MinDefensa asegura que el ministerio fue "víctima" por las irregularidades en contrato para reparar helicópteros MI-17
El general Pedro Sánchez aseguró que su cartera tomó las medidas correspondientes apenas supieron del caso, y que las investigaciones siguen adelante con colaboración del ministerio.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su cartera fue “víctima” de los incumplimientos en el contrato suscrito para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército y defendió que no hubo detrimento patrimonial para el Estado.
A través de X, el jefe de la cartera respondió a los cuestionamientos surgidos por el polémico contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 con la empresa estadounidense Vertol Systems Company Inc., por 32,4 millones de dólares, cuyo objetivo era recuperar y sostener seis aeronaves de fabricación rusa.
“Cuentas claras. No se perdió ni un peso del erario público”, afirmó el ministro, quien explicó que, por el contrario, el Estado recibió 6,49 millones de dólares adicionales y que está en trámite el cobro de otros 2,46 millones.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, esas aeronaves de fabricación rusa adquiridas en los 80 son muy importantes para el transporte de tropas, insumos y tareas logísticas, dada su capacidad superior de carga de hasta 5 toneladas y un pelotón de 24 soldados equipados.
El contrato se celebró en un contexto complejo: desde 2022, las sanciones internacionales impuestas a empresas rusas —incluidas en la lista OFAC— bloquearon la posibilidad de continuar con el mantenimiento tradicional de estas aeronaves.
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Ante la drástica reducción de la flota operativa —de 20 helicópteros, solo cinco estaban en servicio— el Ministerio optó por contratar una firma estadounidense.
Durante la ejecución del contrato, tres helicópteros fueron puestos nuevamente en funcionamiento. Sin embargo, en agosto de 2025, el supervisor designado detectó incumplimientos relacionados con la entrega de documentación técnica y otras obligaciones establecidas en los anexos contractuales. A partir de ese momento se activaron los mecanismos sancionatorios.
¿Por qué investigan los contratos relacionados con el mantenimiento de los helicópteros M-17 del ejército colombiano?
Uno de los puntos más sensibles del proceso fue el anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a 16,23 millones de dólares, desembolsado pese a que el avance físico del proyecto era mínimo. Según explicó el ministro, 13,58 millones de esos recursos quedaron en riesgo por el incumplimiento.
No obstante, las garantías contractuales permitieron que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia girara al Tesoro Nacional 20,07 millones de dólares, cubriendo la totalidad del anticipo y parte de la multa impuesta a la empresa, que ascendió a 8,95 millones.
El saldo pendiente, de 2,46 millones de dólares, se encuentra en etapa de cobro persuasivo, según lo que explicó el jefe del ministerio de Defensa.
"De los 16,23 millones de dólares entregados como anticipo, 13,58 millones de dólares presentaban riesgo de incumplimiento. En virtud de las garantías contractuales, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia consignó al Tesoro Nacional 20,07 millones de dólares, lo que permitió recuperar el 100 % de los recursos públicos comprometidos y cubrir parcialmente la multa impuesta (8,95 millones de dólares). El saldo restante (2,46 millones de dólares) se encuentra en etapa de cobro persuasivo", dijo.
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El caso ha sido objeto de investigaciones penales y disciplinarias. La Fiscalía adelanta un proceso contra tres exfuncionarios —entre ellos un coronel del Ejército y exdirectivos del Ministerio— por presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución del contrato, como la flexibilización de requisitos y modificaciones en la forma de pago.
Aunque fueron capturados, una juez de control de garantías decidió no enviarlos a prisión preventiva mientras avanza el proceso.
La determinación judicial benefició a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, oficial de la Brigada de Aviación Nº 32 del Ejército Nacional, quienes continuarán vinculados al proceso penal.
¿Qué se sabe de las irregularidades en los contratos de mantenimiento de los M-17?
La Contraloría había emitido advertencias tempranas sobre riesgos significativos de incumplimiento, señalando debilidades en las evaluaciones técnicas, financieras y jurídicas previas. También alertó sobre retrasos y falta de avances en varios componentes del contrato, mientras los helicópteros permanecían en hangares del Ejército.
El órgano de control explicó que, en el seguimiento preventivo al contrato, se identificaron debilidades en las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras previas, así como contradicciones entre los conceptos que inicialmente calificaron a la empresa como financieramente solvente y las posteriores justificaciones usadas para modificar la forma de pago con el argumento de mitigar riesgos de liquidez del contratista.
La advertencia fiscal también dejó constancia de que varios anexos del contrato, relacionados con overhaul de aeronaves, motores y adquisición de repuestos, no registraban avances, mientras que los helicópteros y componentes permanecían en hangares del Ejército, pese a que el plazo de ejecución finalizaba en noviembre de 2025.
Más recientemente, una investigación periodística de Caracol Radio reveló que antes de adjudicarse el contrato a Vertol existía la posibilidad de que fuerzas armadas de Estados Unidos asumieran el mantenimiento, pero esa opción no prosperó.
Ministro de Defensa responde a los cuestionamientos por contratos de mantenimiento de los helicópteros M-17
Frente a estos señalamientos, el ministro sostuvo que su administración no participó en esas decisiones iniciales y subrayó que fue precisamente su despacho el que impuso la sanción a la compañía.
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“El Ministerio se constituyó como víctima”, enfatizó, al tiempo que informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación apenas tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando.
La controversia continúa abierta mientras avanzan las investigaciones judiciales y de control fiscal.