La muerte del tendero que encendió la mecha en Guaviare

Ramiro Antonio Correa estaba acomodando botellas de gaseosa en su tienda “Las Gaviotas” cuando el estruendo de los fusiles quebró la rutina del caserío. Afuera, la vereda Nueva York —un pequeño territorio que apenas se sostiene entre trochas, río y monte— quedó atrapada en un combate entre las disidencias del Bloque Martín Villa y el Ejército. Eran las 11:40 de la mañana del domingo 24 de agosto.

En medio de esa balacera, Ramiro —el hombre que vendía víveres, cervezas y fiado a los jornaleros de paso— buscó refugio en una casa vecina junto a otros labriegos. Fue el último en salir, cuentan los testigos. Un disparo lo alcanzó. Cayó muerto.

Lo que ocurrió después se convirtió en un nuevo “florero de Llorente” del conflicto colombiano: la comunidad enfurecida rodeó a los 33 soldados que habían participado en el operativo y los secuestró a la 1 de la tarde del lunes exigiendo respuestas.

Horas antes del secuestro masivo, en la mañana del lunes, se había realizado una asamblea en la que denunciaron la muerte del campesino durante la operación militar en la que cayó alias Dumar junto con otros diez disidentes y una veintena más heridos. Para los uniformados, aquel hombre estaba en el mismo lugar que los ilegales. Para su viuda, en cambio, era inocente y ni siquiera le permitieron acceder al cuerpo ni al dictamen forense. El reclamo se convirtió en chispa.

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No era la primera vez. Apenas en junio, un episodio similar había ocurrido en Argelia, Cauca, cuando las tropas intentaban recuperar el Cañón del Micay, corredor cocalero controlado por las disidencias. En aquella ocasión, más de veinte civiles fueron arrestados tras el motín, pero recobraron la libertad días después por fallas en la judicialización. Lo que quedaba en evidencia era el mismo patrón: comunidades enteras movilizadas, unas veces por miedo y otras por convicción, frente a la avanzada militar, allí donde el vacío de un Estado se trata de llenar con fusiles y las disidencias dictan la vida cotidiana.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, señaló directamente al Bloque Amazonas, bajo el mando de alias Jimy, como el cerebro que habría manipulado a la población de El Retorno. Según su lectura, la asonada fue un mecanismo de presión de las disidencias de 'Mordisco' para frenar los operativos en la zona. Pero la comunidad dio otra versión: lo que querían era poner un alto al fuego cruzado que los dejaba en medio de los combates.

En las fotografías conocidas, los uniformados no aparecían desarmados, pero sí sitiados por una multitud que exigía hablar con el Ministerio de Defensa y con el Alto Comisionado de Paz. El cerco se levantó el viernes, tras largas negociaciones. Los militares fueron liberados el jueves en la noche después de cuatro días de secuestro.

El muerto incómodo

El presidente Gustavo Petro no tardó en sugerir que Ramiro era colaborador de las disidencias. “Muerte de civil (presunto colaborador de grupo armado) será investigada”, escribió en sus redes. La Defensoría del Pueblo reaccionó con dureza: no había pruebas de esa colaboración y la muerte, según la entidad, fue un accidente grave que debía esclarecer la Fiscalía.

La tensión no era menor. En Bogotá, el Ministerio de Defensa celebraba la caída de alias Dumar, cabecilla del Bloque Martín Villa. En la vereda, en cambio, el cuerpo del tendero apareció en la lista de disidentes dados de baja. Para los campesinos fue una afrenta: no solo lo mataron, también intentaron pasar hacerlo por guerrillero.

“Lo mataron y lo quisieron pasar como combatiente”

La indignación en la vereda corrió. Videos grabados por vecinos muestran a mujeres llorando, a hombres vestidos de blanco rodeando a los soldados, a niños curioseando entre la tropa cercada. "Esto es una desgracia, en serio. Mataron a un campesino en su propia casa, no es justo. Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto", gritó una mujer en medio de la asonada.

Otra vecina relató: "El señor Ramiro era el último que iba entrando. Alguien le disparó. Lo mataron. Estamos indignados porque lo quisieron pasar como guerrillero. Según ellos, no había civiles muertos. Pero sí, era él".

La gobernanza de las balas

La Defensoría del Pueblo advirtió que el trasfondo de esta rabia es más profundo: en El Retorno y alrededores, las disidencias ejercen un control férreo sobre la vida campesina. Imponen horarios, restringen movilidad, obligan a carnetización. El Estado llega solo con fusiles.

Entre tanto, el Ejército denunció que la comunidad estaba instrumentalizada y que detrás del secuestro había órdenes de alias Jimmy Parra, del Frente 44. Unos y otros, otra vez, ponen a los campesinos como piezas del ajedrez de guerra.

La retención de los 33 soldados fue, para muchos, un acto de desesperación: la comunidad no quería dejarlos salir hasta que alguien respondiera por la muerte de Ramiro. El cerco se actúa en capas: primero la Guardia Ambiental Campesina, luego cientos de labriegos, y arriba helicópteros del Ejército rondando en círculos.

Durante tres días, las mediaciones de la Defensoría, la ONU y la MAPP-OEA intentaron bajar la tensión. Finalmente, el 28 de agosto, la tropa fue liberada y trasladada a San José del Guaviare. El tendero, en cambio, fue enviado a una morgue, camino a Bogotá, donde lo esperan sus hijas.

Lo cierto es que su tienda ya no vende víveres ni gaseosa. Quedó vacío, saqueada tras el operativo, con las paredes agujereadas por balas. En esa tienda comenzó el combate y, de algún modo, también terminó: un muerto, 33 soldados secuestrados. Pese a que las Fuerzas Armadas insistieron en que sí hubo vejámenes durante las horas de cautiverio, testigos locales aseguraron que los retenidos no mostraban señales de maltrato al momento de ser liberados.

El presidente Gustavo Petro denunció después que un campesino que se negó a agredir a los militares fue desaparecido. De acuerdo con fuentes locales, aquel hombre habría sido golpeado por su negativa, buscó refugio en el Ejército y más tarde fue entregado de nuevo a la comunidad. Desde entonces, nada se sabe de él. La Defensoría del Pueblo, que participó como intermediaria, recordó además que la Alerta Temprana 01 de 2025 había recomendado con insistencia ajustar los operativos militares para reducir riesgos a la población y evitar el reclutamiento forzado.

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