30 años después, la polémica sobre la liberación de Juan Carlos Gaviria se abre de nuevo

Por: Sebastián Hoyos L*.

En Semana Santa de 1996, el Movimiento Dignidad por Colombia secuestró a Juan Carlos Gaviria, hermano del entonces Secretario General de la OEA y expresidente César Gaviria Trujillo. Durante 72 días, Juan Carlos estuvo enterrado en vida, en un hueco dentro de un clóset, en algún lugar del Eje Cafetero, soportando un calvario que lo dejó con claustrofobia y miedo al silencio y la oscuridad el resto de su vida. Tan violento fue que tras la liberación duró tres meses sin poder caminar.

Por fortuna Gaviria, arquitecto, pudo volver a la libertad con vida —contrario a cientos de colombianos—, pero solo ahora se sabe que su liberación se logró por un acuerdo secreto entre la familia, en cabeza de César Gaviria, y la cúpula de la Policía Nacional con el comandante de esa guerrilla, Hugo Antonio Toro Restrepo, alias ‘Bochica’, además de la intermediación directa de Cuba y Fidel Castro. Una negociación que, tres décadas después, Ernesto Samper Pizano, presidente de la República de ese tiempo, asegura que también se hizo a sus espaldas.

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Un secuestro de peso

A comienzos de abril de 1996, Juan Carlos Gaviria desapareció misteriosamente en los alrededores de Pereira. La única pista: el carro en el que iba rumbo al Club Campestre apareció frente al establecimiento Cafelia, con el motor en marcha. Nadie sabía qué había pasado, ni si había sido secuestrado y por quién: narcos, delincuencia común o un grupo guerrillero.

El grupo de inteligencia de la Policía encargado del caso fracasó al comienzo en obtener una respuesta. En realidad, todos estaban enredados en la telaraña tejida, desde hacía meses, por ‘Bochica’, líder de Dignidad por Colombia, una pequeña guerrilla marxista-leninista prácticamente desconocida. El gobierno no sabía de su existencia, ni que todo se planeaba y ejecutaba desde la celda en la que ‘Bochica’ estaba preso, en La Picota de Bogotá, desde mediados de 1995.

La incertidumbre se rompió el 9 de abril. Dignidad por Colombia —que después se sabría era el mismo Movimiento Jorge Eliécer Gaitán (Jega), otro grupo insurgente— declaró en un comunicado ser el autor intelectual y material del secuestro. Un exmilitante confesó recientemente que “el plan de llevarse a Juan Carlos se derivó de no poder secuestrar al expresidente César Gaviria. Esa era la idea original”.

Los captores exigieron, como requisito, para no asesinarlo, la renuncia inmediata de Samper a la Presidencia y que el Congreso lo declarase culpable de haber recibido dineros del Cartel de Cali en su campaña. En su reemplazo sugerían al escritor Gabriel García Márquez en la Casa de Nariño o, ante su negativa, a María Eugenia Rojas, hija del exdictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). En los comunicados que publicaron entre abril y junio de 1996 también pidieron la renuncia de César Gaviria de la OEA, la del vicepresidente Humberto de la Calle y la publicación de las declaraciones de renta de toda la familia Gaviria.

La tensión en la cúpula del poder era máxima. Por esas semanas el Congreso adelantaba un juicio político para votar si Samper debía dar un paso al costado por la financiación ilícita de su campaña. El entonces ministro de Defensa (y gerente de esa campaña), Fernando Botero Zea, ya había admitido que esos recursos sucios, enviados en cajas de cartón envueltas en papel regalo, sí habían ingresado. Todo este escándalo fue conocido como el Proceso 8.000.

Gaviria, Cuba y Fidel

Para evitar que su hermano fuera asesinado, César Gaviria desplegó todo su poder político. A mediados de mayo envió a La Habana a Ricardo Santamaría, exembajador en Cuba, designado por la familia Gaviria para mantener contacto con la Policía y el Zar Antisecuestro, Alberto Villamizar.

En una reunión con Fidel Castro, el vicepresidente Carlos Lage y dos secretarios del mandatario, Santamaría solicitó apoyo para identificar al grupo armado que tenía retenido a Gaviria. Tras el encuentro, Castro se contactó con José Arbezú, director del Departamento América del Partido Comunista, quien a su vez se comunicó con Antonio López y José Luis Joa, especialistas en los alzados en armas de Colombia, para que se pusieran al frente de las indagaciones. Así comenzó la participación del gobierno cubano en el suceso, recogida en las memorias de Castro, tituladas La paz en Colombia.

