Los 779 títulos presuntamente irregulares que la U. San José le otorgó a funcionarios públicos
La situación, dada a conocer por la congresista Jennifer Pedraza, ya quedó en manos de la Procuraduría, entidad que deberá investigar y determinar quiénes incumplen los requisitos y si conlleva una irregularidad.
La Fundación de Educación Superior San José se convirtió en el centro de un debate político y administrativo luego de que surgieran cuestionamientos sobre la validez de títulos académicos otorgados por la institución, un tema que tomó relevancia nacional tras la denuncia por la presunta compra de un diploma por parte de Juliana Guerrero, entonces aspirante al Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de Igualdad. Desde entonces, la institución ha sido objeto de seguimiento por parte de congresistas y organismos de control.
En este contexto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza dio a conocer nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades académicas asociadas a la Fundación de Educación Superior San José, una institución que ya se encontraba bajo observación pública.
Según la congresista, las inconsistencias detectadas no serían hechos aislados, sino que evidenciarían patrones repetidos en los registros oficiales de servidores públicos.
De acuerdo con la investigación presentada, Pedraza revisó la información académica reportada por 1.276 funcionarios públicos que consignaron estudios en esa institución en sus hojas de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
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Tras cruzar datos con bases oficiales, identificó 779 casos con irregularidades académicas, principalmente por la ausencia o incompletitud de registros en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), requisito fundamental para validar la existencia y culminación de programas académicos.
Entre los hallazgos, la congresista señaló que 221 personas no figuran en el SNIES pese a reportar títulos de la Fundación San José ante Función Pública, sin que exista evidencia de procesos de inscripción, matrícula o grado. Otros 558 casos presentan registros parciales: en algunos, solo aparece la inscripción o admisión, mientras que en otros el sistema los clasifica como no graduados, aun cuando en sus hojas de vida constan títulos supuestamente otorgados por la institución.
La investigación también incluyó 35 nuevos casos relacionados con el incumplimiento del requisito de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT. Según Pedraza, se identificaron personas que se graduaron sin haber presentado los exámenes, otras que se inscribieron pero no asistieron y aun así obtuvieron títulos, y algunas que presentaron las pruebas después de haber sido graduadas, lo que, a su juicio, contraviene la normativa vigente.
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Otro aspecto destacado fue el aumento en la vinculación de egresados de la Fundación San José durante el actual Gobierno. La representante afirmó que, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, se han incorporado 733 servidores públicos con estudios relacionados con esa institución, lo que representa un incremento superior al 200 % frente a periodos anteriores.
Pedraza sostuvo que las irregularidades detectadas coinciden con el caso de Juliana Guerrero, cuya situación fue denunciada anteriormente, y cuestionó las explicaciones de la institución educativa que han señalado que se trataría de episodios excepcionales.
En ese contexto, criticó la actuación del Ministerio de Educación y señaló que, pese a que las investigaciones sobre la Fundación se iniciaron en marzo de 2025, no se habrían adoptado decisiones de fondo.
Por estos hechos, la congresista solicitó la intervención inmediata de la Fundación San José y pidió a la Procuraduría abrir una indagación disciplinaria contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, así como contra las dependencias encargadas de inspección, vigilancia y procesos sancionatorios. En la denuncia disciplinaria, argumentó que las presuntas omisiones podrían comprometer el cumplimiento de deberes funcionales establecidos en la Ley 1952 de 2019.
La representante explicó que la investigación se realizó mediante el cruce de información obtenida a través de derechos de petición y acciones de tutela dirigidas al Ministerio de Educación, al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Icfes, ante la negativa de la Fundación San José de entregar información.
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