Sin justicia ni avances: JEP negó sometimiento a los acusados por atentado en la U. Nacional y el caso lleva dos años estancado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó recientemente que negó formalmente el sometimiento de los acusados por el atentado perpetrado en la Universidad Nacional de Bogotá durante el pasado mes de mayo del año 2014.

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A pesar de esta determinación judicial, el proceso penal se encuentra completamente paralizado y acumula dos años sin registrar avances significativos dentro de la justicia ordinaria, según una información publicada por Semana.

Los hechos investigados ocurrieron el 20 de mayo de 2014 en el campus de la Universidad Nacional. Durante los disturbios, los responsables utilizaron cerca de 810 artefactos explosivos caseros, que incluyeron papas bomba y artefactos panfletarios con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque dejó un saldo de nueve integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) —actualmente denominado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo)— con heridas de gravedad.

Las capturas y los presuntos nexos con el ELN

En el año 2015, las autoridades ejecutaron un operativo que derivó en la captura de 13 personas presuntamente vinculadas con la acción terrorista, entre quienes se encontraban funcionarios y contratistas públicos.

Con base en los informes de la Fiscalía General de la Nación compartidos por Semana, las investigaciones preliminares atribuyeron la organización del ataque a supuestos nexos entre los capturados y las milicias urbanas del ELN.

Una pieza fundamental para la identificación de los presuntos implicados fue el testimonio y el registro fotográfico aportado por un vigilante de la institución educativa, quien fue amarrado y amenazado en el transcurso de los enfrentamientos.

Las pesquisas iniciales documentaron la coordinación entre varios de los detenidos, destacando la participación de tres contratistas de la Alcaldía de Gustavo Petro de la época y de la abogada ibaguereña Paola Andrea Salgado Piedrahita, quien en ese momento coordinaba un programa de salud en el Hospital de Suba.

El material probatorio de la Fiscalía

El expediente judicial conocido de la Fiscalía cuenta con registros fotográficos, grabaciones, testimonios y peritajes científicos que detallan las características de los explosivos artesanales. De acuerdo con estos análisis técnicos, los artefactos, con un peso aproximado de ocho gramos cada uno, estaban compuestos por cloruro de potasio, aluminio y azufre.

Los señalamientos específicos contra Salgado Piedrahita sostuvieron que presuntamente transportó en un vehículo particular cerca de 800 papas bomba hacia el sector del Conservatorio Universitario, y que mantuvo comunicación directa con otros procesados como David Camilo Rodríguez Hernández, alias ’el Profe’, Herley Alexánder Lamprea Flórez y Gerson Alexánder Yacumal.

Asimismo, en el registro de la residencia de la abogada, la Fiscalía reportó -según la información conocida por el medio mencionado- el hallazgo de banderas y panfletos alusivos al aniversario número 50 del ELN.

Bloqueo institucional entre tribunales

El estancamiento del proceso se originó formalmente el pasado 24 de mayo de 2023, fecha en la que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó de manera definitiva la solicitud de sometimiento de los procesados. Desde esa resolución, el caso no ha podido ser devuelto formalmente a la justicia ordinaria para su respectiva continuidad.

Semana reveló que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá ha enviado al menos cinco requerimientos escritos a la JEP entre el 14 de febrero y el 20 de abril de 2024. El despacho judicial solicita de manera reiterada la confirmación de la resolución número 1591 que frena el sometimiento para reanudar el caso.

Por su parte, la Secretaría Judicial de la JEP informó al medio mencionado que el expediente se encuentra actualmente bajo revisión en la Sección de Apelación y que no ha tenido ninguna actualización desde el 28 de enero de 2024.

La situación laboral actual de los implicados

Ante la falta de una respuesta definitiva del tribunal transicional, el juzgado especializado determinó fijar la reanudación de las audiencias preparatorias para el 6 de julio de 2024.

Mientras el proceso judicial continúa sin una resolución de fondo, los acusados mantienen plenamente su derecho a la presunción de inocencia y continúan desarrollando sus actividades laborales en el sector público.

Entre ellos, Paola Andrea Salgado Piedrahita, quien desempeña desde el 1 de agosto de 2025 como profesional universitaria y, a partir del 1 de enero de 2026, como profesional especializada dentro de la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Previo a este cargo, su perfil oficial certifica su paso laboral por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2024, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac) y organizaciones no gubernamentales como Católicas por el Derecho a Decidir y la Corporación Sisma Mujer.

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