ONU defendió a JEP tras recorte presupuestal, pero congresista cuestiona convenios por $180.000 millones entre la Jurisdicción de Paz y el PNUD
La ONU pidió mantener los recursos para la reparación de las víctimas. Sin embargo, María Clara Posada cuestionó el pronunciamiento y señaló que Naciones Unidas debió informar sobre el vínculo económico entre la JEP y el PNUD.
Mientras el Congreso avanza con un recorte de $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para 2027, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió garantizar los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para que “puedan continuar con sus funciones”.
El pronunciamiento, hecho el lunes 28 de septiembre, llegó en medio del debate sobre el futuro financiero de los mecanismos creados tras el Acuerdo de Paz. Türk destacó las medidas restaurativas que se desarrollan en Colombia y puso como ejemplo el trabajo conjunto de antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública en Pitalito, Huila, en labores relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas: “Es fundamental que el Sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”, afirmó Türk, al referirse a la necesidad de garantizar recursos para estos mecanismos.
Pero el llamado de Naciones Unidas abrió, a su vez, otro frente de discusión en el Congreso. La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó el pronunciamiento y planteó que la ONU debió informar sobre la relación contractual que existe entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los 22 convenios entre la JEP y el PNUD por $182.120 millones que generan cuestionamientos
Posada aseguró que entre 2018 y 2026 la JEP suscribió 22 convenios de cooperación internacional con el PNUD por $182.120 millones. La cifra y el señalamiento fueron divulgados por la congresista a través de sus redes sociales.
La senadora sostuvo que, dentro de esos convenios, el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, y cuestionó que esos recursos correspondieran principalmente a aportes en especie: “Además, para “suavizar” las cifras, en estos convenios el PNUD se comprometió a aportar $132.943 millones, pero casi siempre en especie. Es decir, el costo real lo terminaron asumiendo los contribuyentes”, escribió.
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A partir de ese vínculo económico, Posada afirmó que Naciones Unidas debió advertir públicamente sobre lo que considera un “evidente conflicto de intereses” antes de solicitar que no se redujera el presupuesto de la JEP: “¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió la congresista en X al presentar su cuestionamiento.
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En otra publicación en X, la senadora Posada volvió a cuestionar este jueves 1 de octubre, el dinero que, según sus cifras publicadas, ha destinado el Estado a las sanciones restaurativas y la defensa jurídica de exintegrantes de las FARC. Aseguró que “$30.000 millones fueron destinados al PNUD para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar los integrantes del antiguo grupo armado como parte de sus sanciones propias”. A esa cifra sumó otros $40.365 millones destinados a garantizar su defensa jurídica.
“Es decir, del bolsillo de las familias trabajadoras salieron los recursos con que el Secretariado de las FARC está cumpliendo sus penas restaurativas, sin un solo día de cárcel y viajando por Colombia para realizar actividades lúdicas. Las víctimas financiando a los victimarios”, escribió.
El contraste que plantea Posada está en los bienes entregados para reparar a las víctimas. Según las cifras, a enero de 2026 las FARC habían entregado bienes por $46.194 millones, un monto inferior a los $70.365 millones que ella suma entre defensa jurídica y medidas restaurativas.
“Los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las FARC a las víctimas”, escribió Posada, quien además citó cifras de la Contraloría según las cuales el antiguo grupo armado no habría entregado el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos. “No hay derecho a que la JEP propicie esta ofensa a los colombianos con recursos de los contribuyentes”, concluyó.
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Otro cuestionamiento de la senadora: el arriendo de la Torre Squadra de la JEP
El debate presupuestal también incluye los cuestionamientos de Posada sobre otros gastos de la JEP. La congresista se refirió al arrendamiento de la Torre Squadra, cuyo costo acumulado entre 2017 y 2026, según las cifras que presentó, llegó a $160.005 millones. De ese monto, $114.202 millones corresponden al periodo entre 2020 y 2026, con un costo cercano a $16.000 millones anuales. También señaló que en 2019 la JEP destinó $3.337 millones al mobiliario de las salas de audiencia.
A estos gastos se suma la contratación de una segunda sede por $10.730 millones para el periodo 2024-2026. Según las cifras expuestas por la senadora, la planta de personal de la JEP pasó de una proyección inicial de 1.057 empleados en 2017 a 1.455 en 2024, un aumento de 398 cargos. Posada también comparó el costo anual de la nómina de la Jurisdicción, que ubica en $400.000 millones, con los $52.000 millones que, según sus cifras, cuesta la nómina del Ministerio de Justicia.
“Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede. Para haber terminado fraccionados, se hubiera podido elegir desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado. Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $170.000 millones para 2027″, afirmó.
Recorte de $170.000 millones a la JEP para 2027 avanza en el Congreso
El cuestionamiento de María Clara Posada ocurre mientras el recorte al Sistema Integral de Paz ya fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso. La reducción asciende a $170.000 millones, de los cuales $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión, según la ponencia.
Los recursos liberados con el ajuste serían redistribuidos hacia otros sectores, entre ellos la Rama Judicial y el deporte, según la distribución planteada durante el trámite.
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