Irene Vélez sería investigada en escándalo por millonario saqueo de regalías

La Fiscalía sigue armando pieza por pieza el expediente conocido como el cartel de las regalías. Mientras avanzan las capturas y judicializaciones contra funcionarios, contratistas y operadores señalados de apropiarse de millonarios recursos públicos, esta semana se conoció que el ente acusador compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la ex viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol.

Según la Fiscalía, los implicados convirtieron a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) en el centro de un entramado para quedarse con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Para el ente acusador, existió una estructura organizada que logró posicionar a Aremca como ejecutora de proyectos multimillonarios para luego direccionar contratos y apropiarse de parte de esos recursos.

En el caso específico de la ministra Vélez, la Fiscalía puso la lupa sobre una resolución firmada por ella el 19 de septiembre de 2025.

Según expuso el fiscal del caso, mediante la Resolución 1339 de 2025 el Ministerio de Ambiente designó como ejecutora de un proyecto financiado con regalías a la Asociación de Municipios del Caribe. El contrato superaba los $24.240 millones y estaba destinado, en teoría, a procesos integrales de restauración ambiental en municipios del Cesar como Valledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná.

Pero para la Fiscalía esa decisión habría sido ilegal desde el origen.

“Esta Fiscalía delegada efectuará la respectiva compulsa de copias a la ministra, pues se entiende que todo lo que viene en adelante es ilícito si la causa de algo es un ilícito. Todo lo que sigue y los efectos subsiguientes a esa causa devienen en ilegalidad”, aseguró el fiscal en revelaciones hechas por La Fm.

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El funcionario cuestionó directamente la capacidad técnica de Aremca para ejecutar un proyecto de semejante magnitud en temas ambientales.

Según explicó, la asociación no tenía experiencia, especialización ni idoneidad para desarrollar programas complejos de restauración ecológica, algo que debía ser plenamente conocido por el Ministerio de Ambiente antes de entregar la ejecución del contrato.

El ente acusador considera particularmente grave que una entidad sin experiencia suficiente hubiera terminado manejando recursos multimillonarios destinados a proyectos ambientales estratégicos.

Esta semana también se conoció que Gustavo Bolaños Pastrana, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cerebros de la red criminal, empezó acercamientos para buscar un posible acuerdo con el ente acusador.

Bolaños Pastrana fue capturado el pasado 20 de abril junto a otros supuestos integrantes del entramado que operaba alrededor de Aremca.

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Entre los detenidos aparecen Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáenz Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

Según la investigación, dentro de la organización había representantes legales, coordinadores financieros, funcionarios administrativos y operadores encargados de mover contratos y recursos.

Durante las audiencias de imputación, ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

La directora especializada contra la corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, explicó durante las diligencias cómo funcionaba, según la Fiscalía, el esquema ilegal.

“Estas personas habrían articulado acciones para lograr que Aremca fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones”, señaló.

Una vez obtenían esa designación, venía el siguiente paso de la operación. “Presuntamente direccionaron 101 contratos por un valor superior a 496.000 millones de pesos”, explicó la fiscal.

Los contratos estaban relacionados con obras civiles, interventorías y proyectos ambientales ligados a saneamiento básico, agricultura y alimentación.

La Fiscalía identificó posibles irregularidades en contratos ejecutados en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

En otras palabras, el alcance de la red no se limitaba a una sola región ni a un único proyecto. Lo que hoy investiga el ente acusador es una maquinaria que habría operado en buena parte del país usando recursos del Sistema General de Regalías.

La red habría intervenido en al menos 101 proyectos financiados con regalías por un monto cercano al medio billón de pesos.

Además, durante las pesquisas se detectaron otras posibles irregularidades financieras. Entre ellas, la presunta apropiación indebida de más de $3.200 millones en proyectos que debían ejecutarse en Arauca y la omisión en la retención de cerca de $14.000 millones correspondientes a la contribución especial de obra pública, equivalente al 5% de contratos estatales.