La representante alertó que, sin presuntamente cumplir los requisitos, la institución dio vía libre a la graduación de estudiantes que luego se hicieron a contratos por más de $1.100 millones en 16 entidades del Gobierno Petro. Pide moción de censura contra el ministro de Educación.
Pasados más de cuatro meses desde que estalló el escándalo alrededor de Juliana Guerrero –cuyo nombramiento como viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad se frustró por presuntas irregularidades en la expedición de su título profesional–, este lunes se conocieron nuevas denuncias que ponen en jaque a la Fundación de Educación Superior San José.
Según reveló la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), habría al menos otros 24 títulos profesionales presuntamente irregulares expedidos por la institución. Se trata de estudiantes que lograron hacerse a contratos por más de $1.100 millones en 16 entidades del Gobierno de Gustavo Petro sin cumplir presuntamente los requisitos.
Las irregularidades incluyen ausencia o presentación extemporánea de la Prueba Saber Pro, lo que pone en duda la validez de los diplomas. En diálogo con EL COLOMBIANO, Juvinao insta a intervenir e incluso cerrar la Fundación San José, al tiempo que reclama por la inacción del Ministerio de Educación. Al advertir que ese despacho se ha convertido en “una trinchera política y electoral”, la congresista anuncia que buscará promover una moción de censura contra el ministro Daniel Rojas.
Cuando se conoció el escándalo de Juliana Guerrero, mi equipo comenzó a rastrear más casos. He tenido desde hace años una línea de investigación sobre diplomas falsos, como el de Julián Bedoya en 2019 que terminó anulado por el Consejo de Estado y tuvo que renunciar el entonces rector de la Universidad de Medellín.
A raíz del caso de Juliana Guerrero, nos dimos a la dispendiosa tarea de revisar contratistas y funcionarios egresados de la San José que trabajan con el Gobierno. En un primer barrido, porque aún falta muchísima más información, encontramos 24 casos corroborados con irregularidades.
Seis casos (la mayoría en el SENA) son como el de Juliana Guerrero: personas que recibieron el diploma sin nunca hacer la prueba Saber Pro. Otros 18 casos tienen una segunda irregularidad: la universidad les entregó el diploma haciéndoles firmar una carta en la que se comprometen a hacer la prueba de manera posterior.
Cualquiera de estas dos irregularidades constituye que el diploma es inválido y debería anularse por parte de la universidad. Hay un vicio de legalidad, pues la Ley 1324 estipula que la presentación de la prueba es un requisito previo y obligatorio para obtener el título.
Los diplomas son documentos públicos, aun cuando las universidades son privadas, están prestando un servicio público. En este caso, los contratistas y/o funcionarios habrían cometido falsedad en documento público, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o las sanciones fiscales por un eventual detrimento patrimonial.
Pero también se debe indagar si se cometieron delitos. Por ello, le vamos a pedir a la Fiscalía que investigue. Acá hay corresponsabilidad de diversos actores: de quienes presuntamente cometieron este fraude, de la universidad que se presta para constituir lo que llamo un cartel de expedición de títulos irregulares (porque hay una estrategia sistemática) y eventualmente también de las entidades que recibieron a estas personas en caso de que haya políticos detrás.
Pudo darse el caso de personas que no cumplían los requisitos a quienes mandaron a obtener el título en la universidad para luego vincularlos a las entidades del Gobierno.
Lea también: ¿Juliana Guerrero nunca fue a clases? U. San José habría validado materias en 2024, pero ahora anuló su título
Resalto la inacción total del Ministerio de Educación, que aun teniendo una Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, no ha anunciado sanciones ni ha intervenido la universidad, la cual, en mi opinión, debería ya estar intervenida formalmente por el Ministerio. Inclusive, como van las cosas, esta universidad va camino a ser cerrada. De ser ciertas las denuncias, estaríamos ante una universidad de garaje que está dedicada a cometer ilegalidades y que impacta seriamente la calidad de la educación superior, además de mandar un pésimo mensaje para los jóvenes que hacen todos los esfuerzos por obtener un título profesional.
Le puede interesar: Así fue el choque entre Juvinao y el ministro de Educación por debate sobre los subsidios para beneficiarios del Icetex
Es gravísimo porque demuestra que la narrativa del gobierno de Gustavo Petro va por un lado y los hechos por otro. Prometieron un revolcón ético y de meritocracia, diciendo que iban a tener la educación como prioridad y elevar los estándares; incluso, pidiendo a PhDs que regresaran al país para ser su primera línea en las entidades públicas y ejecutar las políticas, pero nada de eso se cumplió.
A los jóvenes que sí están haciendo el esfuerzo de estudiar, como los de estratos 1, 2 y 3 del Icetex, los traicionaron y lejos de condonarles las deudas, les aumentaron dos y tres veces las cuotas al suspender los subsidios a las tasas de intereses. Lo más reciente es el caso de Colfuturo.
Entérese: Las 10 promesas en educación que Gustavo Petro ha incumplido
Los pelados que, a través de la educación, habían logrado alguna movilidad social y algún ascenso social, con las puertas abiertas para irse a estudiar a universidades de élite del mundo, tampoco pudieron acceder. Según este Gobierno, la clase media es rica, oligarca y neoliberal, cuando muchas veces no tienen cómo pagar el semestre completo. Yo soy un ejemplo de ello, estudié con el Icetex.
Todas las promesas quedaron en la nada y, en cambio, los hechos demuestran que han instrumentalizado el sector educativo y el Ministerio como una trinchera política y electoral. El interés es hacer activismo con la educación, mas no alcanzar los objetivos de cobertura y calidad.
Han fracturado por completo el sector, generando desconfianza muy grande entre los actores del sistema. El sector está muy golpeado por el sectarismo ideológico de este Gobierno. Y, para rematar, se han dedicado a llenar la administración pública con personas tramposas y deshonestas que han recurrido a este tipo de estrategias, que pueden desembocar en faltas disciplinarias y delitos para obtener títulos profesionales. Todo, para ocupar cargos que deberían estar reservados para los mejores talentos y personas con mérito.
Sin embargo, lo que se evidencia es que este Gobierno ha sacado a la gente buena que hay en las entidades, en un proceso de destecnificación, para llenarlas de gente tramposa con vínculos irregulares. Estamos ante una tragedia ética, educativa y política.
Esta es la punta de lanza para que las autoridades investiguen; ya enviamos requerimientos al Ministerio de Educación, ICFES, Contraloría, Procuraduría y a los colegios profesionales para que cancelen las tarjetas profesionales obtenidas con estos títulos.
Una vez las autoridades nos confirme el cartel y todo lo que hemos encontrado, será el momento de revelar las identidades de estas personas. No lo hice hoy por respeto a la presunción de inocencia, pero estoy bastante segura de que los hallazgos son muy contundentes. Tenemos todo documentado.
Me comuniqué con el presidente del Congreso, Lidio García, para solicitar que me permita citar a una moción de censura al ministro de Educación, Daniel Rojas, en el marco de un control político por la emergencia económica.
El Congreso, aun cuando estemos en receso de sesiones, debe encontrar la vía para un control extraordinario, pues no es posible que los congresistas hagamos la investigación que le corresponde al Ministerio mientras el ministro hace activismo político en plenas elecciones. Eso no puede ser, él debe responder políticamente y haré la tarea.
Bloque de preguntas y respuestas
Regístrate al newsletter 
