¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política?

La lista de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro participando en política no deja de crecer. Algunos tienen investigaciones formales abiertas, otros ya fueron suspendidos y varios más siguen haciendo campaña desde sus cargos, aunque todavía no tengan una decisión disciplinaria encima.

El mandatario ya tiene dos procesos por participación en política. En cualquier otro escenario, y con las pruebas que se han conocido, ya estaría recibiendo algún tipo de sanción. Pero las investigaciones avanzan lentamente y Petro continúa metido de lleno en la discusión electoral sin que, por ahora, haya consecuencias reales.

Los expertos coinciden en admitir que lo que está pasando no tiene muchos antecedentes; Petro le ha metido la mano a la campaña sin sonrojarse. Lo hace abiertamente: habla con candidatos, toma partido y convierte buena parte de sus intervenciones en mensajes con claro contenido electoral.

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Y como pasa en las casas, lo que hace el papá, líder o la cabeza, lo repiten los demás. Y en este caso, el ejemplo pesa más que cualquier circular.

Por eso lo de Carlos Carrillo y Alfredo Saade no tomó a nadie por sorpresa. Ayer, ambos fueron suspendidos provisionalmente por la Procuraduría por presunta participación indebida en política. El primero desde la dirección de la UNGRD y el segundo desde la Embajada de Colombia en Brasil.

No han sido los únicos, aunque pareciera que el manoseo político avanza más rápido que las propias sanciones. Semanas atrás también fue suspendida la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez. Apareció en un medio de comunicación de ese país diciendo: “Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Por esa declaración estará por fuera del cargo hasta el próximo 21 de junio, día en el que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

“El mal ejemplo cunde. Si el jefe de ellos, al cual le deben pleitesía y subordinación, quebranta esas normas, pues los ministros encontrarán precisamente legitimidad, seguramente irregular, para también participar de manera indebida en política”, explica Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Ayer mismo se conoció la renuncia del viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Andrés López Cabezas, a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial. EL COLOMBIANO pudo establecer que su salida estaría relacionada con su intención de vincularse a la campaña de Cepeda. Al parecer, la reciente seguidilla de suspensiones a funcionarios habría servido de campanazo para quienes contemplaban involucrarse de lleno en la contienda electoral sin dejar antes sus cargos.

Al final, lo que está ocurriendo parece más la consecuencia de una señal que el propio presidente ha venido dando durante meses: no necesariamente porque les haya dicho a sus funcionarios que salgan a hacer campaña, sino porque él mismo ha actuado como si las restricciones que existen para los servidores públicos no aplicaran.

Pero la cosa no para en el círculo más próximo a Petro. Las decisiones de la Procuraduría también han alcanzado a mandatarios locales. La alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, fue suspendida luego de aparecer portando un poncho a favor del candidato del Pacto Histórico el día de las elecciones. Lo mismo ocurrió con la alcaldesa de San Onofre, Sucre, Marta Cantillo Martínez, quien fue suspendida por manifestar públicamente su respaldo a un sector político afín al presidente en contenidos difundidos durante la campaña.

¿Qué pasará con Petro?

La actitud del presidente ha sido tan evidente que las cortes y distintas autoridades han tenido que salir a pedirle que se abstenga de participar en política. Pero nada parece frenarlo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ya le abrió dos investigaciones por su presunta intervención indebida en la campaña.

El problema es que esa noticia, por sí sola, difícilmente asusta a alguien. La Comisión carga desde hace años con la fama de ser el lugar donde los procesos contra los altos dignatarios se empolvan, se dilatan y pocas veces llegan a una decisión de fondo.

Por eso, mientras alcaldes, embajadores y directores de entidades son suspendidos, las consecuencias para Petro podrían terminar siendo más políticas que jurídicas. Un costo en la opinión pública, un nuevo llamado de atención o una nueva controversia en redes sociales porque quien tiene la tarea de investigarlo no se ha caracterizado precisamente por la velocidad ni por los resultados.

Los funcionarios investigados

Los casos no son pocos. Para estas elecciones, la Procuraduría ha recibido 556 quejas por presunta participación indebida en política y ya tiene bajo la lupa a, por lo menos, seis ministros del Gobierno.

Entre ellos está Armando Benedetti, jefe de la cartera política, investigado por afirmar en un video que ningún candidato en Colombia sería capaz de derrotar a Gustavo Petro en las urnas. También aparecen el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; e incluso el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por hacer referencias públicas a su cercanía ideológica y programática con el proyecto político que hoy encabeza Cepeda.

“La situación es muy peculiar en el sentido de que no habíamos tenido un gobierno que fuera tan descaradamente interventor en política partidista y electoral como este. Una de sus particularidades ha sido retar el ordenamiento jurídico y llevar las cosas hasta el límite”, señala el constitucionalista Juan Manuel Charry.

El costo político de participar en la campaña electoral desde un cargo público puede parecer pequeño mientras se está en el poder, pero la cuenta puede llegar después. Este gobierno pasará, como pasan todos, pero una sanción disciplinaria puede dejar a un funcionario varios años por fuera de la vida pública.

Si la Procuraduría concluye que hubo participación indebida en política, las sanciones pueden ir desde una suspensión hasta la destitución. Pero lo que más pesa son las inhabilidades que van desde uno a 20 años sin poder ocupar cargos públicos. Es decir, para algunos podría significar el fin de una carrera política construida durante décadas.

Saade y Carrillo, apartados de sus cargos

En el caso de Carrillo, la Procuraduría lo suspendió por decir que entendía la preocupación del presidente frente a lo que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”, en referencia al candidato Abelardo de la Espriella.

Y señaló que “cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible” la inquietud.

Saade, por su parte, fue suspendido por pedirle al ministro del Interior, Armando Benedetti, renunciar argumentando que “él sabe para qué”, al igual que al mandatario.

A este último le dijo que “el país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo”; y en el mismo mensaje escribió “victoria o muerte”.

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En el caso de Carrillo, la Procuraduría lo suspendió por decir que entendía la preocupación del presidente frente a lo que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”, en referencia al candidato Abelardo de la Espriella.

Y señaló que “cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible” la inquietud.

Saade, por su parte, fue suspendido por pedirle al ministro del Interior, Armando Benedetti, renunciar argumentando que “él sabe para qué”, al igual que al mandatario.

A este último le dijo que “el país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo”; y en el mismo mensaje escribió “victoria o muerte”.

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