Así quedó conformada la Corte Constitucional con la elección de Carlos Camargo, sin cambios hasta 2028
Ahora, con un nuevo equilibrio interno, la Corte iniciará debates cruciales para el Gobierno Petro, como la reforma pensional.
Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.
La elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional reconfiguró el mapa de fuerzas en uno de los tribunales más influyentes del país. Su llegada completa la Sala Plena que, durante los próximos tres años, decidirá sobre temas cruciales para el futuro del Gobierno de Gustavo Petro, incluidas varias de sus reformas.
Con Camargo, la Corte queda integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos González, Natalia Ángel, Lina Escobar, Héctor Carvajal y el propio Camargo. El próximo relevo solo se dará en 2028, cuando concluya el periodo de Ibáñez.
El presidente Petro cuenta con dos magistrados cercanos en la Corte. Vladimir Fernández, quien fue su secretario jurídico en la Casa de Nariño, y Héctor Carvajal, quien en el pasado ejerció como su abogado personal. Ambos fueron ternados directamente por el mandatario y, por lo tanto, se les percibe como fichas clave de su influencia en el tribunal.
A esta línea también se suman Miguel Polo Rosero, elegido con el impulso de las mayorías del Pacto Histórico en el Senado, y Juan Carlos González, identificado con sectores liberales y, en ocasiones, con posiciones más afines a los proyectos del Gobierno. Con ellos, la administración Petro cuenta con un leve respaldo dentro de la corporación.
En el otro extremo está el actual presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien se ha mostrado abiertamente crítico frente a iniciativas como la “paz total” o la declaratoria del Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. A su postura se suma Paola Meneses, quien en distintos salvamentos de voto ha dejado ver reparos frente a decisiones que favorecen al Ejecutivo.
A este bloque se une ahora Carlos Camargo, cuya trayectoria y vínculos políticos lo ubican en una posición distante frente al Gobierno. Su elección, según analistas, representa un contrapeso en momentos en que la Corte debe revisar la constitucionalidad de varias de las reformas sociales que impulsa Petro.
En un punto más neutral están las magistradas Natalia Ángel y Lina Escobar, con hojas de vida centradas en la academia y la rama judicial, y sin señales claras de militancia política. Suelen ubicarse en posiciones de análisis jurídico más técnico que ideológico.
Con la elección de Camargo, el bloque opositor pasa a cuatro sillas, recortando la ventaja oficialista.
En la agenda inmediata del alto tribunal figuran asuntos de alto impacto político como la reforma pensional, la demanda contra el llamado ‘decretazo’, con el que el Gobierno buscó abrir paso a una consulta popular sin la aprobación del Congreso, y la discusión sobre la controvertida zona binacional con Venezuela, entre otros.
Si bien algunos sectores interpretan la elección de Camargo como una derrota para el Gobierno, expertos coinciden en que lo determinante será la tradición de autonomía de la Corte. Este tribunal ha mantenido históricamente su independencia frente a las mayorías políticas y se ha consolidado como árbitro constitucional, incluso en escenarios de alta polarización.
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En todo caso, el nuevo equilibrio interno será puesto a prueba en los próximos debates sobre reformas estructurales. Los nueve magistrados, con sus diferentes trayectorias y visiones, definirán no solo el alcance del programa de Petro, sino también los límites de la institucionalidad en el país.
El nuevo magistrado se posesionará en unas dos semanas, en reemplazo del José Fernando Reyes, quien finaliza su periodo.