Nuevo MinJusticia pide a la Agencia Jurídica frenar contratos por $4.000 millones antes del cambio de Gobierno
Entre las revisiones que pide el nuevo ministro de Justicia hay 28 procesos por más de $3.090 millones en la Dirección de Defensa Jurídica Internacional.
A menos de un mes del cambio de Gobierno, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, pidió aplazar la adjudicación de 48 procesos contractuales que comprometen más de $4.379 millones este año y que, con recursos de vigencias futuras, alcanzarían los $6.402 millones.
La solicitud fue enviada al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, a quien le pidió suspender las decisiones que serán sometidas al Comité de Contratación de la entidad, mientras el gobierno entrante analiza la documentación de cada proceso.
En la carta, Cancino solicita “aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales relacionados o, en su defecto, de la totalidad de los que se sometan a consideración del Comité”, hasta que el equipo de empalme pueda revisar la información requerida.
Además, pidió que en un plazo de tres días se entregue el listado completo de los procesos que serán estudiados, con detalles sobre el objeto de cada contrato, su cuantía, modalidad de selección, disponibilidad presupuestal, la existencia de vigencias futuras y los estudios que justifican la necesidad de adelantar esas contrataciones antes de la posesión del nuevo Gobierno.
El ministro designado aclaró que su petición no pone en duda la legalidad de los procesos, sino que busca evitar que se comprometan recursos públicos y vigencias futuras sin que la administración entrante haya tenido la oportunidad de evaluarlos durante el proceso de empalme.
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Entre las revisiones que pide el nuevo ministro de Justicia hay 28 procesos por más de $3.090 millones en la Dirección de Defensa Jurídica Internacional y cinco procesos con recursos de vigencias futuras en la Dirección de Gestión de la Información.
De La Espriella ordenó vigilar contratos de la UNP
El presidente electo, Abelardo De la Espriella, le ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, que solicitara a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva en los procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP). En especial, pidió poner la lupa por uno que suma $78.000 millones.
El Gobierno entrante calificó como “urgente e indispensable” que el ministerio público inicie la vigilancia a varios procesos de esa entidad, “al considerar que involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos”.
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La principal preocupación de De la Espriella se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
En ese sentido, el mandatario elector advirtió que la adjudicación de este contrato está prevista que se resuelva antes del 7 de agosto, lo que impide que la administración que iniciará en dos semanas revise los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes serán los responsables de la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.
“El Gobierno electo solicitó a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre el proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación”, manifestó la vocería de Abelardo.
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Así mismo, el equipo de trabajo advirtió que también tienen las dudas sobre otro proceso contractual en la UNP que busca proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
Por otro lado, el presidente electo ordenó a Lara solicitar vigilancia preventiva sobre otra contratación con la que esa entidad —encargada de brindar escolta y acompañamiento a personas en riesgo— busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos.
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