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las pruebas Saber exigidas para obtener los títulos. A pesar de ello, en los registros oficiales aparecería como graduada.
Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos títulos fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.
“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público.
El caso tomó relevancia pública luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza revelara detalles de las presuntas irregularidades y comenzara a documentar el proceso. Desde entonces, ha seguido de cerca la actuación de las autoridades y ha divulgado soportes que, según afirma, demostrarían pagos irregulares.
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Entre las pruebas presentadas figuran facturas oficiales reportadas ante la DIAN que evidenciarían consignaciones cercanas a los ocho millones de pesos a favor de la Universidad San José. Lo llamativo, según Pedraza, es que esos pagos se habrían realizado casi un mes después de la supuesta graduación y habrían ingresado a las cuentas oficiales de la institución.
Mientras la Fiscalía avanza en la verificación de estos hechos y analiza si existen más casos similares, el proceso contra Guerrero continúa en veremos.