“Creo que lo han mal informado”: ministro Idárraga negó injerencia en imputación contra director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe
El ministro de Justicia encargado desmintió los señalamientos de Augusto Rodríguez sobre una injerencia suya en la imputación fallida por el magnicidio del senador y precandidato presidencial.
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El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, rechazó categóricamente las acusaciones sobre una presunta participación o presión política en la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Días atrás, Rodríguez señaló directamente a Idárraga de utilizar su influencia para afectar su situación judicial, pues la supuesta injerencia se habría canalizado a través de la esposa de Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación hasta su renuncia el pasado 20 de enero.
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Ante esta situación, el ministro de Justicia (e) enfatizó que cualquier señalamiento de interferencia es una “falta de respeto” hacia la fiscal general y los fiscales del caso.
“Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía, eso me parece entrar a una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos. Somos respetuosos de la independencia judicial, de la división de poderes, y lo que decide la Fiscalía lo decide de manera autónoma y en el marco de sus propias decisiones”, declaró Idárraga a la prensa a la salida de un evento en Cali.
“Vamos a hacer una reunión con el director Augusto, porque creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña, entonces vamos a resolverlo internamente”, anunció el ministro refiriéndose a Rodríguez.
La polémica inició días atrás cuando el ente acusador había anunciado inicialmente que imputaría a Augusto Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. La tesis de la Fiscalía sostenía que Rodríguez no atendió oportunamente al menos 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel Uribe, quien contaba con un esquema de seguridad precario el día del atentado sicarial en su contra en Bogotá.
No obstante, apenas horas después del anuncio, la Fiscalía reversó la decisión, argumentando que la fiscal encargada no tenía la competencia para adelantar dicho trámite, lo que dejó el proceso temporalmente sin efecto para evitar nulidades futuras.
Respecto a esos señalamientos, Rodríguez ha negado la existencia de tales solicitudes y afirmó que la UNP entregó oportunamente todos los archivos relacionados con la protección de Uribe. Sin embargo, el funcionario reconoció en declaraciones previas que hubo una “insuficiencia” en el número de escoltas asignados al líder opositor el día de su muerte.
Hasta el momento, la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe ha vinculado a 10 personas, incluyendo al adolescente que disparó el arma y otros implicados identificados como parte de la estructura criminal.
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