Contraloría inspecciona Nueva EPS ante ausencia de información financiera: no la hay desde 2024

La Contraloría General adelanta este jueves 9 de abril una actuación de Policía Judicial tanto en la Nueva EPS como en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con el propósito de recaudar información financiera y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud del país.

Esto, en el marco de las medidas adoptadas durante los últimos 18 meses frente a las EPS intervenidas y ante la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS. Los últimos reportados fueron en el primer semestre de 2024.

Lea también: Supersalud anunció nuevos interventores para cuatro EPS, pero guarda silencio en el caso de Nueva EPS, ¿por qué?

En otras palabras, no existe información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del sistema de salud, que cuenta con 11,5 millones de afiliados.

“Ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS, la Contraloría (...) adelanta una actuación de Policía Judicial en la Nueva EPS y en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud)”, explicó el órgano de control.

La información que se reúna en esta diligencia constituirá un insumo técnico para eventuales actuaciones fiscales y disciplinarias.

¿Qué pasa con el control del Gobierno sobre la Nueva EPS?

La actuación de la Contraloría se produce en un momento crítico para la Nueva EPS, que es la entidad de salud con mayor número de afiliados en Colombia. La medida de intervención gubernamental sobre la EPS venció el pasado 2 de abril de 2026 y no fue renovada, dejando sin definir el futuro administrativo y jurídico de la entidad. En otras palabras, nadie sabe quién está al mando.

Un día antes de que se conociera esta actuación de la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación le exigió a la Supersalud que, en un plazo de tres días hábiles, respondiera si todavía existen razones legales para que el Gobierno siga controlando la Nueva EPS.

A través de un documento dirigido a Luz María Múnera, Superintendente Nacional de Salud encargada del caso, la procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa Ruíz presentó siete preguntas concretas que la entidad debe responder con documentos de respaldo.

La pregunta central del requerimiento es si la Nueva EPS sigue teniendo los problemas financieros, administrativos y jurídicos que justificaron la intervención. Y no solo los sigue teniendo, sino que parecen haber empeorado.

Las quejas que crecen y los casos que evidencian la crisis de Nueva EPS

En medio de la incertidumbre, las preocupaciones ciudadanas por el servicio de Nueva EPS crecen, pues se encuentra en estado crítico. Según la Superintendencia de Salud, las quejas pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

Según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 sin abrir en el correo de la EPS.

La crisis ya ha dejado historias dramáticas como la de Isaías David, un recién nacido que murió tras esperar una cirugía para su enfermedad cardíaca. También murió Silvio Perafán, de 86 años, mientras esperaba su tratamiento que no llegó.

El primer caso mediático fue el del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia. Según una investigación de la Procuraduría, el niño murió el pasado 13 de febrero debido a la negligencia de la Nueva EPS, que no garantizó la entrega del medicamento vital para su medicamento.

El 14 de marzo murió Javier Pinzón Sandoval, de 20 años, quien padecía leucemia linfoblástica aguda. También murió esperando a que la Nueva EPS le entregara su medicamento, que no le daban desde octubre de 2025. Como estos casos puede haber muchos otros, incluidos los que no mueren, pero se enfrentan a que no se les brinda la atención necesaria o no se les entregan sus medicamentos.

También le puede interesar: Acabó la intervención del Gobierno a Nueva EPS y ahora nadie sabe quién está al mando

¿Cuáles son las fallas documentadas?

Los documentos que acompañan el requerimiento de la Procuraduría detallan que Nueva EPS acumula fallas en varias áreas que no fueron resueltas durante el tiempo que permaneció bajo control del Gobierno.

En el manejo del dinero del sistema de salud, el informe señala que la EPS no puso en marcha controles efectivos sobre los recursos que recibe del Estado. A su vez, que los pagos adelantados a médicos y clínicas, que deberían ser una medida excepcional, se convirtieron en práctica habitual.

En el procesamiento de cuentas médicas, la EPS utilizó hasta agosto de 2025 un sistema manual y obsoleto que ha generado demoras y errores. Aunque desde septiembre activó un nuevo sistema, el informe concluye que los retrasos acumulados no se resolvieron.

En materia tecnológica, el panorama descrito es de rezago generalizado, con infraestructura obsoleta, fallas en seguridad informática y procesos atrasados.

Todo eso expone a la EPS a riesgos ante fallas o ataques cibernéticos. El giro de recursos, además, aún se maneja en hojas de cálculo de Excel.

En contratación, el informe advierte que persisten contratos verbales con proveedores, lo que genera riesgos legales, financieros y de imagen para la entidad.

Lea también: Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses

Finalmente, la Procuraduría también solicitó copias de los informes internos de seguimiento, las actas de reuniones y los reportes de la funcionaria designada para vigilar las finanzas de la EPS durante la intervención, incluyendo un informe de febrero de 2026 que debía haberse entregado el 10 de marzo y que, al momento del requerimiento, no había sido recibido.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Contraloría investiga la Nueva EPS?

Por la falta de estados financieros actualizados y posibles irregularidades en el manejo de recursos.

¿Cuántos afiliados tiene la Nueva EPS?

Cuenta con aproximadamente 11,5 millones de afiliados en Colombia.

¿Qué problemas presenta la Nueva EPS?

Fallas financieras, tecnológicas, administrativas y aumento de quejas y tutelas, entre otros.