A pesar de ser una violación al DIH y los DD. HH., Petro justificó la muerte de 7 menores en bombardeo

El pasado martes 11 de noviembre, el presidente Gustavo Petro anunció que, por orden suya, las Fuerzas Militares habían ejecutado una ofensiva contra las disidencias de las Farc en zona rural de Calamar, Guaviare. En ese momento el mandatario habló de “25 personas neutralizadas”, 19 de ellas muertas; sin embargo, la pregunta sobre si había o no menores de edad no tardó en ponerse sobre la mesa. En la mañana de ayer Medicina Legal confirmó que 7 menores fallecieron.

Sus muertes no solo son una contradicción frente a lo que prometía en campaña, sino que constituyen un aparente error de inteligencia y una violación a los derechos humanos. Al quedar al descubierto la situación, el presidente optó por justificarse. Su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también lo hizo. Y así, en medio de excusas, se abre otro capitulo de las heridas de la violencia en Colombia.

El operativo

Acompañando al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional se adentraron en la vereda Itilla, donde se escondía parte del Bloque Martín Villa y el frente Primero Armando Ríos, facciones bajo el mando directo de “Iván Mordisco”.

Como cualquier operación de este tipo, no se trató de algo improvisado. Unidades de inteligencia hicieron seguimiento terrestre y aéreo por días, hasta que encontraron la ubicación exacta del campamento. Al momento del ataque, los tres grupos institucionales se unieron, actuaron al tiempo y en menos de una hora lograron el control total de la zona.

La estructura desmantelada haría parte del anillo de seguridad más cercano a alias Mordisco, quien es actualmente uno de los jefes disidentes más buscados del país. Este grupo sería responsable de delitos como homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, narcotráfico, minería ilegal y desplazamiento forzado, además de controlar rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

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El balance fue compartido con orgullo, tanto por el presidente como por las Fuerzas Militares (FF. MM.): incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras, seis armas cortas, 60 granadas de mortero calibre 60 mm, más de 50 minas antipersonal, artefactos explosivos, equipos de comunicaciones, material de intendencia y más de 30.000 unidades de munición de diferentes calibres.

Por otro lado, anunciaron que neutralizaron a 25 personas; tres menores de edad fueron recuperados, dos se sometieron a la justicia y uno más fue capturado. Las otras 19 personas murieron. En ese momento, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”.

El asesinato de menores de edad

Pero, ¿quiénes murieron? Desde el inicio, el Gobierno Nacional insistió en que debía ser Medicina Legal quien entregaría el informe con el sexo, edad e identificación de quienes murieron en la ofensiva. Sin embargo, las preguntas sobre si había menores de edad que habían perdido la vida en medio de los bombardeos y enfrentamientos eran constantes.

Era 14 de noviembre, los datos aún no habían salido, pero la cifra de muertos ya ascendía a 20. Además, el día anterior, las FF.MM. ejecutaron otro bombardeo en Arauca. Aquel ataque se realizó con el objetivo de golpear a las estructuras que integran las disidencias del Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”.

Para disipar dudas sobre ambas ofensivas, el ministro Sánchez dio varias entrevistas en medios de comunicación, en las que aseguró que todas las operaciones se realizaron bajo criterios del Derecho Internacional Humanitario y que los ataques fueron “de alta precisión e impactó donde debía impactar, en el sitio geográfico”.

De hecho, fue insistente: “En ninguno de estos ataques se afectaron personas o bienes protegidos por el DIH”. Frente a las preguntas sobre si había menores de edad en los campamentos bombardeados, Sánchez le dijo a Blu Radio: “Quien se involucra en hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.

Sus declaraciones generaron indignación instantánea, no solo por la crueldad, sino porque son imprecisas. En diálogo con EL COLOMBIANO, Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), explicó que bombardear campamentos en los que hay menores de edad no solo es una violación directa a los derechos humanos (DD. HH.), sino también al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

”Los niños, niñas y adolescentes que viven en los campamentos no lo escogieron, ni están allí porque el grupo armado les parece genial. La mayoría de ellos está en esas zonas porque fueron reclutados forzosamente. Para poder bombardear ese campamento —sabiendo que hay menores— el Gobierno Nacional debe demostrar que esos menores de edad son una amenaza para la seguridad de tal tamaño, que si no los elimina inmediatamente —saltándose todos los protocolos— va a perder muchísimo, la guerra prácticamente”, explicó.

