Recusan al magistrado Héctor Carvajal para que se aparte del debate de la reforma pensional, ¿qué significa?
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó una recusación formal ante la Corte Constitucional argumentando que el magistrado Carvajal ya había emitido conceptos jurídicos sobre la reforma mientras era contratista de Colpensiones.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó formalmente una recusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
El objetivo de esta acción es que el magistrado sea apartado de la discusión y votación sobre la exequibilidad de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), cuyo destino final se definirá en las próximas semanas en el alto tribunal.
La recusación fue presentada el 4 de octubre de 2025, a pesar de que la demanda inicial de inconstitucionalidad, también presentada por Valencia, fue radicada casi un año antes del nombramiento de Carvajal.
La figura de la recusación busca garantizar la imparcialidad de los jueces en un proceso. En este caso, la causa invocada por la senadora Valencia es que Carvajal ”ha conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta causal se configura cuando un magistrado ha emitido opiniones previas sobre la norma demandada, lo que comprometería su juicio en el proceso actual.
Valencia argumenta que la pérdida de imparcialidad del magistrado Carvajal se debe a su participación previa en la discusión de la reforma pensional mientras estuvo vinculado con la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, entidad que está directamente involucrada en la implementación de la Ley 2381 de 2024 y que, además, intervino en el proceso judicial ante la Corte.
Los contratos de Carvajal con Colpensiones
Paloma Valencia sustenta su solicitud citando dos contratos de prestación de servicios que Héctor Carvajal suscribió con Colpensiones antes de asumir su cargo en la Corte Constitucional. Carvajal fue elegido por el Senado el 21 de mayo de 2025 y tomó posesión el 3 de julio del mismo año.
El primero es el contrato 070 del 29 de mayo de 2024, que estipulaba la obligación de Carvajal de asesorar en derecho administrativo y formular conceptos jurídicos.
El informe de supervisión de este contrato señala que, al parecer, Carvajal abordó aspectos constitucionales de la reforma pensional. Según la Senadora, el informe confirma que Carvajal formuló conceptos jurídicos sobre la contestación de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.
El segundo fue el contrato 005, del 3 de febrero de 2025, en el cual Carvajal, presuntamente, presentó un concepto jurídico sobre la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, lo cual implicó un análisis de constitucionalidad directamente vinculado al caso en discusión.
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La recusación se presenta en un momento crítico, ya que la Corte Constitucional debe definir el destino de la reforma pensional, la cual ya fue firmada por el presidente, pero enfrenta cuestionamientos sobre presuntos vicios de trámite en la Cámara de Representantes. El debate actual se centra precisamente en si la Cámara subsanó o no el último debate de la reforma.
Y el voto de Carvajal es vital porque sería uno de los que abogaría para que la reforma sea declarada ajustada al procedimiento legislativo y saliera adelante, como lo quiere el Gobierno.
Esta acción de la senadora Valencia se suma a la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y el alto tribunal. Previamente, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó un fuerte ataque contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, acusándolo de ”hacer politiquería” y utilizar su cargo para servir a ”los poderosos”. El presidente Gustavo Petro respaldó estas acusaciones, señalando que la Corte Constitucional se está convirtiendo en un ”órgano de la oposición”.
¿Quién es Héctor Carvajal?
Héctor Carvajal es un abogado de 67 años con una amplia trayectorIa en el ejercicio del derecho, conocido por haber sido el abogado personal del presidente Gustavo Petro. Además, ha fungido como abogado de los hijos del expresidente Álvaro Uribe y del contralor general Carlos Hernán Rodríguez.