Mientras tanto, la investigación en Colombia estaba en manos del comandante de la Policía, Rosso José Serrano, y del entonces teniente coronel Óscar Naranjo, director de la Dipol. En esas semanas se identificó a los captores: “A través de un ejercicio comparativo de textos que tardó 72 horas, se llega a la conclusión de que el responsable del secuestro es el Jega. También que esta organización es liderada por ‘Bochica’”, recordó recientemente el general Naranjo (r).

Lo que no menciona es que, según un reportaje que la revista Semana publicó el 14 de julio de 1996, la Policía habría dado con los secuestradores por la delación de un informante con presuntos vínculos estrechos con el Jega. Lo cierto es que la Fuerza Pública se centró en seguirles los movimientos en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, donde estaba ‘Bochica’. Esto le permitió capturar, semanas después, a algunos de los secuestradores y a sus familias en Bogotá y Cali, días antes de la negociación.

La cúpula del Jega cayó así: identificaron a quienes visitaban a ‘Bochica’ en prisión y dieron con Freddy Llano Moncayo, alias “Santiago”, encargado militar, y Rubén Darío Echeverry, alias “El Mono Bonito”, jefe de finanzas. También siguieron a su esposa, Myriam Ospina, y capturaron en el barrio Salomia de Cali a más de ocho integrantes, entre ellos dos menores: la hija de ‘Bochica’, Mónica Toro, y la hija menor de la comandante “Carmenza”. Todo en secreto.

Entre el filo de la navaja, y presionado por los comunicados firmados por ‘Bochica’, el expresidente Gaviria acudió a Samper, pese a sus diferencias políticas, y le solicitó aplazar el pronunciamiento de la Cámara sobre su absolución. Así lo recuerda Samper:

“Ya la Comisión de Acusaciones había terminado sus funciones y había pedido el auto inhibitorio del proceso. El día anterior recibí una llamada del presidente Gaviria en donde me decía que la gente de Dignidad por Colombia estaba amenazando con asesinar a Juan Carlos si me absolvían. A través de Horacio Serpa buscamos una disculpa y frenamos el fallo. [...] Es mi inocencia la que está en juego. El país ya lleva seis meses de tensión, pero en aras de su hermano lo hago. Nunca me dio las gracias. Ni apareció cuando yo fui a ver a Juan Carlos”.

A raíz de lo anterior sucedió la negociación. Según el reportaje La historia secreta, de Semana, el mismo informante le avisó a Naranjo que ‘Bochica’ tenía preparado un plan de fuga. Para evitarlo, el comandante fue trasladado repentinamente a la cárcel La Modelo de Bogotá, para desconectarlo de sus visitantes, ya en la mira de la Policía. Así se pusieron en jaque los planes de Dignidad por Colombia.

‘Bochica’ fue trasladado el puente festivo del 8 al 10 de junio al pabellón de alta seguridad donde había varios narcos pesados, como Víctor Patiño Fómeque, del Cartel del Norte del Valle. La Policía le propuso que ayudara a cambio de algún beneficio, y así ocurrió. “Vimos que podíamos usar a Patiño Fómeque [...] interrogando o entrevistando sutilmente a ‘Bochica’ para confirmar si tenía secuestrado a Juan Carlos. [...] En una de sus conversaciones, ‘Bochica’ le confirmó que sí, pero que no sabía dónde lo tenía su gente, y que la única forma en que le perdonarían la vida sería por una petición, si acaso, del mismo Fidel Castro”, recuerda Naranjo.

Con esta información, Santamaría viajó de urgencia a La Habana, luego de que Naranjo le informara a Gaviria que la orden de ejecución de su hermano parecía estar dada por ‘Bochica’. En la isla, Santamaría se reunió con Castro, Arbezú y una secretaria que anotó un borrador del comunicado que después se publicó, en el que Castro pedía a los secuestradores respetar la vida de Juan Carlos. El texto fue enviado a la agencia Prensa Latina y al propio Gaviria, que lo distribuyó entre los medios. Después se puso en marcha la operación de liberación.

El 11 de junio de 1996, Santamaría y dos emisarios cubanos, Arbezú y Joa, viajaron a Bogotá, se reunieron con Gaviria en el Hotel Casa Medina y se trasladaron a La Modelo, donde los esperaba Naranjo. Los líderes y familiares del Jega ya estaban en poder de la Policía. Arbezú y Naranjo entraron a la celda; Naranjo le dijo a ‘Bochica’ quién era el cubano y los dejó a solas. Tras un tira y afloje que se prolongó hasta la madrugada, el comandante cedió al enterarse de que la cúpula de su guerrilla y su familia estaban detenidas. Allí se pactó el trueque: la liberación de Gaviria y el envío de los miembros del Jega a Cuba.