La experta agregó que para ejecutar una ofensiva con estas características, el Estado y el Gobierno también deberían basarse en el principio de proporcionalidad. Es decir: deberán demostrar que la ofensiva enemiga era tan grande, que la única forma de salvar a los miembros de las FF. MM. era atacando con bombas. “No veo muy claro la aplicación de ese principio en este caso”, le dijo Bonilla a este diario.

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Hasta ese punto, el presidente Gustavo Petro había guardado un inusual silencio. Sin embargo, un día después de que el ministro Sánchez asegurara que un menor de edad con un arma pierde la protección, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal confirmaron que siete murieron en los bombardeos del Guaviare.

“Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos recibidos por el instituto son de menores edad, de género femenino cuatro y masculino tres”, informó Ariel Cortés, director de Medicina Legal.

La Defensoría hizo una alerta inmediatamente. Al igual que como indicó Bonilla, la entidad fue enfática en que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos, incluso en medio de la guerra. Y añadió que ningún menor reclutado debería resultar afectado por operaciones militares, aun cuando haya sido obligado a participar en las hostilidades.

El organismo explicó que los menores reclutados mantienen una protección reforzada, derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar limitada y del interés superior del niño.

Citando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la Defensoría insistió en que este tipo de víctimas “no pueden ser tratadas como combatientes ni convertirse en objetivos militares”.

Por último, la entidad resaltó que su presencia en campamentos armados no puede usarse como justificación para flexibilizar los límites en el uso de la fuerza ni para considerar ataques como automáticos o inevitables.

La respuesta de Petro: justificaciones y contradicciones

Una vez conocido el informe de la Defensoría y de Medicina Legal, el presidente Petro rompió el silencio. Sus palabras no fueron unas disculpas, tampoco una reflexión sobre las críticas que hicieron expertos en DD. HH. y DIH, sino que resultaron siendo una serie de justificaciones que, más que aclarar la situación, fueron percibidas como revictimizantes y contradictorias.

El mandatario defendió los bombardeos. “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es por qué dejé emboscar a los soldados”, señaló en una publicación en X.

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Además de defender el ataque al campamento con menores, el jefe de Estado agregó: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.

Aquellas declaraciones dejaron varios sinsabores. El primero planteó la pregunta de por qué el mandatario había estado tan concentrado en denunciar las violaciones al DIH y los DD. HH. por cuenta de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico, mientras defendía el bombardeo a menores de edad en Colombia. Algo que, cabe resaltar, fue realizado con ayuda de inteligencia estadounidense.

Sin embargo, la mayor contradicción no sería rechazar la ayuda de EE. UU. para perseguir al narcotráfico en el mar y aceptarla para ejecutar bombardeos en territorio colombiano; sino que, en minutos, ciudadanos y figuras políticas le recordaron al presidente Petro lo que dijo cuando, en 2019 y 2021, durante la presidencia de Iván Duque, murieron menores de edad tras ataques a grupos armados. En ese momento, Petro era senador.

“Si el gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad”, escribió Petro en aquel entonces.

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El 10 de marzo de 2021, el precandidato presidencial Petro publicó otro post criticando un bombardeo en el municipio de Calamar, Guaviare, contra las disidencias de las Farc lideradas por alias “Gentil Duarte”, en el que murieron siete menores de edad. En su trino, escribió: “El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato”.

Para Bonilla, por ejemplo, aquello no solo sería una contradicción, sino que constituye un golpe para las organizaciones que vigilan los derechos humanos en el país, como Pares. Desde la fundación a cargo de Bonilla, han sido enfáticos no sólo en que asesinar menores de edad en bombardeos es una violación a estatutos internacionales, sino que es una medida ineficiente.

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”En el gobierno pasado se hicieron bombardeos indiscriminadamente y el número de municipios con presencia de grupos armados creció a un 150% (...). Nuestro ejército y fuerzas armadas se tienen que comportar acorde con el DIH”, afirmó Bonilla en conversación con EL COLOMBIANO.

Mientras la polémica aumenta y el país espera una acción reparadora, el presidente Petro continúa haciendo publicaciones en X. En ellas, hace énfasis en que el Gobierno ha rescatado a cientos de menores de edad del reclutamiento forzado. No obstante, la Defensoría del Pueblo reveló a principios del 2025 que el año pasado se reclutaron 463 niños, niñas y adolescentes, configurando un aumento del 151% con respecto al año anterior.

Por otro lado, desde el Ministerio de Defensa aseguraron que aplicaron el principio de proporcionalidad. “De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”, explicaron.

La próxima semana será propuesto en el Congreso un debate de moción de censura contra el ministro Sánchez.

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