Escándalo en la Fiscalía: fiscal del caso de Nicolás Petro envió dura carta a Luz Adriana Camargo denunciando presiones indebidas en la investigación
EL COLOMBIANO conoció una carta de la fiscal Lucy Laborde en la que se queja de presiones de la Dirección de la Fiscalía, dice que no necesitaba ninguna fiscal de apoyo y habla de reuniones irregulares.
La fiscal del caso Nicolás Petro, Lucy Laborde, acaba de enviarle una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vice fiscal general, Gilberto Guerrero, en la que se queja de presiones indebidas de la Dirección nacional de la Fiscalía, dice que no entiende por qué le asignaron una fiscal de apoyo en el momento exacto de la imputación de otros delitos, asegura que no requería tal apoyo y agrega que fue citada a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la imputación más reciente.
La carta es un escándalo por sí misma. La Constitución y las normas de la Fiscalía señalan que los fiscales son independientes a la fiscal general. Pero aquí una fiscal del caso asegura que por imputarle nuevos cargos al hijo del presidente de la República ha sufrido presiones indebidas que iniciaron con la sorpresa de una designación de una “fiscal de apoyo”.
“La decisión de una fiscal de apoyo no guarda relación alguna con las necesidades del despacho tercero DECLA por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público ante el señor juez segundo penal especializado de Barranquilla, contra el señor Petro Burgos se ha adelantado por la suscrita fiscal de manera íntegra y ajustada a los EMP y EF recaudados no solo en esta investigación, sino en la etapa inicial que adelanto en fase de juicio, sin que se haya solicitado aplazamiento alguno por parte de la Fiscalía General (diez aplazamientos han sido solicitados por la defensa). Tengo conocimientos y experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso”, dice la carta en su segunda página.
Luego, agrega con más énfasis que ella no solicitó ningún apoyo, ni asesoría; afirma que no le parecía necesario. “El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte y NO REQUIERO APOYO, ASESORÍA, NI ORIENTACIÓN EN DICHO ASPECTO, por lo tanto no se evidencia situación alguna que prevea la “necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal” como reza la resolución”.
La fiscal asegura que no se encuentra “inmersa en alta carga laboral, ni situación administrativa alguna que amerite la disposición adoptada en esta resolución”. La Fiscalía decidió hace dos semanas asignarle a Laborde una fiscal de apoyo, cuando el país conoció que iniciaba otro caso contra Nicolás Petro. Como lo reveló EL COLOMBIANO, la nueva imputación tiene dos aristas. Una es por el caso de la Fundación Conciencia Social, en la que se desarrollaron varios contratos en la Gobernación del Atlántico de Elsa Noguera. Allí existen varios chats entre Day Vásquez y Petro Burgos que prueban el interés en los contratos para la atención psicosocial de adultos mayores que fueron entregadas a esa Fundación situada en Barranquilla. También se hablaba de cargos para familiares de Day Vásquez.
La Fiscalía también alista una nueva imputación por tráfico de influencias que estaría relacionada con las actuaciones de Nicolás Petro frente a los miembros del gabinete de su padre cuando inició el Gobierno. Este diario supo que Petro se reunió con un amplio listado de ministros y directores de entidades. Uno de ellos fue Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN, a quien, según su propia declaración ante la Corte Suprema, le solicitó las aduanas de Cartagena y Barranquilla.
La fiscal se queja de que fue reubicada a Barranquilla sin ningún asistente y sin las condiciones propicias para su trabajo. Pero, sorpresivamente, cuando anunció la imputación de los nuevos delitos, entonces la cúpula de la Fiscalía se dio cuenta de que necesitaba una fiscal de apoyo.
Más adelante, la fiscal habla de una reunión a la que fue llamada de urgencia el pasado jueves 18 de septiembre. “Fui convocada por la Dirección Especializada contra Lavado de Activos y la Dirección Especializada contra la Corrupción, la cul fuera de haber sido sorpresiva, careció de información previa sobre el tema a tratar, y en la cual se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos, con la aparente necesidad de de conexar esta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el doctor Mario Andrés Burgos Patiño. Además de manifestar el interés en esta reunión pues podrían tratarse de los mismos hechos relacionados con la Fundación Conciencia Social (...) en dicho escenario se abordaron aspectos ajenos a mi investigación, lo cual genera incertidumbre sobre el objetivo de tales reuniones, particularmente cuando ya existe fecha para la audiencia de imputación contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, se agrega.
La fiscal narra que en esa reunión hubo un interés extraño de conocer todos los detalles de esa investigación. “La suscrita fiscal, en su independencia, es la única que tiene esa información, y de la cual solamente tuvo conocimiento la doctora Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora de Lavado de Activos, mediante informe ejecutivo por ella solicitado”, señala.
Esta carta se suma a otros cuestionamientos a la fiscal Luz Adriana Camargo que fueron expuestos por EL COLOMBIANO. Justo este lunes 22 de septiembre, Camargo regresa de sus vacaciones para las que se tomó cuarenta días cuando el país afrontaba una secuencia de atentados terroristas y graves hechos de orden público en varias regiones. La fiscal ha tenido por lo menos seis grandes viajes en año y medio de gestión, de los cuales por lo menos tres fueron a Europa y uno a Estados Unidos. Fiscales con los que habló este periódico aseguran que la fiscal está ausente de manera permanente y que en el entre acusador no hay una línea clara.
“Está completamente ausente, no hay una línea de trabajo clara de la Fiscalía General, yo no me he podido reunir con ella y le he pedido tres veces cita. No era para que me ayudara con mis casos personales, sino para tratar otros temas supremamente importantes de narcotráfico. Nunca me ha querido recibir. Se lo digo desde la experiencia de más de 20 años aquí. Esta Fiscalía no tiene ninguna clase de rumbo”, señaló una fuente.
Finalmente, Laborde asegura que la defensa de Nicolás Petro ha enviado dos derechos de petición solicitando un aplazamiento de la nueva imputación que extrañamente no han llegado a su despacho, que es titular de la investigación, sino a la directora de Lavado de Activos, a la que menciona de manera constante en la carta.
Asevera que no ha sido informada de tales derechos de petición. “De no haber preguntado expresamente, no habría tenido conocimiento de esta actuación, lo que desconoce mi rol institucional en el proceso”. Y agrega: “a lo largo de mi experiencia como fiscal, esta actuación irregular a todas luces, evidencia la falta de conocimiento de la ley 906 de 2004, por parte de la señora directora de Lavado de Activos, además que excede sus funciones”, concluye.
Laborde termina la carta preguntándose si el defensor del hijo del presidente tiene contacto directo con la directora de Lavado de Activos, pues no se entiende cómo el abogado conocía la designación de una fiscal de apoyo.
La fiscal Camargo no ha respondido a esta carta que denuncia un escándalo de presunto favorecimiento a Nicolás Petro, el hijo mayor de Gustavo Petro, quien se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Petro está siendo enjuiciado en otro proceso por los aportes que él mismo reconoció del Turco Hilsaca y Santander Lopesierra para la campaña del Atlántico. La revelación de la carta pone en aprietos la administración de la fiscal, a la que todavía no se le conoce ninguna decisión contundente en contra del poder del Gobierno ni en el caso UNGRD ni en el de Petro Burgos.
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