El 12 de junio de 1996, cuando el país esperaba la decisión del juicio de Samper, los medios anunciaron la liberación, en medio de cuestionamientos de voceros de Vida (Víctimas de la Guerrilla), el Directorio Nacional Conservador y la Federación de Ganaderos, que le pidieron a la Fiscalía aclarar las bases jurídicas de la negociación y la salida de los secuestradores hacia Cuba.

En su columna de Semana, del 25 de junio de 1996, Antonio Caballero afirmó que los voceros de ‘Víctimas de la Guerrilla’ consideraron que las autoridades habían transgredido la jurisdicción antisecuestro recién establecida (Ley 282 de 1996), con un pacto inconstitucional: la Carta Magna prohibía el indulto o la amnistía para el secuestro y la Ley 40 de 1993 impedía considerarlo un delito político o conexo. Caballero concluyó que “Fedegán tiene razón cuando le exige al gobierno el mismo trato que dio al hermano de Gaviria para los más de 200 ganaderos secuestrados”.

Y seguramente tenían razón. En su celda, ‘Bochica’, Arbezú y Naranjo acordaron que Dignidad por Colombia entregaría con vida a Gaviria y que los secuestradores no serían capturados, además de un salvoconducto para viajar a Cuba. “Los acuerdos consistían en que ellos se refugiarían en Cuba y recibirían protección de ese gobierno, y no podían ser capturados en ese momento en Colombia. Se les explicó que, como ya había una denuncia de secuestro en curso y era evidente que eran los responsables, las autoridades colombianas proseguirían con la investigación, estuvieran o no en el país”, aclara Naranjo.

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Vuelo a Cuba

Serrano, Naranjo y los agentes cubanos viajaron a Pereira. En el aeropuerto El Dorado esperaban los ocho miembros y familiares de Dignidad por Colombia detenidos, trasladados desde Cali. Dos de los guerrilleros fueron embarcados rumbo a Pereira junto a Serrano, el agente Joa y otro miembro de inteligencia. En el Eje Cafetero, a los milicianos les dieron una camioneta y un celular para ir hasta donde tenían secuestrado a Gaviria.

Las dos horas pactadas se alargaron hasta que finalmente regresaron. Del carro, los guerrilleros bajaron a Gaviria cargado, pero armados hasta los dientes y amenazándolo con matarlo si no se cumplía el acuerdo. Tras un intenso intercambio de palabras e intimidaciones, el agente cubano logró distensionar el ambiente y que todos subieran a la aeronave. Juan Carlos Gaviria estaba vivo, pero encañonado en un bimotor King Air 300 con el Director de la Policía a su lado. Lograron que las armas fueran puestas atrás, pero al despegar uno de los guerrilleros sacó un arma escondida y le apuntó al general Serrano.

Tras un breve altercado, bajaron las tensiones y regresaron a El Dorado. Allí, los dos guerrilleros, junto a los otros seis ya retenidos, se montaron en un avión de Avianca hacia Cuba sin inconvenientes. Lo ocurrido con la liberación quedó registrado por los noticieros nacionales.

En una entrevista inédita que ‘Bochica’ le concedió a una periodista de Cambio16 da cuenta de otra parte del acuerdo secreto con los cubanos y la Policía, quienes se comprometieron a no judicializar a los milicianos. “El único punto que no me han cumplido [...] fue el de que no judicializarían a nadie (ni a los que se fueron para Cuba, ni a mí), y que, por consiguiente, tampoco se divulgaría mi nombre. Sin embargo, César Gaviria, sin faltarle a su naturaleza de político pragmático, corrió a contar todo el rollo a su manera [...]. Afortunadamente, la televisión colombiana reveló parte sustancial de lo que había ocurrido: no hubo rescate sino canje, y los que viajaron a Cuba no eran ni colaboradores ni informantes de la justicia”, dijo.

El 29 de junio de 1996, tras la liberación del arquitecto, la Fiscalía abrió una investigación que vinculaba penalmente a ‘Bochica’ y a los otros secuestradores. También buscó las declaraciones juramentadas del expresidente Gaviria, del general Rosso José Serrano y del director del DAS, Marco Tulio Gutiérrez.

