Laura Sarabia, mencionada dos veces en imputación a Roa por topes de campaña, ¿qué participación tuvo?
Uno de los hechos bajo análisis corresponde a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá.
Laura Sarabia, la embajadora de Colombia en Reino Unido, fue mencionada en la tarde de este lunes en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, Ricardo Roa Barragán, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el reporte de gastos electorales ante el Consejo Nacional Electoral.
Durante la diligencia, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa, dio respuesta a una de las observaciones planteadas por la defensa del procesado, relacionada con diez gastos que habrían sido reportados de “forma incorrecta o no incluidos en los registros oficiales de la campaña”.
En su intervención, el fiscal mencionó en dos ocasiones a Laura Camila Sarabia Torres, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora de logística de la campaña presidencial.
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“La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo lauri.sarabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, afirmó el fiscal en la audiencia.
Añadió: “Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, añadió el delegado del ente investigador.
Uno de los hechos bajo análisis corresponde a un evento realizado el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá, cuyo costo habría ascendido a 27 millones de pesos.
Según el ente acusador, la factura del servicio fue emitida a nombre de Ricardo Roa Barragán y enviada a un correo asociado a Sarabia, con pago en efectivo.
En la diligencia de este lunes Roa se declaró inocente del delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía, por las presuntas irregularidades que habría cometido en el cargo de gerente de la campaña de ‘Petro Presidente’ en 2022.
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“No acepto los cargos y me declaro inocente”, respondió Roa al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le leyó los derechos y le preguntó sobre el delito imputado por la Fiscalía.
El otro frente judicial, donde también figura Roa como imputado, es por el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionada con la supuesta compra irregular de un lujoso apartamento en el barrio El Chicó, al norte de Bogotá.
La Fiscalía sostiene que Roa utilizó su posición como máxima autoridad de Ecopetrol para favorecer intereses particulares en agradecimiento por beneficios recibidos durante la adquisición del inmueble.
¿Por qué está siendo procesado Roa?
En Colombia, las campañas electorales no pueden gastar libremente: el Consejo Nacional Electoral establece topes máximos de financiación con el objetivo de evitar ventajas desproporcionadas entre candidatos.
En ese contexto, el director de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Ricardo Roa, fue imputado por una presunta violación de los topes de gasto electoral.
Para la campaña de 2022, el límite autorizado era de $28 mil millones en primera vuelta y $13 mil millones en segunda vuelta. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos montos fueron superados.
Según la imputación, durante la primera vuelta la campaña reportó oficialmente gastos por $28.384 millones. No obstante, los investigadores afirman que existieron pagos y movimientos que no fueron registrados de manera completa en “Cuentas Claras”, el sistema oficial de rendición de cuentas electorales.
Dentro de esas inconsistencias se incluirían gastos no reportados o reportados parcialmente por $1.193 millones, además de un ajuste contable entre vueltas por $345.982.836.
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Con estos valores, la Fiscalía concluye que el gasto real habría alcanzado aproximadamente $29.924 millones, es decir, unos $1.388 millones por encima del tope permitido.
Entre los movimientos revisados figuran pagos a Mi Colombia Travels SAS por eventos de campaña realizados en el hotel Marriott y el Tequendama, así como un préstamo temporal del Polo Democrático Alternativo por $500 millones, que, según el ente investigador, debió registrarse formalmente.
También están bajo análisis gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO), por más de $290 millones, relacionados con logística, transporte, alimentación y actividades proselitistas.
En cuanto a la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía sostiene que la campaña habría excedido nuevamente los límites. Según la imputación, el gasto real habría llegado a $17.623 millones, superando el tope en aproximadamente $276 millones.
Más allá del exceso en los montos, la investigación señala como punto central que varios pagos, servicios y apoyos económicos no habrían sido incluidos de forma completa en los reportes oficiales entregados a las autoridades electorales.