Hoy, treinta años después, el país sigue preguntándose si ese “intercambio humanitario” fue legítimo y transparente. Para Samper, no lo fue: “La verdad es que nunca fui consultado de la negociación en esos términos. A mí me la presentaron como un operativo de la Policía y como una liberación. Si el trueque humanitario se dio, no fue autorizado por la Presidencia. En ningún momento me dijeron que fue un intercambio humanitario”, afirma el exmandatario.

Versiones contradictorias

Una noticia de El Tiempo, de junio de 1996, titulada Investigan secuestro y rescate de J.C. Gaviria, planteó las contradicciones que surgieron tras la liberación. La primera, el lugar del cautiverio.

¿Dónde estaba la caleta de 35 por 80 centímetros en la que Gaviria fue enterrado por más de setenta días? El general Serrano les aseguró a los medios y al presidente Samper que él mismo sacó a Gaviria del sitio; sin embargo, después declaró que lo supo porque se lo describieron el propio Juan Carlos y los secuestradores que lo entregaron en el aeropuerto Matecaña de Pereira, los mismos que lo encañonaron durante todo el trayecto hacia Bogotá.

Sobre esta contradicción, Samper recuerda: “La versión de Rosso José Serrano es que ellos pudieron localizar el sitio donde estaba secuestrado Juan Carlos Gaviria, precipitaron un operativo y en algún momento apareció el general Serrano con Juan Carlos, viajando de Pereira a Bogotá. La gente que los traía en el avión de la Policía le pidió a Serrano que entregara el arma. Él estaba encañonado. [...] Apenas liberaron a Juan Carlos fui a visitarlo y después me encerré con Serrano y le pregunté: ¿cómo es eso que a usted lo tenían encañonado, el preso era usted o qué pasó?”, afirma.

Lo cierto es que ni el Presidente de la República ni su delegado para estos asuntos fueron informados sobre la negociación que ocurría entre ‘Bochica’, los agentes cubanos y Naranjo en la celda de La Modelo. Sobre esto, el general Naranjo afirma:

“Evidentemente hubo temas que desbordan la competencia de la Policía, porque ahí se tomaron decisiones de tipo administrativo: para que cualquier colombiano abandone el territorio nacional requiere pasaporte y sello de migración. Pues ese requisito no se cumplió. Lo que quedó claro es que se trataba de un interés del país de lograr que transcurriera la votación en el Congreso sin la perturbación de un rehén amenazado de muerte. Sigue habiendo un debate incluso más político que judicial, pues hay decisiones que generan dudas sobre la transparencia del caso”, dijo.

Naranjo, que celebró el regreso sano y salvo de Gaviria, agregó: “Las instrucciones que el presidente dio eran evitar el asesinato de Juan Carlos y producir el rescate [...]. En mi caso personal, y en el del general Serrano, lo que sé es que el presidente Samper nunca reprochó no haber estado informado, ni que se hubiera sentido desautorizado. En sus declaraciones de esos días nunca manifestó que se procedió sin su autorización o con desconocimiento suyo”, dijo.

La familia Gaviria, por su parte, en un comunicado público de pocos días después, dijo que las autoridades y la Policía actuaron en ejercicio de la Ley Antisecuestro, la misma que sancionó Samper: “La familia Gaviria facilitó el transporte aéreo para algunos informantes y colaboradores que ayudaron en la investigación, quienes viajaron fuera del país. Finalmente, en este caso se impuso una solución pacífica y civilizada respetando el orden constitucional”, afirmaron.

Sin embargo, el propio expresidente Gaviria, en una entrevista a El Tiempo del 29 de junio de 1996, confesó desconocer los detalles de la negociación entre los emisarios cubanos y ‘Bochica’. Indicó que tampoco conoció quiénes eran los secuestradores que subieron al avión hacia Cuba durante el “intercambio humanitario”.

Tres décadas después, las contradicciones entre los protagonistas aún dejan sinsabores y verdades a medias. Más allá de si hubo o no un incumplimiento de la Ley Antisecuestro, lo más doloroso para las víctimas de esa época es saber que a sus allegados el Estado no les brindó las mismas opciones ni las garantías para ser liberados, y muchos murieron en cautiverio.

Treinta años después, se reafirma la teoría de que en Colombia han pesado más unos secuestrados que otros para la Fuerza Pública y el Estado. Sea por motivos políticos, sociales o económicos, quienes han sido víctimas de este delito atroz no han recibido un trato igualitario. Y Colombia aún sigue sin conocer la verdad.

*Periodista e historiador. Investiga y escribe sobre el conflicto armado, política, memoria e historia de América Latina.